Las víctimas del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la Corte Penal Internacional

Autor:Laurence Burgorgue-Larsen
Cargo:Catedrática de Derecho público en la Universidad de Paris I ? Panthéon Sorbonne Directora del Centro de Investigación y de Estudios en Derechos Humanos y en Derecho internacional humanitario (CREDHO)
Páginas:101-124
RESUMEN

Introducción.— I. Las víctimas, testigos al juicio internacional:. A. El rol de la Dependencia de Víctimas y Testigos. B. El rol del Fiscal y de los Magistrados. La protección de las víctimas antes y durante el juicio: 1. Protección antes del juicio. 2. Protección durante el juicio.— II. Las víctimas, actores del juicio internacional: A. La participación indirecta a la iniciación de la acción pú... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

La existencia de un status de la víctima delante de la Corte Penal Internacional (CPI) —es decir en el proceso judicial penal inter-nacional— puede considerarse como un milagro 1. Pues, tradicionalmente, el derecho internacional público se presenta como un derecho interestatal; es decir como un derecho que arregla las relaciones entre los Estados soberanos, aún en casos de conflictos armados.

Durante siglos, el daño hecho a los paisanos durante los conflictos podía ser, en el mejor de los casos, compensado por indemnizaciones de guerra otorgadas al gobierno del país de la víctima, según el principio sobre la base del cual es el Estado que representa a sus nacionales. Así se presentaba el estado del derecho después

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de la segunda guerra mundial 2. Los famosos Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de guerra y sus protocoles adicionales del 8 de junio de 1977 ponen perfectamente de manifiesto este dato. Lo que importa, delante de la perpetuación de crímenes, es sancionar a los culpables: el «centro» está puesto sobre el crimen y su sanción 3. Así, estos convenios preven la necesidad de sancionar del punto de vista penal a los responsables de los crímenes de guerra, pero en ningún momento arreglan la cuestión de la indemnización de las víctimas o por ejemplo la posibilidad de intervenir en el juicio de los delicuentes.

De manera paralela, a lo largo del siglo XX y después de la segunda guerra mundial, un fenómeno opuesto se desarrolló: la emergencia del individuo en la óptica de la defensa de sus derechos fundamentales. Este fenómeno debilita o a lo mejor matiza la afirmación preliminar de esta introducción según la cual el derecho internacional público es única y tradicionalmente un derecho interestatal. Los Convenios de protección de los derechos humanos han permitido que los derechos fundamentales de la persona humana sean no solamente esgrimidos en tratados de todo tipo, pero sobre todo protegidos y, en el mejor de los casos, de manera jurisdiccional. Tanto el Convenio europeo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950 —al origen de la creación de la Corte europea de los derechos humanos de Estrasburgo 4 — cómo la Convención interamericana de los derechos humanos de 1969 —a raíz de la cual fue creada la Corte intera-

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mericana de San José 5— son las manifestaciones de la sofisticación de la garantía internacional.

Hay que insistir al respeto sobre la influencia sumamente positiva del pensamiento en materia de derechos humanos sobre la evolución del derecho internacional humanitario cuyo objeto es de arreglar de manera la más «humanista» posible, lo que ciertos llaman el «arte de la guerra». Así, paulatinamente, la multiplicación de los tratados relativos a la protección de los derechos humanos han invadido la esfera del derecho de la guerra —el jus in bello— con la idea según la cual las víctimas tienen un derecho individual a la indemnización de su daño, es decir un derecho totalmente desconectado del Estado de la nacionalidad de las víctimas 6. El 29 de noviembre de 1985, un paso importante está hecho a cerca del reconocimiento de los derechos de las víctimas con la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia relativos a las víctimas del delito y a las víctimas de los abusos de poder 7. Esta declaración presenta de manera general el conjunto de los derechos de las víctimas del delito: acceso a la justicia y trato justo (puntos 4

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a 7), resarcimiento (puntos 8 a 11), indemnización (puntos 12 a 13), asistencia social (puntos 14 a 17).

Este reconocimiento al nivel internacional de los derechos de las víctimas se quedó sin embargo durante un par de años en un estadio meramente simbólico. Los conflictos armados sangrientes que estallaron despues de 1985 no desembocaron sobre la creación de mecanismos irreprochables en lo que concierne las víctimas y sus derechos. Dos ejemplos bastaron a mostrarlo. Después de la segunda Guerra del Golfo de 1991 8, el Consejo de Seguridad creó una comisión encargada de examinar las demandas cuyo orígen se encontraba en la ocupación del Koweït 9. Empero, el derecho individual de las víctimas a obterner reparación no estuvo consagrado, ya que la Comisión examinaba los informes introducidos por el intermedio de los sólos Estados… En el mismo orden de ideas, cuando los Tribunales penales ad hoc fueron constituidos en 1993 y 1994 —con el fin de sancionar los crímenes los más insoportables que fueron cometidos sobre los territorios de la anti-gua Yugoslavia y del Ruanda— las víctimas fueron sido totalmente ignoradas. El Tribunal de La Haya (TPIY, Países Bajos) como el Tribunal de Arusha (TPIR, Tanzania) crearon Reglas de Prueba y de Procedimiento (RPP) enteramente basadas sobre el modelo anglo-sajon que prevé únicamente para las víctimas medidas de protección en cuanto testigos, lo que sí es importante, pero no suficiente 10.

