Una aproximación económica a los datos de la inmigración en Cataluña

Sin ningún género de duda^∗, el fenómeno migratorio es el elemento que, en la última década, ha provocado de forma más clara y profunda un cambio en la realidad social de Cataluña. Sin embargo, hay que añadir inmediatamente que la llegada de población migrante no es un hecho desconocido en Cataluña, sino todo lo contrario: constituye la base principal de nuestro crecimiento poblacional desde el siglo XIX y durante el XX.

De todas formas, no deja de ser cierto que el actual proceso está marcado por algunos elementos que lo dotan de unas características y peculiaridades propias que nos permiten distinguirlo de las anteriores oleadas, y que se concretan en las siguientes:

a) el gran número de personas que lo conforma;

b) el breve espacio temporal en el que se produce;

c) el carácter transnacional de la migración;

d) la diversidad geográfica de la procedencia de los migrantes, y

e) el ámbito geográfico de la acogida, que afecta al conjunto de países desarrollados de Europa y, en nuestro caso, al conjunto del territorio español, aunque en desiguales proporciones —de hecho, el conjunto de extranjeros residentes en España se concentra en tres Comunidades Autónomas.

Por su magnitud cuantitativa, la concentración temporal, la transnacionalidad y pluralidad de orígenes y el carácter europeo del fenómeno, podemos intuir la diversidad de efectos que producirá en todos los ámbitos de análisis —político, social, cultural y económico—, así como el alcance y trascendencia de tales efectos.

Partimos, sin embargo, de una carencia grave para el trabajo de análisis que nos proponemos, consistente en la falta de datos estadísticos adecuados para el estudio del fenómeno migratorio.¹ El propio concepto de migrante permanece invisible en el interior de la categoría extranjeros, que distingue estadísticamente entre los titulares de la condición de nacionales del resto de población residente en el territorio, sin tener en cuenta las razones que motivan su residencia continua en el mismo. Podríamos afirmar que los instrumentos de análisis social de la población no estaban preparados para medir adecuadamente los cambios sociales que comporta el actual fenómeno migratorio.

Con los datos disponibles, y desde una aproximación clásica, hay que abordar en primer lugar el análisis básico de las características de edad, nivel de estudios y género de las personas recién llegadas, datos que ya podemos avanzar que son los que habría que esperar en un proceso transición demográfica producida por un fenómeno de migración económica, por lo que harán innecesario que nos extendamos excesivamente en torno a dicha cuestión.

El objetivo que nos proponemos con este artículo —una vez expresados desde el punto de vista cuantitativo los elementos que caracterizan este fenómeno migratorio y que hemos definido anteriormente—, considerando laPage 3motivación principalmente económica del fenómeno, es el de valorar el impacto de la inmigración sobre el mercado de trabajo, el desempleo y los salarios, así como sobre las políticas sociales articuladoras del denominado estado del bienestar (principalmente la sanidad, la educación y el sistema de pensiones), para prestar atención, en último lugar, a otros impactos que se producen sobre las infraestructuras, el transporte y el mercado de la vivienda, así como a la relación de los mismos con la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis bancaria.

El número de personas extranjeras que viven en Cataluña ha pasado de 121.361 en el año 1998 a 1.184.192 a 1 de enero de 2009, y de representar el 1,97% de la población al principio del periodo al 15,86% del año 2009. En términos relativos, la población catalana ha experimentado un crecimiento del 21,47% a lo largo del periodo analizado, y es la aportación de población extranjera el elemento principal de tal crecimiento.

Gráfico 1. Evolución de la población en Catalunya. 1998-2009

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Se trata, sin duda, de un crecimiento muy intenso, pero de proporciones similares a las que ya experimentó Cataluña en otros momentos del siglo XX, en concreto, en las décadas de los años veinte y de los años cincuenta, y —es importante señalarlo— de proporciones incluso inferiores a las tasas de crecimiento que provocó la oleada migratoria de los años sesenta.

