El estado de la democracia - auditoría de los valores democráticos en australia

La evaluación inicial de la auditoría del Reino Unido se publicó en 1996, y dos años después se volvió a publicar.⁶ Como se ha podido observar, el marco se elaboró teniendo en consideración las dos democracias, la nueva y la vieja. En el 2002, el IDEA publicó una evaluación comparativa de ocho democracias: Bangladesh, El Salvador, Italia, Kenia, Malaui, Nueva Zelanda, Perú y Corea del Sur.⁷ Aunque estas auditorías se llevaron a cabo bajo los auspicios del IDEA, desde entonces ha habido una segunda tanda de evaluaciones que incluye Bosnia y Hercegovina, la Unión Europea, Irlanda, Letonia, Mongolia, los Países Bajos, Irlanda del Norte, las Filipinas, Asia del sur (comprende Bangladesh, la India, el Nepal, el Pakistán y Sri Lanka), así como otra auditoría del Reino Unido⁸ y de Australia. Además, en Canadá se ha llevado a cabo una auditoría de la democracia muy similar, con evaluación de los valores de participación, inclusividad y receptividad que UBC

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Press publicó en nueve volúmenes el 2004-2005. La segunda tanda de auditorías se hizo de manera muy independiente del IDEA y se basaron en la selección deliberada de la metodología de evaluación seguún se considerara más adecuada entre los numerosos métodos de evaluación de la democracia que hay actualmente.9 Han captado una serie de recursos de financiación y, en el caso de las Filipinas, diversos donantes han dado apoyo a diferentes secciones de la auditoría.¹⁰

El uso de un marco normalizado de la auditoría que utiliza indicadores que se hayan usado en diferentes países es útil a efecto de comparaciones de ámbito internacional. Significa que las diferentes auditorías nacionales dan respuesta a las mismas cuestiones sobre la calidad de la democracia y utilizan normas similares para las evaluaciones (aplicación de normas internacionales cuando corresponda). Eso permite una perspectiva comparativa más centrada que utiliza las comparaciones más relevantes para el país interesado, entre las cuales las internas. Aunque no se supone que los valores democráticos sólo se pueden obtener a través de una plantilla institucional, unos cuantos ejemplos de buenas prácticas, tanto de jurisdicciones internas de un país como de países similares, nos ayudarán a aclarar estas comparaciones.

El catalizador para establecer una auditoría de Australia fue el cien aniversario de la federación australiana de 1901. Los australianos oyen hablar a menudo del orgullo de su patrimonio democrático: Australia es una de las democracias más antiguas del mundo, la primera que introdujo el sistema moderno de votación secreta, el primer país que votó su existencia con un plebiscito popular, y el primer país donde las mujeres votaron y se podían presentar al Parlamento. Después de la llegada, en 1788, de la Primera Flota con convictos de la Gran Bretaña, se establecieron de manera gradual colonias británicas independientes entre sí, y al mismo tiempo disminuyó la población indígena como resultado del desposeimiento y las enfermedades. Hacia 1850, las colonias independientes disponían de un autogobierno responsable y de derecho al voto democrático en el Congreso de los Diputados. Introdujeron innovaciones democráticas, como el uso de papeletas impresas por el Gobierno y listas de nombramiento de las elecciones. La contribución de estas innovaciones en la eliminación de la violencia de los procesos electorales suprimió uno de los obstáculos del sufragio femenino (véase tabla 2). Hacia 1890, la experimentación también comprendió la introducción del sistema de voto personal transferible (STV) de representación proporcional al Congreso de los Diputados de Tasmania.

En 1890, las colonias australianas iniciaron un proceso de federación que fue de los más democráticos de su época o, en todo caso, lo llegó a ser después de que fallaran diversos intentos iniciales. Los representantes se escogieron según la Convención constitucional de 1897-1898 por votación popular en cada colonia y laPage 6Constitución resultante se sometió a plebiscito popular. El nuevo Commonwealth de Australia nació en enero de 1901 y las primeras elecciones para el nuevo Parlamento federal tuvieron lugar el mismo año. Tanto la elección del Congreso de los Diputados como la del Senado era popular, a diferencia del patrón habitual de los senados de la época. Como en los seis estados (basados en las antiguas colonias), había un fuerte bicameralismo, y las dos cámaras del Parlamento disfrutaban de poderes muy similares.

