Decisiones y Sentencias

AutorCMS Albiñana & Suárez De Lezo
El TJCE confirma la sentencia del TPI por la que se sanciona al cartel de los tubos de acero

En 1999 la Comisión multó a 8 fabricantes de tubos de acero sin soldadura (4 Laponeses y 4 europeos) con un total de 99 millones de euros, por haber celebrado un acuerdo por el cual cada una de ellos se comprometía a respetar los mercados nacionales de los otros. Siete de estas empresas recurrieron la decisión de la Comisión, que fue confirmada mediante sentencia del TPI de 2004. Cuatro de estas empresas recurrieron la sentencia del TPI ante el TJCE, el cual, mediante 3 sentencias del pasado 25 enero, confirmó la sentencia del TPI. A juicio del TJCE, el TPI fijó correctamente el importe de las multas y no cometió ningún error de Derecho al concluir que existía una práctica colusoria que tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales.

Multa por valor de 750,7 millones de euros a un cartel de componentes eléctricos

Mediante Decisión de 24 de enero, la Comisión impuso multas por valor total de 750,7 millones de euros a 11 empresas (ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Jopan AE Power Systems, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens, Toshiba j VA Tech) por haber participado en un cartel en el sector de la fabricación de aparatos de conmutación con sistemas aislantes a base de gas {gas insulated switchgeat). La Comisión considera probado que, entre 1988 y 2004, dichas empresas se reunieron regularmente para alinear sus ofertas en concursos públicos, fiLar precios, repartirse los mercados e intercambiar información comercial sensible. La empresa ABB obtuvo plena inmunidad al ser la Io en proporcionar información sobre el cartel. Por el contrario, las multas de Siemens, Alstom y Areva fueron incrementadas en un 50% por asumir el papel de líderes del cartel. Se trata de la 2° sanción más elevada impuesta por la Comisión después de la multa fiLada al cartel de las vitaminas.

España ante el TJCE por la ampliación de funciones de la CNE

La Comisión ha decidido finalmente llevar al Estado español ante el TJCE por el incumplimiento de las disposiciones del Tratado sobre libre circulación de capitales y derecho de establecimiento, al ampliar, el pasado febrero, los poderes de la CNE bajo la llamada Función 14. La aprobación por el Gobierno del Real Decreto 4/2006 supuso, en efecto, la

ampliación de los supuestos de adquisición de participaciones en el sector energético...

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