Como sabemos, desde un contexto mundial, el actual proceso migratorio no es un hecho aislado y exclusivo de Cataluña, sino que forma parte de un fenómeno global en el que personas de países escasamente desarrollados buscan mejorar sus expectativas y condiciones de vida en países más desarrollados. En el caso de Cataluña, y también en el conjunto de España, sí es característico el retraso con el que empieza este proceso con relación al resto de Europa: en 1998 el porcentaje de extranjeros que vivían en Cataluña y en España era de los más bajos de nuestro entorno (1,6% en el caso español), próximo al de otros países del sur de Europa, pero muy alejado de losPage 4niveles de países como Alemania o Bélgica, alrededor del 9%. A lo largo del periodo que analizamos es cuando España, Irlanda y, en menor medida, Italia se han convertido en los principales receptores de inmigrantes y se sitúan por encima de la media europea, fenómeno que se explica, entre otros motivos —geográficos, políticos, administrativos—, por el desarrollo económico alcanzado en el contexto de la convergencia europea.

Durante estos años, la entrada de personas inmigradas a Cataluña no sólo ha sido intensa en magnitudes, como acabamos de ver, sino también amplia y plural, lo que ha diversificado el origen geográfico de procedencia de la población inmigrada. Si en 1999 las diez nacionalidades más representadas suponían casi el 69% del total de extranjeros, una década después las diez nacionalidades más frecuentes han bajado hasta el 60,6%. Este significativo descenso, consecuencia de esta diversificación, amplía exponencialmente el número de países originarios de la inmigración, haciendo más complejas las políticas públicas y las respuestas colectivas vinculadas a los procesos de integración, acogida y acomodación de esta población.

Gráfico 2. Porcentaje de extranjeros que viven en Cataluña, por nacionalidades. 1999 y 2008.

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En el año 1999 los ciudadanos marroquíes representaban casi un tercio del total de las personas extranjeras que vivían en Cataluña; ellos son los abanderados de esta oleada migratoria. A partir de este momento, lo que se produce no es una reducción de la entrada de marroquíes —más bien al contrario, pues continúa su crecimiento en un 438% entre los años 1999 i 2008—, sino una disolución de su magnitud dentro del gran flujo de personas recién llegadas. Así, en el año 2008, pese a seguir siendo la primera comunidad extranjera en Cataluña —y con gran diferencia respecto a la segunda y la tercera, rumanos y ecuatorianos—, su peso se reduce 14 puntos porcentuales y se sitúa en el 18,94%.

Un factor clave, explicativo de esta diversificación y que comporta otro elemento importante de cambio, es la llegada creciente de una nueva inmigración económica procedente de los países de los antiguos países comunistas del Este de Europa, que, fruto de los progresivos cambios en su estructura política y económica, buscan en la Europa Occidental nuevas oportunidades y mejores condiciones de trabajo y de vida. En el caso catalán, se trata fundamentalmente de personas de nacionalidad rumana, cuya entrada crece a partir del año 2001, de tal modo que este grupo pasa de ser una comunidad minoritaria a la segunda más numerosa, conPage 5espectaculares tasas de crecimiento anual. La comunidad rumana es la comunidad extranjera más numerosa en el conjunto de España, y desde el año 2007 forma parte de la Unión Europea, aunque sus ciudadanos no disfrutarán del derecho a la libre circulación de trabajadores hasta el 1 de enero de 2009.

El tercer gran colectivo inmigrante es el que proviene de América Latina. En este caso, a las comunidades tradicionales que provienen de Perú, Argentina, Colombia y Chile se les añaden las de los países con peores indicadores de crecimiento económico que viven una autentica diáspora de su población, como es el caso de Ecuador y Bolivia.

