Dosier legislativo de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación

 
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Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación

El 12 de junio de 2018 se publicó en el BOE la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (EOI), que prevé su entrada en vigor el 2 de julio de 2018.

La nueva Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, basada en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea.

Contexto normativo

Las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2008/978/JAI relativas al aseguramiento de pruebas y al exhorto europeo en materia de obtención de pruebas, que se adoptaron a fin de armonizar las normativas nacionales en la materia, hicieron patente que el marco existente para la obtención de pruebas en la Unión Europea era demasiado fragmentario y complicado.

Surgió así el objetivo de unificar en un único instrumento las normas de regulación de la obtención de pruebas en otro Estado miembro en procedimientos judiciales penales.

Este nuevo planteamiento se materializó en el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo en 2009, en el que se acordó la creación de un sistema general para obtener pruebas en los casos de dimensión transfronteriza basado en el principio de reconocimiento mutuo.

El principio de reconocimiento mutuo supone la cooperación judicial penal entre los Estados miembros basada en las relaciones directas entre las autoridades judiciales sin que se requiera la intervención necesaria y obligatoria de las autoridades centrales.

Este sistema, basado en la confianza mutua, conlleva el reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por las autoridades competentes de emisión de otros Estados de forma prácticamente automática, con causas tasadas de suspensión y denegación del...

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