LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004, 1588 páginas
| Autor | Jaime Requena Juliani |
| Cargo | Magistrado |
| Páginas | 229-244 |
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El estudio del Derecho Procesal Penal ha sido habitualmente considerado como una disciplina accesoria dentro del Derecho Procesal general, y se ha establecido normalmente un forzado paralelismo entre los conceptos procesales-civiles y los propiamente penales. Sin embargo, un análisis profundo de estos conceptos generales del Derecho Procesal o de los principios que deben inspirar la regulación de cada una de sus instituciones pone rápidamente de manifiesto que «una definición plena de sentido sólo puede ser brindada en el marco del Derecho Procesal correspondiente» y que, por ello «un paralelismo con el proceso civil está destinado al fracaso»1. Por el contrario, la propia definición del Proceso Penal como cauce formalizado a través del cual se hace efectiva la respuesta punitiva del Estado y se garantiza la libertad del individuo revela inmediatamente su íntima conexión con el Derecho Penal sustantivo, cuya realización solamente es posible en un Estado de Derecho a través de la formalidad del proceso.
Desde este punto de vista, la obra que es objeto de esta recensión resulta marcadamente heterodoxa, y no tanto porque su autor es un prestigioso penalista cuyas aportaciones en el ámbito del Derecho Procesal penal son, por otra parte, sobradamente conocidas2, sino porque la misma contiene una visión nueva y diferente del pro-
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ceso penal que se articula en torno a dos premisas esenciales de la obra: De una parte, la ubicación del proceso penal dentro del contexto de la normativa internacional, y muy especialmente los instrumentos de colaboración desarrollados dentro de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su desarrollo por la jurisprudencia del TEDH, en la que el autor es un especialista3. El autor completa el examen de cada uno de los principios e instituciones objeto de su investigación con una cuidadosa selección de las principales resoluciones del TEDH relativas a cada una de ellas, pero incluye en esta primera parte de la obra una completa exposición sobre el funcionamiento del Tribunal y los cauces de acceso al mismo, especialmente a partir de la entrada en vigor del Protocolo 11 (Cap. IV), y del contenido que conforme a su doctrina integra los principales aspectos del derecho a un juicio justo (Cap. V).
Y, de otra, el análisis del proceso penal y de sus instituciones desde los derechos y principios propiamente penales del proceso, rechazando explícitamente una reivindicación meramente formal de los mismos que nos aleje de su verdadero contenido (p. 73), y ofreciendo siempre al lector una visión exacta tanto de su verdadera esencia, como del Derecho procesal real tal y como se mate-rializa cada día en la Jurisprudencia. En este punto el autor clasifica los principios en cuatro grupos (Cap. XI): principios relacionados con el la organización del sistema de enjuiciamiento, principios relacionados con la iniciación del procedimiento, principios relacionados con la prueba, y principios relacionados con la forma.
Dentro de los primeros el autor ofrece una rigurosa visión sobre el concepto de Tribunal imparcial que incluye una exhaustiva exposición de los principales pronunciamientos del TEDH, así como de las decisiones que sobre algunas de las principales cuestiones que habitualmente se plantean han adoptado el TC y el TS españoles (Cap. XII). La exposición se ve enriquecida por el análisis independiente de la problemática derivada de la incidencia actual de los medios de comunicación sobre la imparcialidad de los Tribunales (Cap. IX), que como es habitual a lo largo de toda la obra, incluye también un detallado análisis de los principales pronunciamientos de la Jurisprudencia. Asimismo, se incluye un profundo examen del derecho al juez predeterminado por la Ley, del principio non bis in idem4 (Cap. XIII) y del principio de doble
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instancia (Cap. XIV), al que volveremos a referirnos en el régimen de recursos.
Los principios relativos a la iniciación del procedimiento incluyen un amplio estudio del principio de oficialidad y, especialmente, del principio acusatorio (cuyo contenido impregna constantemente el contenido de la obra), así como del principio de oportunidad (Cap. XV), sobre el que volveremos más adelante.
En el ámbito de la prueba, son los principios los que aportan la luz que permite resolver las diversas cuestiones que el autor plan-tea a lo largo de la obra: la disposición de las partes sobre los medios de prueba y el principio acusatorio; el derecho a la defensa y su relación con el derecho a no declarar (Cap. XVI); el principio de igualdad de armas y los supuestos de prueba secreta, especialmente de ocultación de testigos; el principio de audiencia y la posibilidad de celebrar juicios sin presencia del acusado; el principio de concentración y los supuestos de suspensión del juicio oral; el principio de inmediación y los problemas que plantean los medios de prueba subrogados, la práctica anticipada de prueba, la reproducción de prueba sumarial, las declaraciones testificales de referencia, la prueba mediante videoconferencia o la lectura de las declaraciones de testigos ausentes; y la libre valoración de la prueba y los problemas de motivación de las resoluciones judiciales.
Finalmente, dentro de los principios relativos a la forma se incluye la exposición del contenido de los principios de oralidad y publicidad, este último también indudablemente vinculado con los problemas que plantea la prueba sin inmediación y la ocultación de testigos.
Desde este punto, la obra se compone de cuarenta y siete capítulos más (XVII al LXI) que pueden ser estructurados en siete partes (jurisdicción, competencia y organización; sistema de investigación; partes y objeto del proceso; medidas cautelares; medios de prueba; juicio oral y sentencia; y sistema de recursos), y la mera lectura del índice ya pone de manifiesto que el autor también aquí ofrece un punto de vista tan inhabitual como necesario sobre cada una de las instituciones objeto de su análisis.
El ámbito de la jurisdicción penal (Cap. XVII) es examinado tanto desde la perspectiva de la vigencia de la Ley penal en el tiempo como en el espacio, y alcanza una especial profundidad en el análisis del controvertido principio de justicia universal. El autor analiza los pronunciamientos de la jurisprudencia internacional (tanto de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso «Yerodia» como
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de la jurisdicción belga sobre el caso «Sharon») y ofrece una sólida argumentación sobre la necesidad de vincular su vigencia, y con ello el ámbito de aplicación del art. 23.4 LOPJ, a los principios del Derecho Internacional y a los Tratados (cfr. art. 23.4.g. LOPJ), introduciendo al lector los criterios que posteriormente ha asumido la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 327/03 de 25 de febrero, caso «Guatemala»; 712/03, de 20 de mayo, caso «Perú»; 319/04 de 8 de marzo, caso «Chile»), que pone a disposición del lector. El examen de este principio con relación al blanqueo de dinero (art. 301.4 CP), de los distintos supuestos problemáticos que, de forma general y con relación a la jurisdicción española pueden plan-tearse en los supuestos de male captus, bene detentus (traslado irregular de detenidos, detención y entrega sin extradición, detención y abordaje en alta mar con infracción de la normativa inter-nacional), y una completa sistematización de los distintos supuestos de exclusión o límites a la jurisdicción por razón de las personas completan el contenido de la obra en este punto, si bien al mismo debe añadirse el examen de las normas sobre competencia (Cap
XVIII) y de la organización de la jurisdicción penal (Cap XIX), y un detallado análisis de los problemas sustantivos y procesales que plantean los supuestos de inmunidad e inviolabilidad regulados en el Derecho español (Cap XXIV): el alcance de la inviolabilidad y de la inmunidad, especialmente con relación a las faltas; la determinación del momento desde el cual es preceptiva la obtención del suplicatorio; el juicio de oportunidad en las Cortes; la tramitación procesal; examen de los distintos supuestos posibles, según la condición de diputado o senador haya sido adquirida o perdida antes o después de la obtención del suplicatorio; la falta de doble instancia; y la posible declaración testifical del diputado o senador.
La segunda parte en la que dividimos aquí el examen de la obra aparece referida al sistema de investigación (Caps. XX y XXI). La exposición de la materia resulta aquí igualmente completa: el examen de la normativa relativa a la Policía Judicial, de su composición y funciones resulta especialmente exhaustivo (posibilidades de actuación conforme al Acuerdo de Schengen, actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera, actuación de agentes encubiertos, entrega vigilada de droga); el Juez de Instrucción; el Ministerio Fiscal (si bien su examen se incluye en el Cap. XXVII, relativo al examen de las partes acusadoras); una precisa visión sobre los sistemas de investigación existentes en el Derecho comparado; y las relaciones entre las investigaciones judiciales y las comisiones parlamentarias de investigación. Esta sucinta referencia al contenido de la obra sobre este particular, que por otra parte ya pone de manifiesto la amplia visión del autor sobre la cues-
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tión, no permite omitir una referencia expresa a las interesantísimas aportaciones que se hacen aquí al actual debate sobre el modelo de investigación y, concretamente, sobre cuál debe ser el papel del Fiscal y del Juez dentro del mismo, y sobre el principio de oportunidad.
El desarrollo de la primera de estas cuestiones se articula alrededor de una doble tesis con la que no es fácil estar en desacuerdo: un modelo de instrucción por el Ministerio Fiscal en el que, entre otras, las decisiones sobre derechos fundamentales y sobre apertura de juicio oral corresponden exclusivamente a una Autoridad judicial hace posible «una más profunda defensa de los...
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