Crisis económica y necesidad de racionalización de los entes instrumentales de la Administración
| Autor | Encarnación Montoya Martín |
| Cargo del Autor | Universidad de Sevilla |
| Páginas | 451-455 |
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El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus inanzas públicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. En la misma se estableció como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déicit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déicit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3% del producto interior bruto. Asimismo, también se aprobaron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, como instrumentos para alcanzar dicho objetivo. Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las inanzas públicas 2010-2013. Y, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, se aprobó el acuerdo marco sobre sostenibilidad de las inanzas públicas para el periodo 2010-2013 en el que se prevé una senda de déicit, en términos de contabilidad nacional, para el conjunto de las entidades locales que va desde el 0,5% PIB en 2009 al 0,2% PIB en 2013.
Sin embargo, el segundo Consejo de Ministros del Gobierno del Sr. Rajoy, celebrado el 30 de diciembre de 2011, anunció un plan de choque ante un déicit que previsiblemente estará en torno al 8%, dos puntos más por encima del previsto por el Ejecutivo del Sr. Rodríguez Zapatero para 2011, entre cuyas medidas se anunciaba una reducción de la estructura de la Administración del Estado647. El Plan Nacional de Reformas 2012 incluyó una agenda de reformas estructurales y hace mención expresa a la mejora y eiciencia en la prestación de servicios públicos esenciales y a la modernización y racionalización de las Administraciones Públicas.
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Ante las múltiples medidas anunciadas y adoptadas en particular en la Administración del Estado y en las Comunidades Autónomas648, la primera cuestión que se debe dilucidar es si se trata de simples recortes impuestos por la lacerante situación de crisis económica o si, por el contrario, se dirigen a racionalizar la estructura de la Administración no solo con el objetivo de mayor austeridad, reducción del déicit público y adelgazamiento de la Administración y de su sector público, sino de conseguir una buena Administración, de calidad, más eicaz y eiciente al servicio de los ciudadanos.
En esta perspectiva se sitúa la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. La necesidad de adaptar las estructuras organizativas a las nuevas exigencias sociales y a las demandas de los ciudadanos es consustancial al funcionamiento de todo sistema administrativo. La CORA organizó su tarea a través de la creación de las subcomisiones de Duplicidades, Simplificación, Gestión de Servicios y Medios Comunes, y Administración Institucional. Por lo que respecta a esta última subcomisión de Administración Institucional, se le ha encomendado «analizar la distinta tipología de entes que la componen, revisar el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos, y plantear las modificaciones que convengan en la lista de entidades existentes». La CORA propone en su informe precisamente la mejora del marco normativo regulador de los entes del sector público, sustituyendo las...
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