Por último, hay que mencionar a la población proveniente de los países de nuestro entorno que responde a una lógica migratoria y a unas motivaciones radicalmente diferentes a las expuestas con anterioridad. Es una inmigración que ya no podemos calificar principalmente de económica. Halla su explicación en el contexto de la consecución de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, y presenta rasgos diferenciados muy acusados del resto de la inmigración económica tanto respecto a su edad y nivel de estudios como respecto a la construcción de la imagen social en nuestro imaginario colectivo. Se trata fundamentalmente de personas mayores que no tienen efectos significativos sobre el mercado de trabajo ni generan el rechazo social a menudo ligado a la pobreza, pero que implican un importante impacto sobre el sistema sanitario y sobre otros mercados sensibles como el inmobiliario, con especial énfasis en las segundas residencias de zonas costeras. Es una población que, además, tiene garantizado un estatuto jurídico estable con respecto a su residencia y en el acceso a actividades económicas, y que tiene reconocidos derechos políticos y de participación —que incluyen el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y europeas—, hechos que motivan respuestas públicas diferenciadas en cuanto al acompañamiento de sus procesos de acomodación en nuestra sociedad.

La inmigración no se distribuye de forma homogénea por todo el Estado español ni respecto al porcentaje de inmigrantes ni respecto a la composición por nacionalidades. En Cataluña hay una mayor concentración de personas procedentes de Marruecos, y las comunidades china y argentina también son en su territorio más numerosas que en el conjunto de España. En cambio, es menor la concentración de personas rumanas y provenientes del Reino Unido. Esta distribución no está relacionada con una decisión planificada, sino que es fruto de las propias dinámicas de los flujos migratorios.

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Gráfico 3. Pirámide de población. Población extranjera que vive en Cataluña. 2008

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Continuando nuestro análisis con los elementos de la estructura demográfica —composición por sexo y edad— de la población extranjera, y tal como podemos observar en el gráfico 3, la población extranjera está conformada por personas en edad de trabajar, como ocurre en el modelo típico de la migración económica, y mayoritariamente de género masculino. Las diferencias por género están relacionadas con la nacionalidad y las percepciones culturales que tienen del papel social y laboral de las mujeres: así, la población africana inmigrante está integrada sobre todo por hombres (67%), al igual que la población europea, aunque en menor medida, justo al contrario de la que proviene de Centroamérica y Suramérica, que es eminentemente femenina.

Por último, y con respecto al nivel de estudios, a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) podemos observar que la cualificación de los extranjeros que provienen de la Unión Europea (UE-27, salvo España) es significativamente superior a la de los trabajadores españoles con relación a la educación superior, pero especialmente en el porcentaje de personas que han realizado la educación secundaria, ámbito en el que, como ya es sabido, en España tenemos un déficit importante. Como es lógico, las personas que provienen de América Latina presentan un porcentaje menor de licenciados universitarios, pero también hay menos personas en los niveles más bajos de cualificación, siendo dominante la franja de población con estudios secundarios de segunda etapa. Además, es interesante observar que las mujeres inmigrantes latinoamericanas tienen un nivel de formación más elevado que los hombres procedentes de los mismos países. La EPA sólo distingue una extensa categoría —después de la UE y América Latina— que incluye al resto del mundo y a los apátridas (en nuestro caso, básicamente se refiere a África y Asia, ya que el porcentaje de extranjeros originarios de Canadá, Estados Unidos y Oceanía es muy poco significativo), en la que encontramos, también lógicamente, un importante déficit de cualificación, con niveles significativos de analfabetismo —en este caso, particularmente femenino.

Como sabemos, la teoría económica neoclásica une productividad a cualificación y establece una relación directa entre ambos indicadores; sin embargo, contrariamente, podemos observar que muchos inmigrantes ocupanPage 7puestos de trabajo para los que bastarían una formación y cualificación inferiores a las que realmente poseen.2 En consecuencia, no es tanto la cualificación ni la productividad, sino la disponibilidad real para ocupar determinados puestos de trabajo, lo más determinante en estos contextos de transición demográfica por migración para distribuir los puestos de trabajo disponibles.

Este proceso migratorio concentrado y acelerado, y de magnitud considerable, se ha dado en un contexto demográfico autóctono muy complejo en el que a lo largo de varias décadas se han producido caídas de la tasa de natalidad hasta una cifra muy por debajo del nivel de relevo generacional. Este hecho plantea importantes incógnitas sobre la viabilidad futura de una sociedad con una tasa de envejecimiento muy elevada,³ lo cual afecta no sólo a la estructura social y a las expectativas de futuro colectivas, sino también a aspectos más concretos como el mantenimiento del sistema de pensiones y el relevo de los trabajadores que se van jubilando, sobre todo los cualificados.

