El empleo como vía de inclusión en las sociedades sin empleo. Renta básica y esquemas de justicia fiscal
| Autor | Borja Barragué Calvo y José Luis Rey Pérez |
| Cargo | Becario FPU (Ministerio de Educación). Área de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid/Profesor Propio de Filosofía del Derecho. Universidad Pontificia Comillas |
| Páginas | 11-30 |
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Hoy por hoy es un lugar común afirmar que la actual crisis económica solo es comparable a la ocurrida tras el desplome de Wall Street en 1929. Durante la década de los felices años 20, muchos estadounidenses invirtieron su dinero en la compra de acciones, y de opciones call sobre acciones, haciendo así que los precios de éstas subieran, animados no sólo por los anuncios de las grandes empresas en los medios de comunicación invitando a los ciudadanos a la inversión en bolsa, sino también gracias a la participación de los bancos en todo este proceso, mediante la facilitación de la compra a crédito de acciones. Los requisitos exigidos para la obtención del crédito, así como para la compra a plazos, eran mínimos. En el periodo comprendido entre 1922 y 1929, los presidentes W. HARDING y C. COOLIDGE, así como la Reserva Federal, estimaron que no debían intervenir en un mercado libre, como era el mercado de valores.
En efecto, HARDING y, sobre todo, COOLIDGE, actuaron de acuerdo con una de las ideas fundamentales de la concepción liberal de la sociedad: la convicción de que la economía de mercado funciona, por lo general, de manera satisfactoria, de modo que el desarrollo económico resultante de la libre competencia es, en términos generales, benéfico. Desde la óptica liberal, pues, una economía perfectamente libre tiende de forma espontánea hacia un equilibrio en el cual se realiza el pleno empleo. A. C. PIGOU expone con nitidez esta opinión: “¿Cuál es el punto de vista de los [liberales] clásicosfi En su forma más rigurosa, éste consiste en que el pleno empleo no siempre existe, pero siempre está presente una tendencia a establecerlo”1.
Pues bien, el núcleo de la crítica keynesiana al modelo liberal de sociedad se basa en su rechazo a subordinar las diferentes medidas de intervención pública a la tendencia constante y espontánea que los liberales clásicos atribuían a la economía de mercado. El núcleo del argumento de J. M. KEYNES es que existen desequilibrios con desempleo, situaciones prolongadas de paro que se instalan permanentemente en la economía. La tendencia espontánea con que la libre concurrencia conduce hacia el pleno empleo, sostiene, no necesariamente existe.
Tras el final de la II Guerra Mundial, los Estados asumieron la reconstrucción de las principales instituciones económicas y políticas. Esta intervención, que ilustra el impacto producido por la crítica keynesiana a los esquemas económicos de los clásicos y aplicada en el modelo socioproductivo fordista, se instrumentaba mediante un modelo económico
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cuyo funcionamiento se basaba en la alta productividad del sistema (resultado del desarrollo y profundización del principio mecánico aplicado a los procesos de trabajo) y la elevada necesidad de mano de obra, lo que da como resultado sociedades bien integradas basadas en el pleno empleo. Esta secuencia, conocida como el “círculo virtuoso del fordismo”, entra sin embargo en crisis a comienzos de los setenta.
A partir de la crisis económica de 1973, cuyo detonante fue el alza de los precios del petróleo decretada por los países exportadores, comienza a observarse un cambio de rumbo en el ordenamiento laboral de la mayoría de los países occidentales industrializados. Como consecuencia de la crisis del petróleo y del renovado vigor que las tesis ultraliberales del que fuera redactor jefe de la revista The Economist, H. SPENCER, adquieren en el discurso de los premios Nobel de Economía F. HAYEK y M. FRIEDMAN, empieza a operarse una ruptura gradual con lo que entonces se conocía como “sociedad del trabajo” o “sociedad salarial”, de modo que si ésta se caracterizaba por un creciente grado de homogeneidad laboral y por la participación de los trabajadores en los resultados del crecimiento, a partir de entonces comienza a implantarse un nuevo paradigma organizativo conocido como estrategia de especialización flexible.
La noción más comúnmente aceptada de esta estrategia se refiere a ella como “forma de organizar el proceso de elaboración de bienes y de prestación de servicios mediante el recurso a la contratación de proveedores y suministradores externos para la ejecución de ciertas fases o actividades”2. Estos cambios, que no se han traducido en un único tipo de organización empresarial, tienen sin embargo un elemento común a todos ellos: han dado como resultado la formación de la “empresa red”, configurada como una empresa (matriz) que establece una red de contactos con empresas menores especializadas en una parte del ciclo productivo. Esta empresa madre se caracteriza, así, por dos circunstancias: (i) la fragmentación del ciclo productivo y (ii) la exteriorización del mismo.
De todos los efectos que se derivan de estas nuevas formas de organización de la empresa, el que aquí más nos interesa es el relacionado con la degradación de las condiciones de trabajo. El masivo recurso de las empresas colaboradoras y auxiliares de la principal a las modalidades de contratación temporal y a tiempo parcial ha desembocado en un peligroso proceso que R. CASTEL ha denominado de “invalidación social”, en clara referencia a la dualización del mercado de trabajo impulsada por la descentralización productiva.
En síntesis, hasta la crisis del 29 se admitía la tesis liberal de acuerdo con la cual la economía de mercado genera espontáneamente una tendencia hacia el pleno empleo. El análisis de KEYNES sostiene que existen desequilibrios con desempleo, y que en una situación económica en que la inversión de capital permanezca deprimida, la libre concurrencia de los intereses privados no tiende necesariamente hacia el pleno empleo. Sin embargo, en las
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sociedades post-fordistas de hoy, parece que ni siquiera las medidas públicas de estímulo de la actividad económica son suficientes para alcanzar una situación de pleno empleo.
A pesar de que existe cierto consenso en torno a que la actual es una crisis financiera cuyo origen parece encontrarse en los Estados Unidos, la intensa internacionalización de la actividad económica mundial (globalización económica) ha provocado que sus efectos sean perceptibles en todo el mundo. Ésta es, tal vez, una de las diferencias más notables respecto de la crisis del 29: su mayor impacto sobre el comercio y las finanzas de la economía global.
De la mano de la globalización, desde 1950 el Producto Mundial Bruto –suma del Producto Nacional Bruto de todos los países– se ha multiplicado por siete y la renta per cápita por tres. En la dirección apuntada por estos datos, en mayo de 2001 el Banco Mundial publicó su informe Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy, en que se destaca la siguiente conclusión: como resultado de los procesos asociados a la globalización, la pobreza había descendido en torno a los 200 millones de personas en el periodo comprendido entre 1980 y 1998, entendiendo la pobreza como el consumo menor o igual a un dólar estadounidense. Ahora bien, tal definición presenta problemas. A las personas se les pregunta qué han comprado, pero no si tienen acceso a servicios públicos como sanidad o educación. Es más, como consecuencia de que la gran mayoría de personas que viven en países pobres son pobres, cuando se han realizado encuestas sobre el alimento ingerido de acuerdo con las necesidades definidas según criterios médicos y científicos, los niveles de pobreza hallados prácticamente duplican los de los estimados según el criterio del consumo igual o menor a un dólar diario3. Pero cuando ampliamos nuestro enfoque para incluir en él datos procedentes no solo del Banco Mundial, nos encontramos con que la economía global se ha gestionado de tal modo que casi la mitad de la población mundial vive en la pobreza4, aproximadamente el mismo porcentaje reside en países con una desigualdad creciente5, y el número total de desempleados en el mundo alcanzó los 205 millones, sobre una fuerza de trabajo mundial de unos 3.300 millones de personas (el 6,2% de la población activa)6.
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En este contexto, el Ejecutivo de España adopta hoy sus decisiones tutelado por los mercados internacionales. Si dudan de que la economía española sea competitiva, probable-mente también lo hagan respecto al grado de sostenibilidad de los presupuestos generales. Y sus recomendaciones, por lo demás, no son sino las habituales: (i) mayor austeridad; (ii) reforma estructural del mercado de trabajo; y (iii), recelar de la contribución al PIB de las exportaciones. Dado que el crecimiento del déficit público está vinculado, por una parte, a la disminución de los ingresos, y, por otra, al incremento de los gastos para financiar los subsidios de desempleo, sólo una acertada reforma laboral podrá evitar la reproducción del problema a cada situación de crisis.
Después de la aprobación de la Constitución Española de 1978 (CE), los dispositivos para combatir la pobreza en España han ido apareciendo en distintos momentos (1987, “Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones”; 1995, “Ponencia para el Análisis de los...
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