Aunque Australia está comprometida en una serie de relaciones bilaterales y multilaterales con otros países, no forma parte de una unión multipaíses, donde ciertas responsabilidades legislativas se traspasan a organizaciones supranacionales, como sucede a los países de la Unión Europea.¹¹ Aunque la ley internacional se puede aplicar a través del derecho común o se puede influir en su interpretación y se pueden presentar reclamaciones individuales delante de los organismos del Tratado de las Naciones Unidas, la Constitución australiana es la máxima ley que rige el funcionamiento de los gobiernos nacionales y subnacionales. Delimita específicamente las responsabilidades del Gobierno (federal) del Commonwealth, con zonas de ordenamiento político, sin mencionar que se consideran bajo la responsabilidad de los estados y los territorios.¹² Cualquier controversia sobre esta división de poderes corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Australia.

El funcionamiento del federalismo australiano es más centralizado que el de muchos otros sistemas unitarios como resultado de los recursos financieros muy superiores del Gobierno federal en comparación con los estados y territorios que lo componen. Mientras que en España ha crecido la autonomía de regiones como Cataluña, la autonomía de los estados australianos ha disminuido. No obstante, la división constitucional de poderes y responsabilidades compartidas en numerosos ámbitos políticos implica que muchas de las decisiones que se toman en Australia se desarrollan en el ámbito intergubernamental. Las instituciones federalistas comprenden el Consejo de Gobiernos australianos y unos 30 consejos ministeriales, entre los cuales está el relevante ministro de Nueva Zelanda. Desde una perspectiva democrática, el problema de este federalismo ejecutivo es el carácter de puerta cerrada de la mayoría de tomas de decisiones. Los jefes de gobierno pueden comprometer sus gobiernos a actuar sin haber expuesto a deliberación sus posiciones políticas durante las respectivas legislaturas, y todavía menos un referéndum a una comunidad más vasta. Hay una falta de transparencia en este tipo de toma de decisiones, donde a menudo sólo se produce la emisión de un comunicado o una nota de prensa donde se resumen las decisiones. La falta de transparencia contribuye a crear problemas relativos a la obligación de rendir cuentas. La toma de decisiones se convierte en un proceso complejo y los ciudadanos a menudo acaban muy confusos sobre el ámbito de gobierno que tiene la mayor responsabilidad en los resultados de políticas deficientes. No obstante, la dispersión de poder del federalismo proporciona oportunidades para la innovación y la experimentación de políticas, entre las cuales la experimentación electoral.

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Entre 1948 y 2003, el Senado australiano adoptó progresivamente el voto único transferible (STV, single transferible vote) para los senados de cuatro estados y para la Asamblea legislativa del territorio capital australiano (ACT, Australian capital territory), así como su continuación en el Congreso de Tasmania. Se presumía que las versiones de Tasmania y del ACT eran «el sistema electoral más democrático» del mundo, en parte porque las plazas vacantes ocasionales se cubrían con la «cuenta atrás» de las preferencias de la misma minoría de votantes que habían elegido el miembro que se iba, en lugar de hacerlo mediante la designación del partido.

En general, la aplicación del STV en los senados fortalecía el papel de éstos en el escrutinio legislativo y ejecutivo, mientras que no era probable que el equilibrio de poder pasara a partidos menores e independientes que nunca habrían podido llegar a formar gobierno por sí mismo, pero que tenían el derecho adquirido de incrementar el poder y la independencia de la legislatura. En general, los congresos de los diputados australianos, donde se forman los gobiernos, se escogen a través de sistemas electorales de miembro único que generan una clara mayoría de gobierno. La combinación de control del Gobierno por parte del Congreso sin que ni el Gobierno ni la oposición controlen el Senado ha resultado ser un buen sistema institucional en términos de control popular sobre el Gobierno, aunque ésta no era necesariamente la motivación para un cambio del sistema electoral.

