Codesarrollo, ciudadanía, derechos

Autor:Javier de Lucas
Cargo del Autor:Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Instituto de derechos humanos
Páginas:11-27
 
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1. Codesarrollo, desarrollo humano, derechos: los verdaderos objetivos de las políticas de codesarrollo

Es bien sabido que, sobre todo en el marco de las políticas migratorias desarrolladas por los países receptores de inmigración y bajo la influencia del trabajo seminal de Georges Tapinos para la OCDE, se ha desarrollado el proyecto de políticas de codesarrollo que tratan de avanzar un paso respecto al modelo tradicional de ayuda al desarrollo. Y también es conocido que la mayoría de esas iniciativas de asociación de codesarrollo y políticas migratorias utilizan como referencia el Rapport Naïr presentado por Sami Naïr al primer ministro Jospin y que está en el origen de la creación de la Delegation interministerielle pour les migrations et le Codeveloppement que presidió inicialmente el mismo Sami Naïr.

Casi veinte años después de esa iniciativa, no me parece ocioso recordar dos observaciones que considero prioritarias a la hora de diseñar instrumentos de política de codesarrollo, sobre todo para evitar dos de los errores más frecuentes a la hora de poner en práctica esas políticas en relación con la inmigración. Me refiero en primer lugar al terco prejuicio que impide entender la dimensión del fenómeno migratorio como hecho social global, que no puede ser reducido a la vertiente laboral ni aun siquiera a la socioeconómica. Y, en segundo término, a la ignorancia del vínculo entre codesarrollo y desarrollo humano, de donde la importancia de la dimensión cultural, junto a la jurídico política: es decir, al vínculo entre democracia y derechos humanos como objetivo prioritario de las políticas de codesarrollo vinculadas a políticas migratorias.

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Esa es, a mi juicio, la razón del error en el que se incurre muy a menu-do cuando al hablar de codesarrollo e inmigración, se recurre casi en exclusiva al tópico del mecanismo de las remesas, para referirse a la doble aportación de los inmigrantes, tanto en los países de recepción como en los de origen. Un tópico que oscurece casi hasta hacerlos desaparecer otros elementos y objetivos de codesarrollo no menos relevantes: formar a los profesionales que serán vectores de desarrollo; reforzar la cooperación en educación e investigación; movilizar a las empresas para que inviertan en I+D; generar intercambios culturales. En lugar de ello, la cultura –la identidad cultural– aparece sólo como el gran obstáculo para el éxito de estas políticas un argumento que sirve como la coartada para practicar lo que en otros trabajos he tratado de denunciar: la insistencia en el diferencialismo cultural como fundamento para sostener la incompatibilidad jurídica y por ello, la reducción de los inmigrantes a status de discriminación y dominación.

Para ilustrar el problema recurriré a un texto de quien, como acabo de recordar, es considerado como el inspirador de este modelo de políticas de codesarrollo, el profesor Naïr2: «En realidad, lo que hay que cuestionarse es el concepto de «desarrollo». La progresiva reducción de la «modernización» de las sociedades al desarrollo económico, de éste al del crecimiento, del crecimiento a la inversión productiva, sigue toda una línea de efectos mecánicos que, desgraciadamente, no se encuentra en las sociedades pobres: con frecuencia la modernización se vuelve insostenible debido al mal desarrollo, incapaz de sacar provecho de las formas de crecimiento que genera, pues no consiguen constituir un tejido productivo eficaz sino lo contrario, reforzar el sector «informal», sin duda necesario, pero no tan productivo como para sacar a esas sociedades de la supervivencia. En las sociedades en transición hacia una economía de mercado, el desarrollo no puede ser reducido únicamente a su dimensión económica, dejando de lado el sistema social. Su finalidad debería ser la integración social global de todas las capas de la población: una integración sistémica, es decir, política, económica, social, cultural e identitaria. Si partimos de la idea de que el desarrollo debe fomentar la integración social, los objetivos son claros: el primero es la seguridad económica, social y jurídica de los individuos; el segundo, la cohesión territorial de los Estados-na-

