Conclusiones

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La educación superior privada se ha convertido en un negocio de particulares que opera estrictamente bajo las reglas del mercado, y no, como dice la ley, de acuerdo con un interés público. Los únicos afectados por esta visión mercantilizada de la educación son, al fin y al cabo, los alumnos, que en su mayoría son estafados año con año por pseudo-instituciones cuyo único objetivo es el enriquecimiento de particulares.

Hemos constatado, según el Anexo estadístico, que existe un crecimiento caótico y desregulado de las IES privadas, que además de ofrecer las licenciaturas más demandadas sin estar plenamente certificadas por las instancias correspondientes, al mismo tiempo operan en condiciones poco adecuadas para los alumnos y su planta docente, la cual en su mayoría es contratada por horas.

La educación superior debe ser de interés público, por lo que el gobierno, en lugar de maquillar cifras, debe asumir su responsabilidad interviniendo decididamente para dar solución al fraude educativo que hoy en día amenaza a una cada vez más creciente capa de la sociedad. Al mismo tiempo debe fortalecer el sistema público de educación superior y establecer políticas de largo plazo que tiendan a ampliar la cobertura educativa de calidad.

Lo que se ha encontrado en este informe de trabajo, relacionado con el desarrollo y deformación de los servicios de educación superior privados en el país —sin que ello pueda generalizarse de manera indiscriminada, por supuesto— coloca bajo la luz asuntos tan delicados como los de la posibilidad de un nuevo desarrollo sustentado en aprendizajes; la construcción de una democracia sólida; la formación de profesionales, técnicos, de investigadores y científicos; el nivel cultural de la población, su identidad y sus perspectivas de vida, así como de otros tan importantes como el de la soberanía y la vulnerabilidad que tienen nuestros gobiernos ante la presión de la Organización Mundial de Comercio para flexibilizar las barreras comerciales. Lo más grave es que la preponderancia de las políticas económicas y comerciales puede provocar que los esquemas de financiamiento público sean vistos por las grandes corporaciones trasnacionales como “competencia desleal”, y lo peor del caso es que se ponga en entredicho el carácter público de la educación superior.

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En consecuencia, la discusión respecto a la mercantilización de los servicios educativos debe superar el reduccionismo técnico instrumental que la limita a ser una agenda que abarca asuntos comerciales y normativos sobre la movilidad de los estudiantes, los programas y los proveedores privados. El debate debe regresar al análisis acerca de los fines de la educación superior en el marco de un proyecto de nación claramente definido.

Es preciso advertir que las condiciones de desigualdad con las que México se incorpora a la integración norteamericana, en relación con la transferencia tecnológica y con la regulación del ejercicio profesional, ofrecen dos tipos de respuesta para los próximos diez años. La primera proporciona salidas de adecuación y sobrevivencia que motivan a la participación acrítica de las IES y de los gremios profesionales. La segunda se articula con la definición de proyectos de profesión, que bien planteados a diez años y con una mirada de largo alcance, generen las condiciones que aseguren una inserción propositiva y con capacidad de amplia participación en la definición de las nuevas reglas de comportamiento internacional.

El riesgo que enfrentamos como país es que ante la ausencia de una agenda nacional claramente definida sobre principios de defensa de la soberanía nacional y regional se está haciendo posible el sometimiento de la educación superior a reglas de mercado internacionales, que se imponen desde los mecanismos para su regulación, su oferta y su acreditación, hasta el contenido de lo que debe ser incorporado a los programas académicos. Si la OMC logra convencer a nuestros gobiernos de que la educación superior es un servicio comercial y estos firman el respectivo convenio, toda la educación superior, pública y privada, caería en su área de competencia y se debería eliminar, a nivel nacional, cualquier restricción que impida el establecimiento de Universidades extranjeras o filiales de las mismas, con recursos y facilidades que les permitirían eliminar, poco a poco, nuestras instituciones de nivel superior (Tünnermann 2005: 24).

En el terreno de la prestación de servicios educativos las empresas de los países desarrollados han apostado un importante capital político y financiero para que se eliminen los impedimentos legales a la libre acción privada en educación superior. La implicación más grave de esta medida es que está estimulando gradualmente la fragmentación del sistema de educación superior, y es posible que en el mediano plazo se

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conforme con el sector educativo...

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