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Tabla 2- Innovaciones de las disposiciones de representación de Australia

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Aunque la identidad de Australia como pionera de la democracia se ha alabado oficialmente muchas veces, nunca se ha evaluado de una manera sistemática si Australia está a la altura de los mitos de su fundación o no. El sistema político australiano incluye un número de pactos y compromisos que se establecieron hace muchos años. La dependencia histórica comporta que los objetivos iniciales pueden impedir cambios futuros; fue oportuno efectuar un inventario con el fin de evaluar hasta qué punto las instituciones políticas del país todavía eran adecuadas para alcanzar valores democráticos. En ciertos lugares todavía persistían vestigios de la época predemocrática, como la existencia de votos de propiedad en el gobierno local. En otras áreas, Australia no ha sabido mantener el nivel de otras democracias, por ejemplo, en la regulación efectiva del papel que representa el dinero privado en la política electoral o la adopción de una carta de derechos humanos. Para decirlo más claro, a pesar de la supresión de formas legales de discriminación y la introducción de una serie de programas de igualdad de oportunidades, los pueblos indígenas de Australia todavía estaban muy lejos de obtener la igualdad de ciudadanía. En el 2008 todavía hay un intervalo de 17 años de la esperanza de vida entre los australianos indígenas y los no indígenas.¹³

En el 2001 se vio claro que parte de la maquinaria democrática de Australia necesitaba con urgencia una serie de reformas y renovaciones. En una atmósfera de celebración, no era nada sencillo dirigirse a la gente para hablarle seriamente de las carencias de la democracia australiana. A menudo se dejaba de lado a las personas críticas porque se consideraba que seguían una perspectiva partidista o tenían intereses creados por disminuir los éxitos de los gobiernos elegidos. Por esta razón, la aplicación de un marco de la auditoría que ya se hubiera probado y comprobado en el ámbito internacional presentaba muchas ventajas.

En el 2001, un equipo de científicos expertos en política de la Universidad Nacional de Australia, bajo la dirección de Marian Sawer, solicitó financiación para la auditoría de la democracia de Australia del Australian Research Council (ARCO). La solicitud tuvo éxito (fue la subvención mayor concedida a un proyecto de ciencias políticas en Australia) y el trabajo de la auditoría se financió principalmente con las subvenciones ARCO de tres añosPage 11concedidas en 2001 y en 2004. Era importante que la auditoría dispusiera de una fuente de financiación que fuera claramente independiente y que no estuviera asociada a ningúno de los partidos políticos australianos. Aunque los partidos políticos menores han representado un papel importante a la hora de supervisar que los partidos principales redacten los reglamentos sin favorecerse a sí mismos, también tienen sus propios intereses de partido.

A veces se cuestiona por qué la auditoría no adopta un papel más enérgico en la defensa de los aspectos democráticos. La respuesta es que, aunque las fuentes de financiación son independientes de los partidos políticos existentes, también constriñen su papel a la investigación y a la diseminación. No obstante, los informes que se han publicado de la auditoría constituyen recomendaciones detalladas; la auditoría también ha presentado pruebas y argumentos para la reforma en una serie de investigaciones parlamentarias relevantes en diferentes ámbitos de gobierno, y ha proporcionado asesoramiento a los comités tanto parlamentarios como ministeriales que tienen responsabilidades en asuntos electorales. La documentación de consulta y la actualización de los desarrollos democráticos publicados por la auditoría también han proporcionado considerables argumentos a los reformadores. Los miembros de la auditoría proporcionan comentarios a los medios de comunicación a intervalos regulares, pero, en general, la auditoría es más un tipo de investigación que una tarea de defensa.

La auditoría australiana se distancia de diversas maneras de otras auditorías democráticas previas. Por ejemplo, trata de resolver de manera más explícita los temas relativos a principios democráticos en conflicto, algunos de los cuales imponen restricciones a otros. La democracia todavía es un concepto muy debatido y, además, los valores diferenciados asociados con la democracia representativa no siempre están en harmonía. Mientras que los principios básicos o los valores fundamentales identificados con la auditoría de la democracia del IDEA o el marco del estado de la democracia, son el control popular del gobierno y la igualdad política, el equipo de la auditoría australiana decidió que estos dos principios básicos no explican con bastante detalle otros valores implícitos del marco de la auditoría, y que podrían ser necesarias restricciones en estos dos valores.

El debate inicial entre los miembros del equipo sobre el modo en el cual se tendrían que formular los valores de la auditoría se pueden encontrar en la web de la auditoría (http://democratic.audit.anu.edu.au). En lugar de incluir todos los valores democráticos en la igualdad política y la soberanía popular, se decidió explicarlos como valores independientes necesarios para la buena salud de la democracia representativa. Mientras que las Naciones Unidas han ratificado hace poco la interdependencia de la democracia y el respeto de losPage 12derechos humanos y han definido los «derechos de la governanza democrática» como análogos a los derechos humanos y las libertades fundamentales,¹⁴ nosotros exponemos que, en la práctica, estos valores no siempre presentan una relación tan próxima. Desde el 2001 somos particularmente conscientes de los modos en los cuales se han hecho llamamientos a la opinión mayoritaria cuando los gobiernos elegidos han denunciado abusos de los derechos humanos y la libertad. Por contraste, la opinión basada en la deliberación dentro de las instituciones intermediarias se ha ridiculizado por el hecho de considerarse elitista.

Por eso, el equipo intentó separar los principios fundamentales de control popular del gobierno e igualdad política de los otros valores fundamentales, bastante diferentes, de libertad civil y derechos humanos de un lado y, del otro, el valor de democracia deliberativa de la calidad del debate público. Se pidió a todos los autores de la documentación de consulta y de los informes de la auditoría de la democracia que aplicaran estos valores en sus evaluaciones, para lo cual los evaluadores de estas publicaciones tenían que comentar el éxito con el cual se habían tratado. No todos los valores eran igualmente relevantes para todos los temas. Por ejemplo, una evaluación sobre el funcionamiento de la cuestión del tiempo parlamentario podría hacer un uso más directo de los valores de control popular del gobierno y de la democracia deliberativa, mientras que un análisis de los beneficios del mandato puede hacer un uso más directo del valor de la igualdad política. Más adelante se expone la justificación para disgregar los cuatro valores, pero primero describiremos parte de la metodología de la auditoría australiana.

La auditoría australiana es básicamente comparativa, ya que compara la ley y la práctica de ésta en las nueve jurisdicciones que constituyen el sistema federal australiano de conformidad con los valores y los indicadores de la auditoría y en un conjunto amplio de instituciones democráticas. Las nueve jurisdicciones son el Commonwealth, junto con los seis estados y dos territorios continentales. Además, las comparaciones se han hecho con el Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Estos comparadores internacionales se han escogido porque siguen el principio que son el caso más similar, pero también porque se trata de países que ya han pasado por auditorías de la democracia.

En el ámbito internacional, ciertas auditorías democráticas han dispuesto sus propios grupos de análisis de investigación o grupos de muestra escogidos. Por ejemplo, se hizo un análisisPage 13para la auditoría de la democracia en Letonia, en el cual los entrevistadores planteaban a los encuestados una serie de preguntas sobre el soborno, sobre si ellos mismos o conocidos habían pagado funcionarios del Gobierno o la policía con el fin de obtener resultados favorables.¹⁵ La auditoría de la democracia en el sur de Asia combinaba un análisis masivo entre países (con más de 19.000 encuestados) y diálogos de uno o dos días con activistas políticos procedentes de diferentes grupos de la sociedad. Se plantearon las mismas cuestiones, por ejemplo, relativas a la confianza en las instituciones políticas, pero se recibieron respuestas muy diferentes, con los políticamente enterados con mucha menos confianza que los otros grupos de ciudadanos.¹⁶ La auditoría de Australia no dirigió su análisis de investigación, pero fue capaz de obtener ventajas de su codespliegue a la Universidad Nacional de Australia con el estudio sobre las elecciones australianas (AES). Algunas de las preguntas del AES, como las relativas a la confianza pública en las instituciones políticas, eran directamente relevantes para las finalidades de la auditoría y ésta también fue capaz de plantear algunas preguntas adicionales. Los resultados coincidieron con los de la auditoría del sur de Asia, donde, hasta ahora, en Australia, los que se identifican con las clases trabajadoras son los que tienen menos confianza en las instituciones políticas en comparación con otros encuestados.¹⁷

Acto seguido desarrollaremos a fondo los valores adicionales que se especifican en la auditoría australiana. El valor de los derechos humanos y de las libertades civiles requiere la protección de la voluntad de la mayoría por parte de individuos o de minorías no populares, según se expresa a través del gobierno mayoritario. Requiere abstenerse del tipo de populismo electoral que puede derivar de haber invocado peligros a la mayoría para después ofrecerles protección ante estos peligros. Requiere que la sociedad civil y los medios de comunicación den apoyo a los derechos de los grupos marginales en lugar de señalar estos grupos como cabezas de turco para los intereses de ventas y de circulación. Este valor ya se había comprobado en el marco de la auditoría existente en cuanto a protección y fomento de los derechos y la independencia del poder judicial, pero merece un énfasis mayor en el contexto de tendencias hacia el populismo. Cada vez hay más críticas contra las democracias de losPage 14países de habla inglesa sobre los jueces no elegidos que defienden los derechos, en contradicción con los políticos que buscan ventajas políticas a corto plazo.

