Introducción
| Autor | Xavier Ballart |
| Páginas | 25-32 |
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La tesis que se defiende en este libro es que la evaluación de programas y servicios públicos -entendida en sentido estricto, y por tanto como especialidad dentro del Análisis de Políticas Públicas- puede adoptar formas muy diversas y puede ser llevada a cabo de acuerdo con metodologías muy diferentes. El mérito no está tanto en la naturaleza de la investigación como en la relevancia de la información producida en cada caso concreto.
Nuestra intuición es que el desarrollo de nuevas políticas y programas públicos en la España democráticamente consolidada e integrada en la Europa de los doce requiere una comprensión más amplia de los procesos con el objeto de aprender de cara a acciones futuras. En este sentido, el análisis de los procesos y la intermediación entre los defensores de criterios de valoración diversos puede contribuir a producir información que sería más útil para la discusión y negociación de nuevas políticas públicas que no el desarrollo de «indicadores objetivos de resultados».
A su vez, sin embargo, entendemos que los analistas políticos pueden contribuir en este proceso de aprendizaje y de mejora en los servicios prestados a través del refinamiento de las medidas, tanto de los inputs, como de la gestión y de los resultados. En este sentido, y más en relación con servicios específicos consolidados (como es el caso de la Policía estudiado) que en relación con nuevas políticas públicas, creemos que es importante producir información que sirva a los gestores públicos para tener alguna idea sobre la calidad de los servicios que están produciendo, en función de lo que se estime constituye valor en cada caso concreto.
La forma en que se desarrolla este argumento parte del estudio comprensivo de la literatura, predominantemente norteamericana, sobre evaluación de políticas, programas y servicios públicos, pero tambien ha sido influida, en buena parte, por las experiencias empíricas de los estudios de caso que se presentan en los capítulos 6 y 7. Estudios de caso que si bien presentan problemas al objeto de probar determinadas hipótesis o verificar determinadas afirmaciones, sí que resultan útiles al objeto de contrastar los diversos modelos de evaluación con aplicaciones concretas y derivar algunas implicaciones.
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Independientemente de la tesis defendida, este libro puede servir como síntesis crítica de las diversas aproximaciones sobre cómo abordar la evaluación de políticas, programas y servicios públicos. Desde este punto de vista, esperamos que pueda ser útil a aquéllos que, ya sea dentro de la Administración, o a través de contratos externos, reciban el encargo de evaluar políticas, programas o servicios públicos específicos.
En los diez primeros años de gobierno democrático el gasto público pasó en España de un 25% de participación en el Producto Interior Bruto (PIB) a un 42,1%. En la actualidad, cerca de dos millones de personas trabajan para la Administración pública española, y en general, se nos hace difícil pensar en algún ámbito de la actividad en el que no intervenga alguna burocracia pública 1.
Hay quienes defienden que la intervención pública en la economía y en la sociedad es excesiva, que las burocracias públicas son demasiado grandes y por lo general ineficaces y que el gobierno debería desregular la actividad privada. Otros, por el contrario, defienden que las instituciones públicas deberían tener una presencia más activa en la sociedad, produciendo y distribuyendo bienes y servicios, especialmente para aquellos sectores más necesitados y desamparados de la sociedad. Unos y otros, sin embargo, mantienen una preocupación creciente por el funcionamiento de las instituciones de gobierno y proclaman la necesidad de reformar, racionalizar y modernizar las administraciones públicas.
La toma de decisiones políticas en relación con propuestas de reforma resulta, sin embargo, difícil ya que no existe unanimidad sobre los pasos que hay que adoptar o sobre las estrategias que podrían resultar más eficaces. Las resistencias a los cambios son fuertes y la complejidad de las estructuras y de los procedimientos administrativos imponen frenos a la voluntad política que quisiera tener instituciones de gobierno mejor adaptadas a las necesidades de la sociedad.
Por otra parte, la extensión de la intervención pública no se ha visto acompañada de una ampliación de las formas de control político. Al contrario, los Parlamentos están cada vez menos asistidos frente a la Administración que detenta el monopolio de la información y de la «inteligencia» que precisa el análisis de las opciones políticas fundamentales. El juego del sistema de partidos tampoco ha...
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