Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: una propuesta para su reforma
| Autor | Manuel Alcaraz Ramos - Mª Mar Esquembre Valdés |
| Cargo del Autor | Profesores Titulares de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante |
| Páginas | 275-286 |
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Antes de entrar en materia convendrá hacer una advertencia previa: este trabajo es el fruto de varios años de reflexión y seguimiento de los debates que se han ido produciendo en la Comunidad Valenciana (CV) en torno a la reforma de su Estatuto de Autonomía (EACV). Este mismo hecho nos indica una realidad: en los últimos años ha habido una cierta coincidencia sobre la necesidad de incluir reformas más o menos importantes en el texto estatutario, pero todas ellas se han visto frustradas por razones estrictamente políticas. Como nuestra intención siempre fue la de contribuir a esos debates desde el ámbito de lo posible, de lo útil, participando con propuestas en diversos foros y tratando de aportar técnica jurídica a las cuestiones controvertidas -aunque no a todas ellas- hemos ido incluyendo nuevas consideraciones. Aunque intelectualmente ello pueda haber sido interesante, no podemos sino dejar constancia del hecho de que siempre hemos sabido que era un esfuerzo condenado, hasta la fecha, a una cierta melancolía, porque el debate jurídico-político ha sido casi inexistente en la CV.
Con todo, parece que ahora se abre otra etapa: la persistencia en la conciencia de la necesidad de cambios ha confluido con un nuevo clima en el Estado. La pretensión, anunciada por el actual Presidente del Gobierno, en su Discurso de Investidura, de propiciar la reforma de deter-minados preceptos de la Constitución y la voluntad de la Comunidad Autónoma de Cataluña de abrir el proceso de revisión estatutaria, han generado un clima perceptible al que se han ido sumando otras Comunidades Autónomas. Por ello, la reforma del EACV ha vuelto a estar en la agenda de prioridades de las fuerzas políticas y de las instituciones valencianas. Incluso, tímidamente, algunas organizaciones significativas de la sociedad civil han ido pronunciándose sobre la cuestión1.
No es posible iniciar una reflexión sobre la reforma del EACV sin hacer un poco de historia sobre su gestación, porque aquel complicado proceso
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sigue pesando, de una u otra manera, en el momento actual y en las frustraciones anteriores.
De manera muy sintética, podemos afirmar que, con la llegada de la Transición, el País Valenciano se convirtió, desde el punto de vista de los factores identitarios que subyacen al discurso político, en un lugar extraño. Si ello fue así es porque se confrontaron con vehemencia dos modelos alternativos que vamos a analizar.
El País Valenciano, sin duda, tenía unos rasgos nacionalitarios muy apreciables. En efecto: una lengua propia -compartida con Cataluña y las Islas Baleares-, antiguas instituciones de autogobierno y restos de un Derecho privativo, permitían construir un modelo estimulante de Comunidad Autónoma potente, políticamente integrada, que fuera más allá de lo simplemente administrativo. Con mucho menos, otros territorios articularon su futuro con vigor y confianza.
En esa línea había avanzado, desde la década de 1960, el pensamiento neovalencianista, sobre todo de la mano intelectual de Joan FUSTER2 y de otros muchos pensadores, profesores, entidades cívicas, etc. Estas posiciones iban desde lo marcadamente nacionalista hasta la aceptación difusa y capilar de un modelo nucleado en torno al catalanismo, el racionalismo, la modernización y el progresismo. Dichas ideas fueron aceptadas globalmente por la izquierda y constituyeron, en el momento de la Transición, el alimento primordial para muchas iniciativas.
Sin embargo, este paradigma fusteriano 3>hubo de incluir mucho de voluntarismo en su confrontación con la sociedad real que emergía del fran-quismo. La necesidad, implícita en sus posiciones, de normalizar el País Valenciano avanzando en el autoreconocimiento de sus señas de identidad despojadas de ideología sublimadora de lo regional, chocaría con la persistencia y el arraigo de los mismos fenómenos que denunciaba.
El País Valenciano era un país dual, desvertebrado, con una élites poco activas y, en especial en la Ciudad de Valencia, opuestas históricamente al modelo catalán. El franquismo había exacerbado un españolismo capaz de asimilar y banalizar los rasgos identitarios. Capas muy importantes de la mediana y pequeña burguesía, desmoralizadas y asustadas por la Transición, apostarían fervientemente por el mantenimiento de un status quo simbólico que tendría diversas manifestaciones como la exaltación provincial, el antiintelectualismo declarado o el secesionismo lingüístico -la anticientífica afirmación de una lengua valenciana distinta del catalán-4.
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El anticatalanismo5, así, se convirtió en el banderín de enganche del conservadurismo, que incluyó a los restos manifiestos de posiciones netamente fascistas que querían proseguir en tierras valencianas con algunas manifestaciones de ideologías franquistas. Estas posiciones, jaleadas por algunos medios de comunicación, motivaron la pervivencia de enfrentamientos que no se produjeron en otros lugares de España.
Ello fue posible por la descarada manipulación de sentimientos por parte de la derecha valenciana del momento, básicamente estructurada en torno a la UCD. La UCD que había perdido las primeras elecciones en el ámbito valenciano y que encontró en todo este magma de contradicciones una vía de oposición a la izquierda. Hay que recordar que del insulto se paso a la agresión, a un terrorismo de baja intensidad protagonizado por estos sectores y que tuvo por destinatarios principales a algunos intelectuales -incluida una simbólica bomba que destruyó parte de la biblioteca de Joan FUSTER- y a legítimos representantes democráticos -incluidos el Presidente preautonómico o el Alcalde de Valencia-. Cuando los herederos políticos de aquellos grupos aluden reiteradamente a la necesidad de evitar confrontaciones olvidan que ellos, primero, ejercieron de agitadores para, después, tratar de presentarse con el honorable disfraz del bombero6.
En ese clima no puede hablarse, sin faltar a la verdad, de un consenso autonómico. Conforme la confrontación social fue creciendo, las posibilidades de llegar a acuerdos que contentaran mínimamente a los sectores activos contrapuestos se convirtió en una quimera y, paralelamente, y era lo que muchos deseaban, una buena parte de la sociedad valenciana se alejó del debate, que se fue haciendo incomprensible7.
Por otra parte -aunque se explica sobre el suelo de esa mezcla de crispación y desinterés-, se produjeron dos hechos que marcarían todo el proceso:
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- Por la kafkiana regulación de la composición de los órganos preautonómicos, el Consell Preautonómic acabó estando presidido por un representante de la UCD, que, por todos los medios, trató de contribuir a la confusión, pese a la mayoría de izquierdas que nítidamente había dado las urnas.
- Establecida la confrontación en torno a los elementos simbólico-identitarios -consideración y denominación de la lengua, bandera, denominación de la Comunidad...-, el debate sobre la vía autonómica -artículo 151 ó 143 de la Constitución- con lo que ello significaba sobre las competencias asumibles, o sobre otras cuestiones, fue perdiendo virtualidad. Sin embargo, y salvo en algunos sectores de españolismo recalcitrante que veían en el hecho autonómico mismo un atentado a sus ideas que, en la medida de lo posible, había que minimizar, pocos se oponían a la vía del artículo 151, que fue impulsada por el Consell Preautonómic cuando era regido por el PSPV-PSOE, y apoyado por Diputaciones y la mayoría de Ayuntamientos. Sin embargo, la decisión del Gobierno de UCD de «racionalizar» el proceso autonómico en enero de 1980, acabaron con esas esperanzas, y usando de una trampa jurídica el proceso se recondujo por la vía del artículo 1438.
En ese momento, con unas fuerzas políticas debilitadas en su credibilidad por tanto vaivén y enfrentamiento, el discurso viró hacia la urgencia de aprobar un Estatuto que definitivamente diera por cerrada la envenenada controversia. Bajo ese presupuesto se reunió en Benicassim la Ponencia Estatutaria que alumbró un texto claramente favorable, en los asuntos controvertidos, a la derecha minoritaria y que no suscitó ningún entusiasmo, siendo contestado desde el interior de algunos de los partidos firmantes y por una buena parte de la sociedad civil. El acuerdo, de mínimos y apresurado, no gozó nunca del prestigio movilizador del consenso constitucional o del que se produjo en la gran mayoría de Comunidades Autónomas que...
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