El valor de los derechos humanos también comprende la igualdad de oportunidades o el acceso al mismo disfrute de los derechos humanos, lo cual ya está presente en el marco de la auditoría bajo la rúbrica de inclusividad, pero nuevamente merece más atención en el contexto actual. La influencia del neoliberalismo ha comportado una mayor confianza en los mecanismos del mercado de muchas democracias y, derivadas de esta desregulación económica, mayores desigualdades sociales y económicas. La capacidad del sector público para corregir estas desigualdades con el fin de proporcionar las mismas oportunidades a sus ciudadanos, ha sido amenazada desde la priorización de la elección en las políticas sociales. El énfasis neoliberal sobre la elección ha producido el efecto de depreciar los sistemas universales de educación y de sanidad pública como cimientos de la ciudadanía igualitaria. En el pasado se había considerado que la escolarización común, tanto para los pobres como para los ricos, proporcionaría las bases de una ciudadanía común y de la igualdad de oportunidades.

Un segundo valor adicional que identificó el equipo de la auditoría australiana proviene del énfasis de la teoría democrática contemporánea en la democracia deliberativa. Este valor es la calidad de los debates y las discusiones públicas. Para muchos teóricos de la democracia, la calidad del discurso público es la clave de la legitimidad democrática. La calidad se mide por la inclusividad en el debate público, el respeto que se concede a puntos de vista diferentes y el estado de preparación que permita cambiar posiciones después de haber escuchado una gama completa de pruebas y discusiones.

Este aspecto deliberativo de la política se aplica a instituciones como el Parlamento, los partidos y el sistema judicial, pero también se extiende a los medios de comunicación y a otras interacciones políticas más informales, como las de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Aunque el Parlamento es la institución que define la democracia representativa -su nombre proviene de hablar-, no necesariamente cumple las normas de deliberación pública inclusiva y respetuosa. Las tradiciones de Westminster sobre el debate parlamentario de confrontación tienden a constreñir los resultados del valor de la democracia deliberativa, como mínimo en los niveles más básicos de la cámara. Este valor a menudo se ha alcanzado de manera más completa a través de los comités parlamentarios, pero por eso se requiere el reforzamiento de una sólida cultura de independencia parlamentaria del gobierno ejecutivo. Un indicador de la debilitación de la democracia deliberativa es la tendencia aPage 15alejarse de la realización de informes de consenso por parte de los comités parlamentarios multipartidistas.

Los partidos políticos también son instituciones políticas en las cuales han disminuido los valores de la democracia deliberativa. Aunque los partidos tienen el potencial de poder proporcionar espacio público a los ciudadanos para que deliberen sobre cuestiones de interés público y se formen opiniones políticas,¹⁸ no siempre funcionan de esta manera. En muchos lugares del mundo se han hecho campañas políticas profesionalizadas donde la investigaciónsobre votos y mercados sustituye dentro de los partidos el papel de la política de deliberación. En general, estas tendencias han afectado más a los grandes partidos políticos que a los nuevos partidos postmaterialistas, como los Verdes, que dan prioridad a la democracia participativa y a la toma de decisiones consensuada.

El ejemplo de democracia interna dentro de los partidos políticos es importante con el fin de destacar la manera en que los valores democráticos pueden entrar en debate y, dado que la auditoría australiana ha separado el valor de la democracia deliberativa de otros principios más mayoritarios. Los que defienden al modelo económico de democracia arguyen que es más democrático que los líderes de los partidos sean más receptivos al electorado que a sus miembros del partido y que no es democrático tratar las preferencias políticas de los miembros del partido como si tuvieran más importancia que las preferencias de los que votan al partido.¹⁹ Por este motivo se oponen a que los miembros del partido representen un papel más importante a la hora de debatir y decidir la política del partido, ya que piensan que eso corresponde a los líderes de partidos que responden a las preferencias del electorado según lo que revela un estudio de mercado.

Por contraste, los defensores de la democracia deliberativa defienden la democracia interna de partido argumentando que eso proporciona un espacio público en el cual los ciudadanos pueden deliberar sobre cuestiones de interés público y formarse opiniones políticas, que es, precisamente, la característica que define la democracia. Esta opinión, como también la que se obtiene en otros tipos de espacios públicos, como las organizaciones comunitarias, probablemente diferirá de la opinión sin mediación que expresan los votantes que no han sido expuestos a información y debates sobre estos temas. Eso no comporta que no sea democrático, ya que el aliento de las prácticas inclusivas y deliberativas dentro de los partidos no sólo mejora la calidad del debate público, sino que enseña a los nuevos miembros delPage 16partido la cultura democrática y el respeto por las opiniones de los otros.²⁰

Otra clave para la inclusividad del debate público radica en la diversidad de los medios de comunicación. En Australia, el número elevado de la titularidad de medios de comunicación provoca una preocupación considerable con respecto al alcance de la información de los medios con una pluralidad de puntos de vista y perspectivas. Los medios de comunicación pueden reflejar los intereses corporativos de sus propietarios en lugar de una gama completa de puntos de vista sobre diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el 2005 las cadenas comerciales de televisión no informaron del alud de críticas sobre el mal uso de propaganda del Gobierno con finalidades partidistas. La publicidad gubernamental representa unos ingresos importantes para las cadenas mencionadas.

Por lo tanto, para la auditoría sobre la calidad de deliberación, hace falta que seamos conscientes de hasta qué grado se puede limitar el debate y la discusión en determinados foros por parte de, por ejemplo:

• una cultura parlamentaria de confrontación que impide que se respeten los oponentes y sus argumentos;

• recursos desiguales (cuando, por ejemplo, sólo un bando del debate político recibe las subvenciones adecuadas), y

• intereses comerciales que restringen la gama de perspectivas que representan los medios de comunicación.

Ahora expondremos el reto populista no sólo con respecto a los valores de los derechos humanos y la democracia deliberativa, sino, además y de manera más general, con respecto a los organismos intermediarios de las democracias modernas que han sido decisivos en el control popular del gobierno.

En las democracias representativas, a fin de que haya un control popular sobre el gobierno, hace falta que haya también una gama completa de instituciones intermediarias que faciliten la transparencia y la obligación de rendir cuentas, y que faciliten información a los ciudadanos sobre el cumplimiento o no de su mandato electoral. Los ciudadanos no puedenPage 17comprobar directamente si, por ejemplo, el dinero público se gasta de acuerdo con los compromisos legislativos o si la Administración pública se gestiona de acuerdo con responsabilidades estatutarias. Hace falta que existan los procesos adecuados para el escrutinio parlamentario del Ejecutivo, que pueden requerir formas rápidas de financiación de la Administración parlamentaria, así como otros medios que garanticen la independencia parlamentaria y la independencia de cuerpos como los servicios parlamentarios de investigación.²¹

También hace falta que haya una serie de agencias de control, como los auditores generales, los ombudsmen, las comisiones sobre la libertad de información, las comisiones sobre derechos humanos y las comisiones anticorrupción, entre otros. Y, por descontado, también haría falta que hubiera un grupo de juzgados y tribunales que pudieran realizar un análisis judicial de las decisiones del Gobierno con el fin de garantizar que no incumplen ninguna legislación relevante. Además, hace falta que haya pluralismo en los medios de comunicación, como programas públicos con un grado elevado de independencia del Gobierno y comprometidos con un papel en la cadena de la obligación de rendir cuentas. Y hace falta que haya un sector de ONG sólido que sea capaz de defender a los más afectados por las políticas del Gobierno. Estos dos últimos elementos, la diversidad de los medios de comunicación y unas organizaciones sólidas de defensa basadas en la comunidad también son necesarios si se quiere obtener el tipo de debate público inclusivo que es fundamental para los objetivos de la democracia deliberativa.

Las organizaciones de defensa basadas en la comunidad sirven de foros de deliberación que permiten alcanzar nuevas perspectivas que hay que incluir en el desarrollo del debate público y la política. Numerosas democracias occidentales han procurado financiación pública para fortalecer la voz de partes de su comunidad, como familias monoparentales, inmigrantes o personas con discapacidades, capaces de efectuar consultas con sus circuncripciones y representar sus puntos de vista en el Gobierno y en el Parlamento. Con el apoyo público, estas organizaciones pueden acumular competencia si consultan con grupos de contacto difícil sobre cuestiones políticas de relevancia que les afecten, y son un complemento importante de la democracia deliberativa. Hace falta la auto-restricción de los gobiernos que aceptan con dificultad las críticas de los organismos que están subvencionando, aunque la financiación de una oposición leal es algo aceptado en el funcionamiento de los parlamentos de Westminster. Por descontado, la governanza interna de estas organizaciones es un tema democrático importante, ya que es la medida que refleja los puntos de vista para sus miembros.

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Los que consideran la democracia desde un punto de vista más mayoritario desconfían del papel de estas instituciones intermediarias y argumentan que no deberían tener un acceso privilegiado a información gubernamental o parlamentaria. Piensan que los valores democráticos se pueden ejercer mejor utilizando formas más directas de consulta de los ciudadanos, como los referéndums de iniciativa ciudadana. A veces estos puntos de vista sobre la prioridad relativa de diferentes valores democráticos están influenciados por la percepción que el reforzamiento de la voz de aquéllos que necesitan la intervención pública para la igualdad de opciones de vida, puede producir un incremento de los gastos públicos que irán a cargo de los contribuyentes. El discurso populista del mercado y las propuestas finales de opciones públicas fomentan la percepción que la defensa de los intereses públicos es fundamentalmente la defensa de intereses especiales. En este caso se trata en particular de las ONG que trabajan por los derechos humanos, la justicia social o la defensa del medio ambiente.

El tipo de discurso populista que ha vuelto a aparecer en la mayoría de países de habla inglesa sostiene que las organizaciones intermediarias están constituidas por élites que no comparten los valores de las personas corrientes, pero coinciden con los de los gobiernos escogidos que representan a las personas.²² Los populistas condenan las limitaciones que imponen a los gobiernos escogidos democráticamente otros organismos que no han sido escogidos o cámaras parlamentarias que no controla el Gobierno, ya que se escogen mediante representación proporcional u otros sistemas. Cómo hemos visto, en Australia los senados, los escogen principalmente a través del STV y los partidos menores tienen más posibilidades de mantener el equilibrio de poder. Aunque eso ha comportado el fortalecimiento de las funciones de revisión del Parlamento, ha sido denunciado por los que quieren poner freno en el gobierno ejecutivo, y se acusa a los partidos menores y los independientes de representar valores de élite en lugar de votantes comunes.

Este discurso populista ha ayudado a justificar el desmantelamiento de los procesos parlamentarios de obligación de rendir cuentas, el amordazamiento de las agencias de control, la imposición de silencio a las críticas en el Gobierno de las ONG y el aumento de la concentración de los medios de comunicación. Invoca los valores de igualdad política (en forma de gobierno mayoritario) y de control popular del gobierno, sólo para despreciar el tipo de instituciones intermediarias que posibilitan el control popular del gobierno.

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En numerosas democracias occidentales, el aumento de los discursos populistas y la articulación de éstos por parte de gobiernos conservadores, tanto en Australia como en Canadá, no sólo ha representado una nueva hostilidad contra las instituciones intermediarias sino también nuevas amenazas a la independencia del sistema judicial. Cada vez hay más protestas contra el papel de los organismos independientes del Gobierno con respecto a la limitación del poder ejecutivo y la protección de los derechos de las personas y de las minorías. En particular, se prefiere que el papel de los tribunales internacionales y del poder judicial sea mantener normas internacionales establecidas sobre los derechos humanos. Se considera que los tribunales y los juzgados están formados por élites liberales y jueces activistas que desprecian los valores de los ciudadanos comunes y de los gobiernos que escogen.²³

Una parte de la tensión entre los valores de la democracia representativa se expone de manera más razonada en el The Norwegian Study of Power and Democracy, encargado por el Parlamento de Noruega el 11 de diciembre de 1997. Cinco años después y a raíz de una investigación exhaustiva sobre todos los ámbitos del sistema de gobierno, se presentó el informe final. No obstante, no se trataba de un informe unánime; uno de los puntos de discrepancia está particularmente relacionado con las inquietudes de la auditoría de la democracia de Australia.²⁴ El informe sobre la mayoría describe el nuevo marco internacional de la ley de derechos humanos como parcialmente responsable de la disminución del poder de toma de decisiones de la legislación nacional. Estas incursiones en la toma de decisiones basada en el consentimiento popular representaba, según el informe, una disminución de la democracia. En particular, la mayoría recomendaba que se revocara la incorporación de la legislación supranacional a la legislación nacional, basándose en el hecho de que el coste democrático de transferir poder a los tribunales superiores y externos a los sistemas políticos democráticos era demasiado elevado.

