La democracia en la nueva gobernanza económica de la Unión Europea
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El problema más importante que plantea la gobernanza económica europea es el de la legitimación democrática de la que carece. En este libro colectivo, dirigido
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por el profesor Garzón Clariana, titular de una cátedra Jean Monnet “ad personam” en la UAB, se analiza, desde una serie de aportaciones de importantes expertos y consejeros de las instituciones europeas, la situación de la demo-cracia “seriamente disminuida” a escala europea en razón de los mecanismos empleados para gestionar la crisis monetaria y financiera en la UE. El enfoque que predomina en el libro –salvo en la intervención de Joan Carles Gallego y Ricard Bellera en la que se enuncia la posición crítica de CCOO ante la “gobernanza”– es el institucional, es decir, el análisis de los mecanismos institucionales que estorban u obstaculizan la democracia representativa y la democracia participativa en la UE, lo que por tanto permite considerar críticamente la arquitectura que sostiene este proceso de concentración de poder y de enajenación de las decisiones populares desde la estricta consideración del diseño normativo del marco en el que éstas se desenvuelven.
La UE solo tiene competencias de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros frente a la robustez de las competencias en política monetaria, lo que implica que el Parlamento europeo sólo será informado de la recomendación del Consejo sobre las políticas económicas o de la ayuda financiera que el Consejo acuerde a un Estado miembro en caso dificultades o riesgo con dificultades graves, lo que a su vez impide utilizar la “iniciativa ciudadana” para medidas significativas de política económica, como la que se pretendió para consagrar un “principio de estado de necesidad” que justificarían el impago de la deuda pública en casos extremos, puesto que –como señala la STJUE 30 de septiembre 2015– la Comisión carece de competencia para proponerlo. La competencia sobre política monetaria, por su parte, está sometida a unos objetivos inmutables que se imponen no sólo al Parlamento sino también a los ciudadanos impidiendo su contradicción en “iniciativas ciudadanas”, como es precisamente el de “mantener la estabilidad de precios”. Además en la supervisión de las entidades financieras no se aplica el procedimiento legislativo ordinario de codecisión entre el Parlamento y el Consejo, sino que se establece una simple “consulta” al Parlamento, y ello sin mencionar el problema ya conocido de la...
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