Dosier legislativo del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

 
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El pasado 27 de junio el BOE publicaba el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, con entrada en vigor el mismo 27 de junio de 2020.

La norma extiende los efectos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por fuerza mayor adoptados a raíz de la COVID-19 hasta el próximo 30 de septiembre, e introduce medidas sobre la exoneración de cuotas, la protección por desempleo o el cese de actividad de trabajadores autónomos.

Objetivos de la norma

El objetivo del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, es modular las medidas extraordinarias y excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el I ASDE, cuya vigencia termina el día 30 de junio de 2020, prorrogando su espíritu pero adaptándolas al momento actual.

Sus fundamentos son la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria en el funcionamiento regular de las empresas y su capacidad de prestación íntegra de servicios, el carácter no homogéneo de dicha recuperación y la posibilidad de que puedan restablecerse, con un alcance limitado, ciertas restricciones de actividad por razones sanitarias.

Novedades introducidas

1) ERTEs por fuerza mayor derivados de la COVID-19

Se mantienen los ERTEs basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020.

Estas empresas deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad.

No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las anteriores, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquéllas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

No es posible tramitar...

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