Editorial

Se incluyen en este número, en primer lugar, un conjunto de tres artículos que tienen un denominador común: la problemática de la inmigración y sus efectos sobre distintas variables de nuestro mercado de trabajo. Con ello, la línea editorial de la Revista no quiere mantenerse ajena a un fenómeno que en los últimos años está afectando de manera profunda a todos los aspectos de nuestra sociedad.

En el primero de ellos, titulado «Demografía, mercado de trabajo y política de inmigración en España», Francisco Gómez y María Villena, después de advertir que la inmigración no debe mirarse desde un punto de vista meramente instrumental, como una posible solución a los problemas demográficos que nos amenazan, sino integral, centran el objetivo de su análisis en el estudio sobre las corrientes demográficas y el mercado de trabajo españoles y en la evolución de la Ley de Extranjería, proponiendo posibles cambios en la misma, que se consideran fundamentales para que realmente se produzca una integración de los inmigrantes.

Una de las primeras conclusiones a la que llega la mayoría de los estudios que incluyen proyecciones de la población española es la de que la viabilidad de nuestro sistema de pensiones más allá del año 2020 está en entredicho como consecuencia del envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. Otro aspecto destacado por numerosas investigaciones es el relativo al freno al crecimiento económico que puede suponer el hecho de que en el corto-medio plazo las curvas de oferta y demanda de trabajo se corten. Las proyecciones realizadas sobre el futuro del mercado laboral en España concluyen que sería necesario un gran aporte inmigratorio para conseguir mantener la población activa en unos niveles que impidan llegar a situaciones de descenso de la producción por insuficiencia de mano de obra. Por todo ello, concluyen los autores que es necesario un cambio en la política inmigratoria española que elimine las trabas que actualmente se ponen al acceso al mercado laboral por parte de la población inmigrante.

Se procede a continuación al examen de diferentes indicadores laborales, como la tasa de actividad, la tasa de paro, la ocupación por ramas de actividad, los tipos de ocupación y los niveles educativos, entre otros, en los que se compara el comportamiento de la población autóctona con la inmigrante, separando ésta, a su vez, por procedencia geográfica, llegando a la conclusión de que la inmigración, gestionada de forma más eficiente, podría ser un factor de importantes externalidades positivas para el mercado laboral español. Concluyen los autores valo-Page 8rando positivamente las últimas innovaciones introducidas, sobre todo a través del Reglamento, orientadas a reducir la economía sumergida y a propiciar una integración del inmigrante en el mercado laboral español.

En el segundo de los artículos incluido en este número, cuya autoría corresponde a los profesores Tobes Portillo y Angoitia Grijalba se analiza «La protección por desempleo de los inmigrantes en España». En el marco de las investigaciones que se están desarrollando últimamente sobre los efectos que la inmigración ejerce sobre la economía española, el trabajo de los profesores Paloma Tobes y Miguel Angoitia se centra en la cuantificación del gasto público que se está produciendo en nuestro país debido a la protección por desempleo de los inmigrantes económicos, cuantificación que efectúan a partir de dos elementos determinantes: la tasa de cobertura y el coste medio por beneficiario.

El análisis de la normativa vigente permite a los autores identificar las distintas situaciones y condiciones que integran a los inmigrantes en el ámbito de beneficiarios de la protección por desempleo, de entre las que se destacan: una condición subjetiva, la situación de regularidad del propio inmigrante; y una condición objetiva, como es el cumplimiento de unos periodos mínimos de cotización exigidos para acceder a la protección por desempleo. Este planteamiento inicial se cierra con la cuantificación del número de inmigrantes económicos beneficiarios de la protección por desempleo y la determinación de las correspondientes tasas de cobertura, cuestiones que ponen de manifiesto, según los autores, la precaria situación ante el desempleo que mantienen los inmigrantes económicos.

Los autores estudian, en la segunda parte del artículo, las características de los inmigrantes desempleados beneficiarios de la protección por desempleo, desde un punto de vista estrictamente económico. En este sentido, es de destacar la estructura de la protección por desempleo que este colectivo presenta, con un claro predominio del nivel contributivo sobre el asistencial, no existiendo trasvase desde la prestación hacia el subsidio.

El trabajo de los profesores Tobes y Angoitia finaliza con una cuantificación del gasto público en protección por desempleo, a partir del coste medio por beneficiario y el nivel de protección, poniendo de manifiesto el reducido volumen que aún registra esta magnitud en relación con el total nacional.

