El estado actual de la Abogacía española

Autor:Victoria Ortega Benito
Cargo:Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
Páginas:9-13
 
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El estado actual de la Abogacía española 9
RJUAM, n.º 34, 2016-II, pp. 9-13ISSN: 1575-720-X
EL ESTADO ACTUAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
I. EL PAPEL DE LA ABOGACÍA
Tiene razón Antonio Garrigues cuando afi rma que la Abogacía española compite de
igual a igual, y en muchos casos con superioridad, con el resto de las Abogacías europeas, si
acaso excluyendo a la británica. Buena prueba de ello es que muchos despachos españoles
están entre los primeros de Europa y su trabajo es reconocido por todos. Tenemos mejores
abogados en el acceso a la profesión, como consecuencia de la Ley de Acceso, y excelentes
abogados que se forman permanentemente como exige nuestra profesión. Pero también
es cierto que hasta hace poco, la Abogacía era una actividad casi artesanal, sin una visión
empresarial y tecnológica. Sin embargo, la globalización, los rápidos avances científi cos y
tecnológicos, la incesante producción legislativa y los profundos cambios sociales plantean
nuevos desafíos a los que el Derecho como sistema de convivencia debe dar respuesta y que
exigen también de cada abogado nuevas aptitudes y una nueva actitud.
En la Abogacía estamos sufriendo una durísima competencia: si hace veinte años había
en nuestro país 45.000 abogados, hoy somos 150.000 los que competimos por un mercado
limitado. No hay más pleitos porque haya más abogados. Sí hay peligros o amenazas que
acechan a la profesión como el intrusismo o los servicios jurídicos paralegales que pueden
conducir a la inseguridad jurídica, a la mercantilización del derecho, a la oferta de servi-
cios low cost que no garanticen calidad ni seguridad jurídica o al uso de herramientas que
pueden poner en peligro la confi dencialidad de la información que manejamos y el secreto
de las comunicaciones.
La Abogacía tiene que cambiar y adecuarse a las exigencias del tiempo en que vive,
pero nunca puede ser una mercadería intercambiable con otros servicios, ni un mal entendido
complemento de servicios fi nancieros o de consultoría. Desempeña una función esencial
para la construcción del Estado y la defensa diaria de los derechos de los ciudadanos.

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