Los dos informes discrepantes eran de dos mujeres, una de las cuales, Hege Skjeie, había refutado el concepto que la mejora de los derechos de las minorías y de las mujeres a través de la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos, se podía considerar una pérdida de democracia. Al mismo tiempo que suscribir los instrumentos internacionales sobre derechos humanos representaba atar las manos de los legisladores y transferir poder a los tribunales internacionales, también se fortalecían los derechos de los ciudadanosPage 20individuales y se creaba una democracia más inclusiva. Sobre este punto queda muy claro que los valores democráticos en juego son diferentes y compiten entre sí.

Considerar la democracia representativa sólo en términos de principios de igualdad política y control popular del gobierno puede representar una ventaja para los populistas que justifican con estos mismos términos sus actitudes de desprecio hacia los organismos intermediarios, los mecanismos relacionados con la obligación de rendir cuentas, la deliberación inclusiva y los derechos humanos. Uno de los motivos de preocupación más extendidos desde 2001, por ejemplo, consiste en las restricciones contra las libertades civiles y contra un gobierno transparente en nombre de la seguridad nacional. Mientras que la seguridad se puede considerar un problema que afecta a la mayoría y, por lo tanto, es una prioridad de los gobiernos escogidos democráticamente, la prioridad que se otorga a la seguridad también sirve para restringir las libertades que posibilitan los derechos individuales, el control popular del gobierno y el debate bien informado.²⁵ Las justificaciones sobre la seguridad nacional para reducir la transparencia del Gobierno y las incursiones en el ámbito de las libertades civiles, combinan la impaciencia y las restricciones en el gobierno ejecutivo, como ya se desprende de los discursos populistas. En Australia, incluso se ha producido un renacimiento de la ley de sedición que se había utilizado en el pasado contra miembros del partido comunista.

La auditoría de la democracia en Australia utiliza una serie de métodos para informar sobre el debate público y generar discusiones sobre temas relativos a la democracia. La publicación principal de la auditoría es el libro State of Democracy, que trata todas las cuestiones del marco de evaluación, así como de otras adicionales relativas a las instituciones propias del federalismo. Durante los últimos cinco años, se han preparado diez informes de auditoría que tratan ámbitos de interés más focalizados. Estos informes de estilo cuadernillo presentan temas democráticos que pertenecen particularmente a Australia, como la inmigración, los sistemas electorales, la corrupción, los partidos políticos, las organizaciones de defensa, las tecnologías de la comunicación, la financiación política, las mujeres, la sexualidad y la propaganda gubernamental.²⁶ La auditoría también se encarga de documentación de consulta de corta duración y de comentarios que aplican valores de la auditoría a temas de interés actual. Como mínimo, se han publicado unos 200 documentos de consulta.

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Todo el material publicado por la auditoría se puede encontrar en la web de ésta, establecida poco después de que se empezara a trabajar. La web contiene recursos valiosos para profesores y estudiantes, así como para los reformadores políticos. En el 2007, la Asociación Internacional de Ciencias Políticas lo clasificó como una de las 300 webs principales sobre ciencias políticas del mundo, junto con la web de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y otras webs conocidas.²⁷

Regularmente se distribuye por correo electrónico un boletín informativo (actualización de la auditoría) a una gran base de datos de contactos que incluye numerosos políticos, periodistas e investigadores. La actualización de la auditoría contiene enlaces en nuevos documentos o informes de consulta y comentarios sobre desarrollos democráticos. También recuerda a los lectores las fechas límite de presentación de cuestiones parlamentarias relevantes. En el 2008, la mayor parte de la responsabilidad administrativa de la auditoría australiana pasó a la Universidad Swinburne de Melbourne, que actualmente tiene un papel primordial conjuntamente con la Universidad Nacional de Australia.