Se celebra el VII Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil
| Autor | José María Suárez López |
| Cargo | Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Acreditado a Catedrático |
| Páginas | 302-309 |
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Ver nota 1Durante los días 2 y 3 de diciembre de 2015, tuvo lugar el VII Congreso Nacional Sobre Justicia Penal Juvenil, dirigido por Ignacio F. Benítez Ortúzar, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y María José Cruz Blanca, Profesora Titular de Derecho Penal y coordinado por Eva María Domínguez Izquierdo, Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal. En el mismo, se analizó cuestiones de gran relieve en relación con su temática.
Así, en el primer día de Congreso, durante la conferencia de inauguración Emilio Calatayud Pérez, Magistrado-Juez de Menores, atrajo la atención de todos los asistentes explicando cómo vivió en primera persona la evolución de la Justicia Penal Juvenil desde de la Sentencia 36/1991, así como su valoración de la Ley Orgánica 5/2000 en la actualidad. Durante su intervención afirmó que el balance que debe hacerse de la Ley es muy positivo pues con ella se ha logrado que, de entre todos los menores infractores que entran en contacto con la Justicia Juvenil, el 80% no llegan a entrar en contacto con la Justicia para adultos una vez alcanzada la mayoría de edad. Así mismo, destacó la importancia de haber construido un proceso con todas las garantías en el que siempre prima el interés superior del menor. Sin embargo, esto no quiere decir que a los menores no haya que hacerles responsables de sus propios actos cuando tengan capacidad de responder ante las consecuencias de los mismos y cuando se encuentren dentro de los parámetros de edad y madurez. En este sentido, Emilio Calatayud lanzaba la idea de la necesidad de un "pacto por el menor" para intentar corregir y modificar aquellos textos normativos (con especial alusión a los artículo 154 y 155 del Código Civil2)que, dentro de la proporcionalidad, sirvan para educar a los menores desde el respeto y
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con base a un sistema de valores que se hacen muy necesarios, especial-mente en aquellos supuestos en los que nos encontramos ante situaciones en donde los padres que han perdido toda autoridad sobre sus hijos, en aquellas otras relacionadas directamente con las nuevas tecnologías que, sin duda, suponen una fuente de riesgo en la actualidad y, cómo no, en aquellas situaciones en donde se comenten claros actos de maltrato por parte de los menores hacia sus padres y que han experimentado un fuerte aumento en los últimos años.
A esta cuestión, ya durante la primera sesión del Congreso y bajo el título "El menor maltratador en el ámbito familiar", también hizo referencia María Teresa Carrasco Montoro, Magistrada-Juez de Menores. Durante su intervención se pudo conocer algunos de los datos publicados por el Defensor del Pueblo Andaluz. En concreto, se puso de manifiesto nuevamente las situaciones relacionadas con la violencia que los menores infractores ejercen sobre sus progenitores en la búsqueda de un objetivo concreto o por el mero hecho de ganar poder dentro del núcleo familiar. En su ponencia, se puso de manifiesto que no siempre podemos encontrarnos ante menores que provienen de familias desestructuradas a lo que debe sumarse la influencia de ciertos factores añadidos como el fracaso escolar, el consumo de alcohol junto con otras sustancias, problemas relacionados con la salud mental o, como también se volvió a poner de manifiesto, la acción de las redes sociales que, en ocasiones, llega a convertirse en una auténtica adicción.
Como bien quedó señalado por parte de la Magistrada-Juez, no puede tampoco generalizarse en materia de menores infractores. Cada menor es diferente, con una historia diferente y que, por tanto, necesita una respuesta diferente que se ajuste a sus necesidades. De ahí que, lógicamente, sea complicado hacer una valoración de los datos que se manejan en relación con los menores infractores. El cualquier caso, es cierto que, para poder proceder a la aplicación de alguna de las medidas comprendidas en la normativa, ésta debe exigirse en función del grado de madurez del menor y siempre contando con la colaboración de los progenitores en este sentido, teniendo muy presente que el último recurso debe ser en todo momento el acto de la denuncia pues, para poder educar a un menor, es necesario tiempo y dedicación para saber educar en respeto y en valores. Sea como fuere, a menudo la respuesta más idónea en gran parte de los casos pasa por una medida de convivencia en entorno socioeducativo.
Dentro de la misma sesión, también intervino Ascensión Zafra Escabia, Psicóloga Clínica de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil, resaltando que en ocasiones, los padres se encuentran desorien-
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tados en lo que refiere a la educación que deben dar a sus hijos. En este sentido, es frecuente caer en el error de un modelo demasiado hedonista acompañado de un refuerzo excesivo y erróneo de la autoestima. Y es que, en palabras de la Sra. Zafra, la familia es el principal pilar de...
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