El tercero de los artículos relativos a la inmigración, que lleva por título «Una comparación entre el salario de los trabajadores españoles y extranjeros» y que firma Carlos Martín Urriza, se basa en la Encuesta de Estructura Salarial 2002, publicada por el INE a finales de 2004, que permite conocer cómo se distribuyen los distintos niveles salariales y la estructura salarial en función de una gran variedad de variables, como son el sexo, la edad, el territorio, la ocupación, la rama de actividad, el tamaño de la empresa, el tipo de contrato, el nivel de estudios alcanzado, la antigüedad en la empresa, etc.. Por primera vez en esta encuesta se incluye la nacionalidad, si bien, los asalariados extranjeros, para el año 2002, sólo representaban el 2,9% de la muestra. Hay un primer escalón en la brecha salarial entre españoles y extranjeros, que no es detectado por las estadísticas, y que viene dado por la economía sumergida, de más importancia entre los inmigrantes que entre los nacionales. El segundo escalón, detectado a través de la Encuesta, pone de manifiesto importantes diferencias salariales entre los dos grupos, situándose el salario medio de los extranjeros, procedentes de países en vías de desarrollo, entre un 35% y un 26% por debajo del salario de los españoles, si bien las diferencias se explican en parte por la distinta composición sectorial, ocupacional o territorial de los conjuntos que se comparan. Page 9

Al trabajar con microdatos, con el fin de eliminar las diferencias de composición de los colectivos y realizar las comparaciones sobre bases más homogéneas, se produce una importante rebaja en el rango por el que discurrían las diferencias agregadas, pero también se observa que las diferencias aumentan con el nivel salarial. Por otra parte, parece que no existe diferencia salarial importante entre las mujeres, en función de la nacionalidad, o al menos es bastante menos acusada que entre los hombres, que se sitúa en algunas ocupaciones entre el 7% y el 16%.

Como conclusión, el autor considera que el importante aumento de trabajo que se ha producido en los últimos años como consecuencia de la llegada de trabajadores extranjeros se debe más a la reducción de los costes laborales que al hecho de que la población autóctona rechace determinadas ocupaciones.

El trabajo de Joan Antoni Alujas Ruiz versa sobre las políticas activas del mercado de trabajo en el contexto de la Unión Europea, durante el período de 1985 a 2002. El autor sintetiza el origen de las diferencias observadas en las políticas del mercado de trabajo entre los países de la Unión Europea en tres factores: la naturaleza y la importancia cambiante de problemas específicos, la percepción de los problemas y el orden de prioridades de los gobiernos nacionales y, finalmente, el marco institucional en el que se elabora y aplica la política. A continuación estudia la evolución del gasto en políticas activas del mercado de trabajo en los países de la Unión Europea, clasificando a los mismos por grupos en función del volumen de gasto. En general, el gasto en políticas activas aumentó entre 1985 y 2002 en todos los países, a excepción de Irlanda, Portugal, Reino Unido y Suecia, si bien con volúmenes de gasto muy distinto entre ellos, situándose España a la cabeza en cuanto a tasa de crecimiento, si bien partía en 1985 de uno de los niveles más bajos de los países de la Unión, ya que no llegaba a la mitad de la media europea.

Si lo que se analiza es la proporción que representa el gasto en políticas activas con relación al gasto total en políticas del mercado de trabajo, en todos los países dicha proporción se sitúa por debajo del 50%, destacando nuevamente España al situarse en último lugar, con poco más del 10% para el año 1985, aunque también es el país en el que más creció esta proporción, al situarse en el 23% en 1990 y en el 36% en el año 2000. Por categorías de gasto en políticas activas, cabe resaltar que en los últimos años son mayoría los países que tienen una mayor proporción del gasto activo en la categoría de ayudas al empleo y se ha reducido el número de aquellos que gastan el mayor porcentaje en formación. Se puede afirmar que, a pesar de la importancia que se concede a las políticas activas del mercado de trabajo y de las declaraciones de intenciones de los distintos gobiernos, los progresos en la dedicación de mayores recursos a estas políticas son, en general, todavía lentos.