El crecimiento de una población se calcula por la combinación de crecimiento vegetativo (tasa de natalidad y tasa de mortalidad) y saldo migratorio. En el crecimiento demográfico catalán del siglo XX, el factor migratorio —básicamente migración del resto del Estado—⁴ es el factor principal de crecimiento demográfico y se mantiene constante a excepción del paréntesis de la Guerra Civil, pero presenta dos momentos álgidos, que son los periodos 1916-1930 y 1955-1975.

Sin embargo, hay que decir que la evolución futura de una determinada población no se puede predecir con exactitud; de hecho, sólo se pueden plantear hipótesis en las que se combinan distintas posibles evoluciones de tasas de natalidad y mortalidad con varios escenarios demográficos con respecto a la inmigración.⁵ No obstante, sean cuales sean estos posibles escenarios, la tendencia de la población catalana a medio y a largo plazo es hacia el progresivo envejecimiento. Así pues, aunque la población seguirá creciendo a corto plazo, se irá reforzando la tendencia hacia un predominio de población adulta. Lo que se puede afirmar es que, tal y como ha sucedido en otros momentos históricos, sólo la entrada de población inmigrada puede retrasar esta tendencia y atenuar sus efectos.

Con independencia de que pueda existir un amplio abanico de motivaciones —más o menos explícitas— que impulsen a las personas a marcharse de su lugar de origen, la gran mayoría de las migraciones contemporáneasPage 8obedecen a motivaciones de tipo económico. La bibliografía económica a menudo ha considerado la migración como un componente más del comercio internacional, en el que, además de mercancías, se pueden intercambiar factores de producción como capital o trabajo.⁶ Esta aproximación está muy extendida en el debate político, que vincula inmigración a desarrollo económico y relaciona a aquélla con las dificultades que tienen los países en vías de desarrollo para introducir sus productos en los mercados de los países centrales y con los elementos estructurales de la situación de desarrollo de una parte importante del mundo.

A lo largo de este estudio hablamos de inmigración económica, es decir, aquella cuya motivación principal es mejorar las expectativas de las personas que deciden dejar su comunidad para encontrar mejores oportunidades. En la bibliografía económica, tradicionalmente se ha analizado la decisión individual de emigrar de la misma manera que la decisión individual de formarse: es decir, como una inversión que supone unos costes y unos rendimientos que se van sucediendo a lo largo de la vida de las personas. Así, la persona decidirá inmigrar si tiene expectativas de que esta “inversión” produce unos rendimientos positivos a lo largo de su vida y para sus descendientes.

De acuerdo con lo expuesto, en el análisis de la decisión de inmigrar existen factores que son propios del lugar de origen, factores de expulsión (PUSH),⁷ y otros que son los que hacen atractivo el lugar de destino (PULL). En general, estos últimos tienen que ver con las oportunidades de conseguir un puesto de trabajo apropiado, una remuneración, pero también intervienen otros aspectos, como el sistema impositivo y las prestaciones del estado del bienestar, además de otros aspectos de tipo social, como pueden ser los culturales, los religiosos y los políticos.

Como ya hemos explicado, no es objeto de este artículo profundizar en los factores de expulsión de los países de origen. Para una primera aproximación, hay bastante con analizar los datos que nos proporciona el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD,⁸ a partir de los que podemos constatar las enormes diferencias existentes entre los distintos países no sólo en renta por cápita, sino en otros aspectos primordiales como el acceso a la educación y la cultura o la sanidad, por no mencionar otros elementos como las condiciones medioambientales o las libertades políticas. A medida que las diferencias se van incrementando, empujan hacia la migración como única posibilidad real de mejorar las expectativas para una vida digna. Así, debemos constatar que nos encontramos ante un fenómeno global, de alcance mundial, que durante estos últimos años ha afectado a los países más desarrollados de Europa y, como vemos, con especial intensidad a España y particularmente a Cataluña, pero que tiene las raíces profundas fuera de este territorio, en la fractura entre el Norte y el Sur.