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ción; el tercero, el desarrollo de la iniciativa democrática local, genera-dora de innovaciones sociales. Es necesario responder a estos desafíos orientando la cooperación entre el Norte y el Sur hacia estos sectores. Conviene encauzar la ayuda a los Estados mediterráneos y africanos hacia la oferta de bienes y servicios de base (agua, saneamiento, educación, sanidad, vivienda) a un coste asequible para la mayoría de la población. El desarrollo de tales infraestructuras podría realizarse mediante una ayuda centrada en un plan nacional de desarrollo de las infraestructuras de base para cada los países que definan un marco general y deleguen a las colectividades locales (regiones, ciudades, redes de aldeas, de cooperativas o de asociaciones) la tarea de definir y llevar a cabo los proyectos concretos. Asimismo, la ayuda internacional debería fomentar la elaboración de un sistema de seguros tanto para los bienes (herramientas de trabajo, se trate de una explotación agrícola o de una microempresa) como para las personas (seguro de desempleo, de enfermedad, de jubilación). El seguro social es indisociable de la actividad legal. Sin embargo, en los países mediterráneos y, sobre todo, en África, gran parte de la población activa trabaja en el sector «informal». Por tanto, es necesario idear un régimen seguro que haga atractiva la legalización de las actividades informales y ventajosa la declaración de los trabajadores: simplificación y transparencia de las formalidades, acceso a unos servicios que permitan aumentar el rendimiento de la actividad, posibilidad de obtener créditos, etc. Además, es necesario tener en cuenta los sistemas informales de solidaridad existentes, que cuentan con la confianza de sus usuarios, y ver cómo pueden ser utilizados. Este sistema de seguridad social podría administrarse a escala local en el marco de un contrato con el Estado, que, por su parte, dispondría de un fondo social para el desarrollo. Ese fondo no financiaría directamente los seguros de desempleo, de enfermedad o los seguros de los bienes, sino la puesta en marcha del dispositivo y los servicios a él asociados: cámaras de comercio o agrícolas, cooperativas, organismos de crédito, etc. Este fondo social para el desarrollo se podría financiar, por ejemplo, mediante la reconversión de la deuda, como se hace ya en parte en algunos países del Sur. Una norma a priori para la ayuda económica debería ser, sin duda, que vaya aparejada a una serie de requisitos políticos, destinados a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento del Estado de derecho y no sólo para garantizar las inversiones en aquellos sectores únicamente rentables para los proveedores de fondos extranjeros».

En efecto, como señala el sociólogo y politólogo francés, los prejuicios y falacias que subyacen a esos errores conducen a un resultado

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extraordinariamente negativo: la instrumentalización en sentido unidireccional de las políticas de codesarrollo, ajenas a las necesidades e intereses de las sociedades civiles de los países de origen de la inmigración y estrictamente funcionales a la visión unilateral de los países que reciben la inmigración. Eso implica un incremento de la desigualdad y, junto a ello, el incremento de la sociedad del menosprecio, de la dualización en el orden internacional y en el orden interno, en el seno de los países que generan la inmigración y que son destinatarios de las políticas de codesarrollo.

Como he tratado de poner de relieve en otros trabajos, esa noción de la sociedad del menosprecio ha sido desarrollada sobre todo por Charles Taylor y muy en particular por Axel Honneth, director del Instituto de investigaciones sociales de Frankfurt y uno de los exponentes de la renovación de la teoría crítica, cuya obra más conocida es La lucha por el reconocimiento, una categoría que para él es clave a la hora de en-tender y evaluar los procesos de emancipación social. En una reciente entrevista, a propósito del debate sobre el modelo social que, según parece, los europeos no tenemos claro cómo ni hacia dónde reconducir, Honneth ha vuelto a insistir en la importancia de las exigencias de reconocimiento y en el marco normativo que debe asegurar su satisfacción, como pistas para reconstruir ese modelo3. No se trata del típico discurso multiculturalista, de la reivindicación de diferencias culturales, de derechos de diversidad. El filósofo alemán subraya que el motor de esta demanda de reconocimiento, que en algunos casos alcanza una expresión colectiva cercana a la angustia, si no a la desesperación, como se ve en Francia hoy, sería el acceso y la garantía universal –igual, que no mecánica, uniforme– de los derechos sociales. Una receta nada popular hoy, sobre todo entre buena parte de quienes se autocalifican de reformadores sociales.

Quizá no hemos reparado suficientemente en el hecho de que el proceso de desmantelamiento de esos derechos –palancas de igualdad real– no

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tiene consecuencias sólo en términos de pérdida de capacidad adquisitiva o de empeoramiento de las condiciones laborales. Es el sentido más profundo de la precarización como condición social definitoria. Como señalara en su día Rocard, la lógica de esta etapa del capitalismo, la de la precarización, trata de reducir el trabajo a mercancía cuyo coste es preciso abaratar, y al trabajador en objeto intercambiable cuya necesidad de seguridad es un obstáculo para el beneficio. Para eso, es necesario un trabajo de demolición de las reglas, comenzando por las del Derecho del trabajo. Pero...

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