En un contexto de globalización, la capacidad de procesar información es un factor clave para el correcto desarrollo económico de las sociedades modernas. En el estudio presentado por Marta y Ana Isabel Gil-Lacruz, titulado «Capital humano y capital social, implicaciones en el desarrollo económico», entienden que la concepción tradicional del mercado laboral, según la cual los gastos destinados a incrementar la capacidad productiva del individuo han de entenderse no como gastos, sino como inversiones, lo que permite calificar al capital humano precisamente de capital, si no errónea, es hasta cierto punto limitada. Y esto, porque el trabajo, como realidad política, es una construcción social, ya que el mercado laboral y el desarrollo organizacional y social constituyen el resultado de la evolución acontecida en el conocimiento socialmente elaborado, compartido y contextualizado en comunidades de referencia. Tecnología, información y experiencia son tres elementos que condicionan la formación. Page 10

A partir de estas premisas, las autoras consideran que si se parte de la base de que el capital humano es esencial para el desarrollo de las naciones, es indispensable analizar el creciente interés por el capital social como indicador de la formación del capital humano. Por ello, los agentes sociales que deseen emprender acciones positivas deben considerar estas sinergias, pues una mayor dotación de recursos en bienes y servicios que generen capital social también será beneficiosa para la formación del capital humano. En definitiva, dada una dotación cultural, el crecimiento y el desarrollo dependen ya no tanto de variables estrictamente económicas, sino de variables como el cambio en la tecnología disponible, el stock de capital social y el capital humano. Pero uno de los principales problemas que hay que abordar en la formación de este modelo teórico es la falta de precisión del concepto de capital social, cosa que no ocurre con el concepto de capital humano.

El análisis de las relaciones entre nivel educativo y empleo ha generado abundante literatura en nuestro país, debido a las características del mercado de trabajo español y al fuerte incremento del nivel de estudios de la población española acontecido en los últimos años. La sociedad del conocimiento en la que actualmente estamos inmersos lleva aparejada una creciente necesidad de que los trabajadores estén altamente cualificados, hecho que podría generar que aquéllos con niveles educativos más altos tuvieran mayores oportunidades de obtener un empleo. Sin embargo, también hay autores que cuestionan la capacidad del mercado de trabajo español para absorber el número de titulados universitarios que se ha producido en los últimos años.

En este contexto, el trabajo efectuado por Marta Rahona se centra en el análisis de la inserción laboral de los jóvenes, contrastando si, en la actualidad, la posesión de una titulación universitaria confiere a los individuos ventajas a la hora de obtener su primer empleo significativo. La fuente estadística utilizada ha sido el Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (2000), que proporciona información acerca de dos hechos fundamentales: la salida del sistema educativo y la obtención del primer empleo significativo del individuo. Por otro lado, los resultados empíricos proceden de la estimación de un modelo logit binomial en el que se calcula la probabilidad de obtención de un empleo significativo en función de cuatro grupos de variables explicativas: las características personales, las características familiares, las características de la búsqueda de empleo y los denominados factores de entorno del individuo. Además, se calculan tres especificaciones distintas: una general, otra que distingue a los universitarios en función de la duración de sus estudios y una tercera que recoge la rama de enseñanza a la que pertenece la titulación cursada.

Los resultados de este trabajo sugieren que existen distintas variables socioeconómicas que ejercen influencia en la obtención del primer empleo significativo, a saber, el status profesional del padre, el año de salida del sistema educativo y la comunidad autónoma en la que el individuo reside. Asimismo, el estudio pone de manifiesto que los individuos con estudios universitarios presentan una mayor probabilidad de acceder a este tipo de empleo que otros jóvenes con niveles de estudio inferiores. Estas diferencias resultan notables si la comparación se realiza con los niveles de estudio primarios o secundarios mientras que son menos evidentes en el caso de que se haya completado estudios de formación profesional de grado superior. Finalmente, dentro de los titulados universitarios también se aprecian diferencias en la obtención del primer empleo significativo. Así, las carreras técnicas favorecen el acceso a este tipo de empleo mientras que los graduados en humanidades encuentran más dificultades en el proceso de inserción laboral.

En el estudio de Javier Caravaca Domínguez se comparan las retribuciones de investigadores y otro personal dedicado a las tareas de investigación y desarrollo con las remuneraciones Page 11 del conjunto de los asalariados, circunscribiendo la comparación al sector empresas y diferenciando por ramas de actividad. El ámbito temporal del estudio abarca desde mediados de los noventa hasta 2002. Las fuentes estadísticas en las que se basa el estudio son la Contabilidad Nacional de España y la Estadística sobre actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), que publica anualmente el INE.

Si se exceptúa el sector primario, se observa una dispersión reducida en las retribuciones del personal de I+D por grandes ramas, en cambio, se incrementa notablemente cuando se la desagrega a dos dígitos de la CNAE. Entre los factores que según el autor podrían contribuir a explicar la dispersión entre grupos sectoriales de actividad se encontraría la diferencia en la ratio investigadores/personal en I+D de cada sector, pudiendo interpretarse que allí donde esta ratio sea más alta, las retribuciones por empleado también lo serán, puesto que los investigadores «ganan» más que el conjunto del personal de I+D. También se observa que las retribuciones de los recursos humanos relacionados con I+D son muy sensibles al tamaño de la empresa.

