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Introducción

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Vincent
Páginas13-15

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Aspectos generales

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la opinión pública y buen gobierno se promulga en el ejercicio de la competencia del Estado de regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En el artículo 2.1 se citan las Administraciones sujetas a la transparencia de la actividad pública, incluyéndose entre otras entidades, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Por tanto, dictada por el Estado en uso de sus competencias exclusivas, es aplicable, en la práctica totalidad de su articulado, en todo el territorio nacional en las tres materias de publicidad activa, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir quienes sean responsables públicos.

Puede afirmarse que la aprobación de la ley estatal ha supuesto un importante hito, ya que a esta le han seguido en el tiempo diez normas autonómicas de transparencia y buen gobierno. Con carácter previo a la Ley 19/2013 solo contaban con leyes específicas de transparencia: la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega (cuya reforma se está tramitando en estos momentos); la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, y la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

En el momento de presentarse este trabajo se encuentran en fase de tramitación parlamentaria otros tres proyectos de ley autonómicos en materia de transparencia y buen gobierno.

La cuestión del desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas

La Ley 19/2013 se refiere al título competencial en su disposición final octava , indicando que se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1ª,

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149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. De este mismo precepto se deduce que la mayor parte de la ley tiene carácter básico, salvo determinadas materias tales como la obligación de establecer una planificación, evaluación y seguimiento de la aplicación de la ley; control del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; lo relativo al Portal de...

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