Algunas consideraciones sobre el problema de los derechos positivos
| Autor | José Manuel Delgado-Ocando |
| Cargo del Autor | Corte Suprema de Venezuela Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela |
| Páginas | 79-90 |
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En el contexto de la sociedad moderna, democrática y pluralista, de acuerdo con sus condiciones y requisitos, se pueden diferenciar tres ámbitos o circunstancias en las cuales el Estado cumple su finalidad primordial:
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El ámbito que se refiere a las consecuencias de los procesos de industrialización, que requiere de soluciones a través de recursos políticos del Estado como, por ejemplo, la protección a la desocupación estructural u ocasional. Este ámbito también tiene que ver con los efectos de la industrialización en relación con los residuos o desechos industriales no reciclables, y donde compete al Estado el crear un medio ecológico adecuado para la convivencia humana.
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El ámbito o circunstancia referida a los costos crecientes del Estado social para cubrir las necesidades de una cada vez mayor cantidad de ciudadanos, debido a la estrechez cada vez más reducida de la sociedad del trabajo, es decir, debido al hecho de la suplantación de la fuerza laboral por la automatización del proceso económico. Aun en las sociedades que disponen de amplios recursos financieros, el tamaño del presupuesto estatal se ve notoriamente limitado para atender las necesidades del EstadoPage 80social, lo cual conlleva la deslegitimación del sistema político frente a las necesidades económicas de los ciudadanos.
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El ámbito relacionado con la característica de la sociedad moderna de ser una sociedad requerida de altos niveles educativos, y de reclamar, al mismo tiempo, una oferta amplia de consumo masivo y de consumo para el ocio. Al no cumplir con estas condiciones, la sociedad moderna estaría predispuesta a la ingratitud y deslealtad políticas de los ciudadanos corrientes frente al Estado, a pesar de los brotes anticonsumistas y de cultura alternativa que esporádicamente se dejan sentir de manera tangencial.
Para que el Estado pueda actuar en el ámbito de estas tres circunstancias, es evidente que necesita ampliar su órbita de acción, a pesar de las tendencias opuestas para someterlo a límites controlables por parte de los intereses políticos en pugna. También es claro que no se trata de aliviar las cargas de una manera temporal, sino de proyectarlo a largo plazo en sus efectos y cobertura, como incluso le acontece al Estado norteamericano, que percibe ya una proyección de seguridad social y otras medidas para los primeros cincuenta años de este milenio. De tal suerte que los augurios neoliberales de la desmantelación del Estado social chocan con una realidad que proviene de la dinámica misma que se origina en el funcionamiento del sistema capitalista, que no puede por sí solo absorber todos los requerimientos por parte de los excluidos del sistema, como son los márgenes de desocupación, la falta de educación, de vivienda, el desempleo voluntario y la automarginación. Al parecer, al contrario de lo que se aduce desde la valoración política neoliberal, el Estado social de derecho —que, en este caso, no vamos a diferenciar del Estado de bienestar—1sigue firme en los países en donde se ha tratado de resquebrajarlo: tal ha sido el caso de Inglaterra, Estados Unidos y la misma España.
De otra parte, el Estado social de derecho se ha constituido en el momento decisivo para la pacificación y convivencia, en las democracias capitalistas avan-Page 81zadas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ha convertido en una obligación del Estado el asumir el suministro de asistencia y apoyo a los ciudadanos con necesidades inmediatas e insatisfechas, y con alto riesgo de subsistencia en la sociedad mercantil y globalizada.
Como se sabe, en Colombia, el contraste con los países en mención salta a la vista, ya que los recursos disponibles para atender a los necesitados no son suficientes de manera inmediata para solucionar los mínimos problemas de subsistencia y, por lo mismo, es muy difícil predecir un futuro venturoso a las nuevas generaciones de desprotegidos de la fortuna.
El Estado social de derecho no solamente no es un tema de discusión en los programas gubernamentales —ni un punto a dilucidar en las discusiones sobre el proceso de paz—, que permita forjar un acuerdo básico entre los diversos partidos que compiten por el poder (como tampoco lo hay normalmente en el debate político de los países avanzados), para cuidar las necesidades de los beneficiarios del Estado; pues algunos propugnan una ampliación de los recursos presupuestales y otros luchan por su limitación. Pero, además, entran en discordia también diversas propuestas legislativas, que conciernen directamente al Estado social, sobre protección del trabajo, protección al desempleo, salario mínimo, seguro obligatorio, expansión del servicio de salud, creación de nuevos incentivos educativos y vivienda subvencionada.
En general, la conformación del Estado social adolece de grandes problemas sobre los cuales no hay un consenso global: aparte de la consabida argumentación que achaca al Estado social la causa de la recesión económica, desde la década de los setenta se considera que el Estado social exacerba y agudiza el conflicto político al no solucionar los problemas inherentes a la sociedad mercantil. El Estado social es mirado, desde esta perspectiva, como promotor de vagancia y desobediencia a la disciplina establecida por los patronos, de tal suerte que se crearía una cierta ingobernabilidad en el sistema empresarial, toda vez que merma el ritmo de crecimiento de la productividad (por razones de desincentivación hacia el trabajo) y repercute en el aumento de los niveles de inflación, al disminuir la producción. Este problema del Estado social es tipificado por Claus Offe, en su libro Contradicciones en el Estado de Bienestar2, como «el ataque proveniente de la derecha».
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Llevada al extremo, esta argumentación terminaría por acordar la necesidad de la abolición del Estado social, lo que significa, en términos modernos, la abolición de la democracia política y de las garantías gremiales y sindicales, así como la generación de cambios decisivos en la participación política en el sistema para el conjunto de ciudadanos que perciben su habituación y expectativas como algo connatural al Estado moderno.
Una perspectiva opuesta a la anterior descansa en la argumentación que defiende que el Estado social es ineficaz, ineficiente, represivo y basado en una comprensión mutua equivocada entre el Estado y la realidad de los trabajadores y empleados. De manera global, se atentaría contra la libertad de los trabajadores y empleados, que no proyectarían sus fines individuales y colectivos como...
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