Por lo que respecta a la ratio que relaciona las retribuciones de los investigadores con las del conjunto de los asalariados, se observa que es menor cuanto mayor es la intensidad tecnológica del grupo sectorial, de tal forma que en los sectores intensivos en tecnología las retribuciones de los investigadores están más cerca de las del conjunto de los asalariados, pero tanto éstos como los investigadores presentan mejores niveles de ingresos que los de los sectores con menor intensidad tecnológica.

Como conclusión general del estudio que merece resaltarse estaría la de que no existe una pauta clara que se pueda equiparar al «salario de mercado» para los investigadores en el ámbito de la empresa, desvinculada de las características del sector en el que prestan sus servicios, ni parece que haya una relación estrecha entre productividad y retribución.

La eficacia organizacional en el modelo de sistemas es el objeto del análisis de la aportación de Emilio Alonso Ramos. Comienza afirmando el autor que resulta una visión parcial la que trata de definir la eficacia solamente en términos de logro de objetivos, sobre todo cuando estos objetivos son referidos únicamente a aspectos muy concretos del desarrollo organizacional, ya que una organización también ha de ser evaluada por su habilidad para adquirir insumos, procesarlos, canalizar los resultados y mantener una estabilidad y un equilibrio. A lo largo del artículo se analizan los criterios que hacen que una empresa consiga sobrevivir como sistema. En el modelo de sistemas destacan dos situaciones importantes: la supervivencia final de la organización depende de su capacidad para adaptarse a las exigencias del entorno y para satisfacer dichas exigencias, el ciclo total de insumos o entradas debe ser el centro de atención de la dirección.

En conclusión, el autor considera que el modelo de sistemas se puede contemplar como el extremo opuesto al modelo de objetivos, porque ambos representan las dos posturas opuestas adoptadas por los directivos y analistas de las organizaciones. Así, mientras los directivos están interesados en el logro de los fines organizacionales, los científicos y los analistas organizativos, en cambio, lo están en los procesos organizacionales (flexibilidad de respuesta a los cambios del entorno, claridad de las comulaciones internas, etc.).

Como colofón de este número se incluye un estudio que aborda un tema que, por desgracia, está muy de actualidad en los medios de comunicación: el de la siniestralidad laboral. En él, el autor, Ángel Martín Román, se pregunta si la relación entre siniestralidad laboral y ciclo económico es una mera relación estadística o por el contrario obedece a causas reales. A partir de Page 12 la literatura existente, se puede decir que la explicación de esta relación se ha articulado en torno a dos argumentos: el esfuerzo requerido de los trabajadores es mayor en las fases alcistas del ciclo económico, lo que provoca una aceleración del ritmo de las tareas que se desarrollan y, en segundo lugar, en las fases alcistas del ciclo económico aumenta el número de trabajadores inexpertos contratados. Ambos argumentos implicarían un aumento de los accidentes en las expansiones y, paralelamente, una reducción en las contracciones. En cambio, para otros autores, la relación es puramente estadística, debido a que los trabajadores cambian su comportamiento para informar sobre los accidentes según las fases del ciclo económico.

El contraste de ambas hipótesis puede hacerse a partir de las estadísticas relativas a accidentes mortales en comparación con las de siniestralidad total, dado que los primeros no se ven afectados por la coyuntura en cuanto a la posibilidad o no de ser informados. Los resultados obtenidos de las estimaciones econométricas realizadas con estadísticas españolas no parecen confirmar los de algunas estimaciones realizadas por otros autores para una muestra de países de la OCDE, que detectaba que la correlación positiva entre ciclo económico y siniestralidad es un fenómeno espurio, por lo que concluía que no son necesarias medidas extraordinarias de protección de riesgos laborales en las fases alcistas del ciclo económico. Con datos de siniestralidad por provincias en España, en cambio, no se confirman los resultados anteriores, por lo que en las fases expansivas serían necesarias medidas adicionales de política económica de protección de riesgos en el trabajo. Lo anterior no significa, según el autor, que no exista ninguna evidencia de «efecto informe» en las estadísticas españolas.

Finalmente, el número se completa con la sección habitual de Recensiones y Bibliografía, centrada esta última en la literatura reciente sobre los salarios, selección bibliográfica elaborada por la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dependiente de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación.