Investigaciones policiales

Autor:Paul Coleman
Páginas:59-67
 
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investigaciones policiales

Una vez explorado el origen de la moderna legislación contra el «discurso del odio», veremos ahora cómo estas leyes se están aplicando en toda Europa. En las páginas que siguen, hay cincuenta casos de «discurso del odio» de quince países diferentes, clasificados en su mayoría por tema, y casi todos han tenido lugar en la última década. Algunos de estos casos atrajeron la atención de los medios de comunicación e involucraron a figuras muy destacadas; otros obtuvieron muy poca publicidad. Resulta crucial que en ninguno de ellos el discurso llegó a incitar a la violencia inminente.

En este capítulo consideraremos los casos que involucraron a la policía, pero no llevaron a la apertura de un proceso penal. De hecho, solo un número relativamente bajo de casos de «discurso del odio» tiene como resultado la imposición de una condena penal. Para los partidarios de las leyes contra el «discurso del odio» esto constituye una prueba de su efectividad. Sin embargo, como se detalla en la recopilación de historias de este capítulo, la existencia de leyes leyes contra el «discurso del odio» conlleva la creación de una cultura de la censura incluso cuando los acusados no son procesados.

dos cardenales, tres obispos y un pastor

En 2004, el cardenal belga Gustaaf Joos fue amenazado con la interposición de acciones legales en su contra a causa de ciertos comentarios publicados en la revista belga P-Magazine. Según la publicación, el cardenal Joos —que cuando concedió la entrevista tenía ochenta años— habría afirmado: «[D]e todos los que dicen ser lesbianas o gais, como mucho entre un cinco y un diez por ciento son efectivamente lesbianas o gays. El resto son pervertidos»; y, después, añadió: «Los verdaderos homosexuales no se manifiestan por las calles con trajes coloridos. Son personas que tienen un problema serio y tienen que vivir con ello. Y si come-ten un error, serán perdonados. Tenemos que ayudar a estas personas y no juz-

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garlas».1En una amplia entrevista, el cardenal Joos también comentó: «La Iglesia [...] rechaza la homosexualidad, no al homosexual».2En respuesta a estos comentarios, el Centro para la Igualdad de Oportunidades y Lucha contra el Racismo —al que respalda el Gobierno— anunció su intención de interponer acciones legales contra el cardenal por violación de las disposiciones penales belgas contra la discriminación. Sin embargo, el cardenal murió el 2 de noviembre de 2004, antes de que se iniciara cualquier acción legal.3En enero de 2012, el conocido humanista irlandés John Colgan se quejó a la policía después de escuchar una homilía «ofensiva» predicada por el obispo Philip Boyce en agosto de 2011. Colgan aseguró que el obispo había violado la ley al sostener que la Iglesia estaba siendo «atacada desde el exterior por las flechas de una cultura secular e impía».4Colgan también se opuso a la afirmación del obispo de que «los creyentes [...] tienen un futuro; no es que conozcan todos los detalles que les esperan, pero en términos generales saben que su vida no terminará en el vacío» —una cita sacada directamente de una encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI en 2007—5.

El obispo fue acusado de violar el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989, que tipifica como delito el uso de palabras «amenazantes, abusivas o insultantes y que persigan o que —teniendo en cuenta todas las circunstancias— sean susceptibles de provocar odio». En lugar de simplemente desestimar la queja, la Policía dio curso al expediente, remitiéndoselo al fiscal general del Estado para su consideración. Si bien la denuncia y la posterior investigación policial acapararon titulares de prensa —«Obispo irlandés puede ser procesado por discurso del odio»—6, no hubo un seguimiento de la noticia que informara del archivo de la causa y de que no se había cometido ningún delito.

Apenas unos meses después de que el obispo Boyce se topara con la ley, el obispo Juan Antonio Reig Plà se dirigió al púlpito para predicar una homilía del Viernes Santo en Alcalá de Henares (Madrid). Durante la homilía, que fue retransmitida por la televisión pública, el obispo habló sobre la naturaleza y los efectos del comportamiento pecaminoso. Enumeró varios pecados, incluyendo adulterio, robo y falta de pago de salarios a los trabajadores. También se refirió a la homo-sexualidad.7Tras la inevitable indignación de varios grupos de presión, el obispo aceptó conceder una entrevista al medio digital de noticias Religión en Libertad para aclarar su posición. Afirmó: «todo lo que expliqué en mi homilía responde al Magisterio de la Iglesia Católica»; las personas con atracción sexual hacia el mismo sexo «deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza» y «se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta».8Durante la entrevista, el obispo también respondió a los críticos diciendo: «No quiero ofender a nadie, pero no renuncio a anunciar la verdad en la caridad».9Esto no fue suficiente para

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la Confederación Española de Asociaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que junto a otros grupos, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Aunque la investigación criminal no se llevó a cabo, el escándalo en torno al incidente llevó al Ayuntamiento a aprobar una moción solicitando que el obispo fuera destituido de su cargo.10Dos años después otro clérigo católico fue investigado. En febrero de 2014, un fiscal español aceptó investigar al cardenal Fernando Sebastián Aguilar después de que un grupo de presión nacional presentara una denuncia contra él, acusándolo de cometer un delito de «discurso de odio» por definir la homosexualidad como una «manera deficiente de manifestar la sexualidad». El Papa Francisco había anunciado el 12 de enero de 2014 que Aguilar sería nombrado miembro del Colegio Cardenalicio. Fue poco antes de este anuncio cuando Colegas —el grupo que promovió la denuncia— pidió al fiscal que investigara. Afirmaron que las palabras del nuevo cardenal «incitan claramente al odio y la discriminación», un crimen que viola las garantías constitucionales. También argumentaron que «España es un país moderno y laico, y este tipo de declaraciones de miembros de la Iglesia deben ser castigadas».11Al igual que muchas otras denuncias a personas con cargos relevantes, la investigación acaparó las portadas, pero el archivo de la causa apenas recibió cobertura informativa.

En agosto de 2015 se presentó una querella contra Vitus Huonder, el obispo católico de Chur, una ciudad en el este de Suiza, por citar pasajes del Antiguo Testamento durante un debate sobre el matrimonio y la familia.12Según un comunicado de prensa de Pink Cross —organización paraguas de los grupos de presión LGBT suizos—, leer los pasajes de la Biblia era equivalente a «incitar a las personas a cometer...

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