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Antes de entrar en el análisis de los efectos del fenómeno en el mercado de trabajo y en el estado del bienestar, puede ser útil indicar algunos de los elementos que han determinado que este flujo migratorio tenga España, y sobre todo Cataluña, como uno de los principales destinos a lo largo de estos años.

En primer lugar, hay que señalar como principal factor de atracción las oportunidades laborales en un contexto de crecimiento económico, aspecto que contextualiza toda la parte central de este artículo. En segundo lugar, sin embargo, hay que señalar como posible factor de atracción la regulación jurídica, inicialmente inadecuada para dar respuesta a la complejidad del fenómeno y excesivamente fluctuante, cambiante e imprecisa, que ha propiciado regularizaciones basadas en la residencia, de modo que la inmensa mayoría de los extranjeros no comunitarios que viven en España parten de una situación inicial de ilegalidad.

Y es que, efectivamente, las oportunidades de encontrar trabajo están inexcusablemente ligadas al hecho de que se creen nuevos puestos de trabajo. En Cataluña este factor ha sido muy intenso a lo largo de todo este periodo;9 así, pueden cuantificarse alrededor de 1.300.000 nuevos puestos de trabajo de los que los recién llegados han ocupado unos 600.000. No se trata exclusivamente de que hayan ocupado los puestos de trabajo nuevos, sino de que se ha producido un desplazamiento de trabajadores que abandonan determinados trabajos manuales considerados precarios o con condiciones poco adecuadas, realizados ahora por los inmigrantes, mientras los trabajadores autóctonos se desplazan hacia empleos de tipo administrativo. Además, la oferta de trabajadores “de bajo coste” ha propiciado que las unidades familiares incrementaran su demanda: es el caso de personas que trabajan como cuidadores de niños o ancianos, lo cual permite, entre otras cosas, que una parte de la población femenina autóctona se integre de forma plena en el mercado de trabajo¹⁰ y que aumenten los ingresos de la unidad familiar.

Otro factor es el relacionado con la especialización productiva española, que ha generado una gran demanda de mano de obra poco cualificada para el sector de la construcción y para los puestos de trabajo con frecuencia de temporada del sector turístico.

Por último, existe una demanda de mano de obra irregular que resulta difícil de cuantificar.¹¹ Proviene de la economía sumergida y halla en los inmigrantes principalmente irregulares trabajadores sin capacidad reivindicativa y dispuestos a aceptar condiciones laborales y salariales muy bajas. El crecimiento económico, que siempre actúa favoreciendo el incremento del empleo regular, ha permitido que trabajos de la economía sumergida pasaran a trabajos regulares, en un nuevo desplazamiento. Las sucesivas regularizaciones han propiciado el empleo regular para una parte importante de inmigrantes, que habían trabajado de forma irregular en razón a su situación administrativa. Sea como fuere, la economía irregular no ha desaparecido y ha seguido demandando un flujo de trabajadores para sustituir a las personas que han encontrado empleo en el mercado de trabajo convencional.

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Existen dos situaciones que nos permiten obtener una primera fotografía. Por un lado, una parte de los puestos de trabajo estaban en la economía sumergida debido a la falta de otro tipo de mano de obra disponible, y, cuando la normativa lo ha permitido, estos trabajadores se han acogido a los procesos de regularización.¹² Pero, por otro lado, hay sectores para los que trabajar en la economía sumergida es una forma de abaratar costes y eludir controles; por ello han seguido trabajando y demandando mano de obra irregular, aprovechando la presencia de trabajadores inmigrantes en situación irregular.

Gráfico 4. Evolución del empleo en Cataluña, por sectores.

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En el estudio sobre la relación entre la inmigración y el mercado de trabajo encontramos dos tipos de aproximación que se pueden identificar con las dos corrientes que, desde perspectivas distintas, analizan los hechos relativos al mercado de trabajo.

Por un lado, existe lo que podemos denominar aportación neoclásica. Se centra en el propio mercado de trabajo y en los efectos que provoca la inmigración sobre la economía con respecto a salarios y desempleo, o incluso en los efectos sobre el PIB. Hay que tener en cuenta dos aspectos principales: por una parte, si el hecho de incorporar al mercado a trabajadores inmigrados “quita el trabajo” a los trabajadores autóctonos y, por lo tanto, se incrementa el desempleo de estos últimos, y, por otra parte, qué impacto tiene la entrada de inmigrantes sobre los salarios de los trabajadores nacionales. Para analizar este impacto, diferenciamos dos alternativas: que los trabajadores recién llegados sean sustitutivos (realizan los mismos trabajos que los trabajadores del país) oPage 11complementarios (realizan tareas distintas a las que llevan a cabo los nacionales). Si son sustitutivos, y, por lo tanto, compiten por los mismos puestos de trabajo que los nacionales, provocarían un incremento en la oferta de trabajo que tendría efectos sobre los salarios (en un modelo de ajuste oferta-demanda, cuando sube la oferta y la demanda se mantiene estable se producirá una bajada de precios, en este caso, de los salarios) y sobre el empleo. Si, por el contrario, son complementarios, es decir, no sólo no ocupan los mismos puestos de trabajo sino que, además, la aportación puede hacer crecer la productividad de los trabajadores nativos (si son complementarios de alta cualificación, aumentando la productividad del conjunto de la economía, y, si lo son de baja cualificación, liberando mano de obra local de ciertos trabajos y permitiendo que se dedique a tareas de mayor productividad), entonces no afectarían negativamente al empleo de los nacionales ni a los salarios, e incluso se podría provocar un incremento de los salarios de los trabajadores locales.¹³ Los estudios analizados optan por considerar que la migración tiene un carácter fundamentalmente complementario.¹⁴ En el caso español, la entrada de población inmigrada coincide con un fuerte descenso de la tasa de paro y un importante incremento de la tasa de empleo, particularmente del empleo femenino. Hay que destacar el hecho de que la población local abandona ciertas tareas relacionadas con el trabajo manual y pasa a ocupar trabajos administrativos y de servicios. Asimismo, la política de cuotas en la que se definen empleos donde faltan trabajadores locales y se ofrecen a trabajadores foráneos refuerza esta idea de complementariedad.

En consecuencia, la evidencia indica que la entrada de inmigrantes no habría tenido efectos negativos sobre los salarios ni sobre el desempleo de los trabajadores locales, ya que no compiten por los mismos puestos de trabajo.

Es interesante hacer mención de los trabajos que se realizan desde la aportación crítica, que denominaremos aproximación de la segmentación, relativos al fenómeno migratorio. De hecho, dicha aproximación propone interpretar los mismos hechos pero partiendo de una concepción muy distinta del mercado de trabajo¹⁵ y de la dinámica del capitalismo. En este caso, el mercado de trabajo es una institución en la que se resuelven los conflictos sociales y se defienden los intereses de cada grupo. Desde esta óptica, no se puede entender la inmigración como un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica más amplia en la que, en un contexto de globalización y libre circulación de mercancías y capital, la circulación de personas responde a la misma lógica. En este sentido, pues, las migraciones tienen que entenderse como la respuesta a una demanda de trabajo por parte de las empresas, que buscan profundizar en la segmentación del mercado laboral y ofrecer puestos de trabajo en peores condiciones que las que serían aceptables para los trabajadores locales, creando segmentos diferenciados, en condiciones laborales muy distintas. El hecho de que estos puestos de trabajo de salarios inferiores y mayor precariedad sean ocupados por extranjeros facilita la segregación del resto de trabajadores. Ésta es una estrategia empresarial cuyo objetivo es abaratar gastos y no mejorar las condiciones laborales de estos sectores. Cuando en un sector se incrementa la demanda de trabajo, la respuesta del mercado debería ser el aumento de salarios. Si, en vez de aumentar salarios, se propicia la entrada de trabajadores extranjeros dispuestos a trabajar en peores condiciones, no suben los salarios y se incrementan los beneficios de las empresas, que reducen los costes laborales.

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Cuando hablamos del impacto de la inmigración sobre el estado del bienestar, nos referimos como mínimo a dos cosas distintas:

a) el impacto sobre la calidad del servicio recibido por el usuario, y

b) el impacto sobre la sostenibilidad financiera.

Con respecto a la primera cuestión, es evidente que la entrada masiva y no planificada de nuevos usuarios en cualquier servicio público supone el riesgo de deteriorarlo e incluso de colapsar el sistema. En el caso de Cataluña, hablamos de un millón de personas a partir de una población inicial de unos seis millones. Los servicios que se ven más directamente afectados son el sistema de pensiones, el sistema sanitario, los servicios sociales y el sistema educativo.

En cualquier caso, antes de realizar un análisis más detallado, habría que tener en cuenta que el impacto de la entrada de nuevos usuarios no es siempre el mismo en todo el territorio, puesto que los inmigrantes no se distribuyen homogéneamente y no todo el sistema llega a tener el mismo grado de saturación. Son determinadas escuelas y los centros de salud de algunos barrios los que sufren con especial virulencia la saturación de los servicios. También hay que señalar que una parte de la población autóctona, particularmente aquella que dispone de más recursos, abandona el servicio público y se desplaza hacia el servicio privado; esto es lo que ocurre en ámbitos como la sanidad y la educación.

El servicio público que ha notado con más fuerza el impacto de la población recién llegada ha sido el educativo. En el curso 1997-1998,¹⁶ en la escuela primaria catalana había 9.889 estudiantes extranjeros, que representaban el 2,76%, en un contexto en el que la escuela perdía alumnado por causas demográficas. Al cabo de diez años, en el curso 2007-2008, el número de estudiantes extranjeros ya suma 59.992 personas y significa el 14,83% del total del alumnado, y el número global de estudiantes se ha incrementado en un 12,80% gracias a esta aportación. El análisis cuantitativo no refleja la complejidad de un fenómeno en el que conviven problemas como el desconocimiento del idioma, carencias en la escolarización previa o la integración en la escuela una vez empezado el curso escolar, entre otros. Hechos como una inicial falta de recursos económicos y profesionales preparados para hacer frente a una nueva realidad, un sistema de asignación de escuela no planificado que provoca la concentración de estudiantes extranjeros en determinadas escuelas, particularmente en las de la red pública, y, dentro de ésta, en algunas en concreto,¹⁷ y la huida del alumnado local hacia la escuela concertada, nos conducen a una situación en la que resulta complicado que la escuela cumpla su función de avanzar hacia la igualdad de oportunidades o conseguir la integración plena de los inmigrantes de segunda generación, y dificultan el ineludible objetivo de mejorar el capital humano de las próximas generaciones.

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Con respecto a la sanidad,¹⁸ igual que en la educación, la entrada de un importante volumen de población tiene un impacto sobre la congestión del servicio, a no ser que, paralelamente, se produzca un incremento de la oferta asistencial. Esta congestión ha afectado de forma más intensa a los servicios de especialistas y urgencias hospitalarias, que son servicios más difíciles y más caros de redimensionar que la atención primaria.

En cuanto a la utilización de los servicios por parte de los usuarios, parece que las personas inmigradas no tienen un comportamiento distinto al de la población autóctona, una vez controlados los factores sociodemográficos (edad, género, renta y nivel de estudios). Lo que sí se ha constatado es un desplazamiento de la población autóctona hacia la doble cobertura (pública y privada), es decir, una mayor demanda de servicios privados, relacionada con la saturación de los servicios públicos.

Con respecto a las prestaciones de desempleo, el sistema español requiere un periodo mínimo de cotización de un año antes de generar derecho a prestación. Por este motivo, a las personas inmigradas, que tienen un mayor porcentaje de trabajos precarios, en la economía sumergida o en el trabajo doméstico (que no genera derecho a desempleo), les cuesta más alcanzar este derecho. La crisis económica ha incidido con especial intensidad en el colectivo de inmigrantes, que representan el 25% del total de desempleados (EPA 2º trimestre 2009) y cobran el 13% de las prestaciones (MTI). Como era de esperar, las elevadas tasas de paro han puesto sobre la mesa el debate sobre el retorno de inmigrantes, una cuestión que analizaremos brevemente en el apartado de conclusiones.

En lo relativo al impacto de la inmigración sobre la sostenibilidad financiera, básicamente se ha planteado en términos de mantenimiento global del sistema y, particularmente, de las pensiones.¹⁹ El debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones no es una preocupación reciente, tiene un componente ideológico y se plantea en términos de pensiones públicas o privadas, de capitalización o reparto. El punto central es cuántas personas activas necesitamos para hacer frente a la población dependiente. El incremento de la población ocupada, una parte importante de la cual ha sido población inmigrada, ha mejorado la solvencia del sistema público de pensiones a corto plazo y ha permitido ir creando un fondo de reserva para afrontar las necesidades futuras. A pesar de ello, no se ha conseguido revertir la tendencia demográfica hacia el envejecimiento, ya que muchos de los recién llegados pertenecen a grupos de edad central en los que las cifras de población autóctona ya eran importantes. Estos nuevos trabajadores generarán asimismo derecho a pensiones, bien porque se jubilen en España o bien por los convenios existentes con los países de origen. Por lo tanto, de momento sólo se ha aplazado la bancarrota financiera del sistema, pero no se han establecido las bases para la viabilidad futura.

La llegada de un millón de personas también tiene un fuerte impacto en otros sectores, por ejemplo los de las infraestructuras de transporte, los sistemas de transporte público o la producción de energía, que estaban dimensionados para un número de usuarios determinado o bien previstos para hacer frente a la demanda derivadaPage 14de un crecimiento lento de la población a lo largo de varias décadas. El aumento de población hace que, de repente, tengan que realizarse nuevas inversiones.

Un tema diferente es el impacto sobre otros mercados, como el de la vivienda. La entrada de nueva población ha coincidido con lo que se ha denominado burbuja inmobiliaria. La llegada de un millón de personas representa un gran impulso en la demanda de vivienda, pero habría que diferenciar la demanda que deriva de la inmigración económica de la que proviene de los países de nuestro entorno económico. Estos países se han centrado en la demanda de segunda residencia en municipios costeros, a veces para residir en ellas todo el año o bien una parte del mismo, y, en otros casos, como inversión para alquilar en periodos vacacionales. Ello ha provocado un gran incremento tanto de los precios de la vivienda como del número de proyectos urbanísticos previstos, que en muchas ocasiones ha sido muy superior a la demanda de la población del municipio donde se han llevado a cabo.

Con respecto a la inmigración económica, el recorrido²⁰ realizado por estas personas a través del mercado inmobiliario habitualmente empieza con el subarrendamiento, en condiciones a menudo infrahumanas, y prosigue con el piso compartido y la compra de vivienda. Las viviendas que ocupan los inmigrantes, bajo una u otra forma de tenencia, son las más degradadas; de hecho, muchas veces se trata de viviendas que estaban fuera del mercado y que han sido reintroducidos en el mismo por esta nueva demanda.

El mercado de alquiler ha sido una opción minoritaria debido al escaso desarrollo que tiene en España y a las reticencias que han encontrado los inmigrantes para que se les alquile una vivienda. Asimismo, la falta de una verdadera política de vivienda social ha hecho inviable esta opción, que ha sido habitual en países de nuestro entorno.

La compra se ha convertido en la única alternativa habida cuenta de las facilidades para acceder al crédito que el sistema financiero proporcionaba en un contexto de expansión. Así, la revalorización de viviendas provocada por la nueva demanda y la venta de viviendas a inmigrantes han comportado dos consecuencias:

1. La concentración de inmigrantes en los barrios donde la vivienda es más barata, con frecuencia en los núcleos históricos o en los barrios obreros. En este sentido, se ha añadido una nueva variable a los barrios que ya contaban con un amplio historial de carencias y dificultades.

2. Dichas circunstancias se han convertido en el combustible para el crecimiento del mercado inmobiliario, ya que, con el dinero de la venta de estas viviendas, muchas personas pudieron acceder a otras nuevas y situadas en barrios de más renta. Así se inició una rueda de compras, ventas e incrementos de precios que, junto con otros factores,²¹ se encuentra en la base de la burbuja inmobiliaria.