De manera opuesta, el Estatuto de Roma consagra un avance importantísimo, materializando de manera concreta y efectiva a la escala internacional el espíritu de la Declaración de 1985. Si tal

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resultado pudo ser obtenido, si un status ad hoc para las víctimas ha sido pensado e integrado en el Tratado de creación de la CPI, fue merced a la alianza de varios Estados —entre los cuales Fran-cia, que jugó un papel significativo al respeto— y varias ONG quienes lucharon para hacer desaparecer los fracasos notorios que se manifiestaron durante los juicios en La Haya y en Arusha. Así, los negociadores del Estatuto se acrodaron para que un papel sobresaliente sea atribuido a las víctimas en el proceso penal internacional. Primero y de manera clásica están implicadas cómo testigos al juicio, pero hoy día están involucradas sobre todo como actor del juicio penal internacional 11.

Antes de examinar estos dos sobresalientes puntos, hay que tomar el tiempo de formular una pregunta previa. ¿De qué se trata cuando uno habla de las víctimas en el proceso penal internacional? ¿Es únicamente una víctima una persona física o se puede también imaginar que las personas jurídicas son igualmente víctimas, que sean personas jurídicas privadas o públicas? El otro dilema es de saber si los derechohabientes pueden considerarse también como víctimas. No fue fácil acordarse sobre una definición ya que las oposiciones, durante las negociaciones del Estatuto de Roma, se manifestaron con fuerza. El estado del derecho existente en la materia era diverso.

Por un lado, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia de 1985 —artículos 1 y 2— incluía en la definición de la noción de víctima, tanto las víctimas directas, como los miembros de la familia, los derechohabientes y aún las personas que han sufrido un perjuicio al ayudar una víctima. En ningún momento y de cualquiera manera se podía interpretar tal definición como la inclusión de las personas jurídicas 12. Por el otro lado, la Resolución del Consejo de Seguridad 687/91 en su parráfo 16 preveía que Irak estaba responsable por todos los daños —incluso los

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daños contra el medio ambiente— y los perjuicos directos sufridos por Estados extranjeros, personas físicas y sociedades extranjeras a causa de la invasión y ocupación ilícita del Koweït 13. La Comisión de indemnización constituida sobre la base de esta resolución ha, por ende, utilizado una concepción muy amplia de la noción de víctima incluyendo a las personas morales. Así, para obtener una indemnizacion, las pérdidas comerciales indirectas padecidas por sociedades extranjeras fueron tomadas en consideración 14. En oposición radical con estos textos, las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP) de los Tribunales ad hoc no tomán en consideración a los derechohabientes y a las personas jurídicas. Se preocupan únicamente de las «personas físicas contra las cuales un delito de competencia del Tribunal ha sido cometido» 15.

Al fin y al cabo, se llegó a un compromiso con la creación de la Corte Penal Internacional; no en el Estatuto de Roma en sí mismo, sino en las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP) que fueron aprobadas por la Comisión preparatoria el 12 de julio de 2000 16 y adoptadas definitivamente por la Asemblea de los Estados Partes durante su primera sesión en septiembre de 2002 17. Así, la regla 85 va más allá de lo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba de los tribunales ad hoc incluyendo a los miembros de la familia y a los derechohabientes como víctimas, pero introduciendo en el mismo tiempo límites para evitar una extensión illimitada hacia un perjuicio indirecto. En lo que concierne la cuestión de las personas jurídicas, el §2 de la regla 85 enumera una serie de instituciones y organizaciones cuyo perjuicio puede ser indemnizado. Se trata de instituciones a fines humanitarios que se consagran a la religión (Iglesias, Mosques…) a la enseñanza (escuelas, universidades..), a los artes, a las ciencias…que, sufriendo un perjuicio directo por la perpetuación de crímenes de competencia de la Corte, podrán presentarse como víctimas delante de aquella. Estos crímenes, según el artículo 5 del Estatuto, son los crímenes los más graves que afectan al conjunto de la Comuni-

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dad internacional, a saber, el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra y cuando los Estados se hubieran puesto de acuerdo sobre la definición de la agresión, el crimen de agresión hará también parte de la competencia ratione mate-riae de la Corte 18. Desde el 1.º julio de 2002 el Estatuto de Roma ya está en vigor. Los diez y ocho magistrados —elegidos por la Asamblea de los Estados Partes (artículo 36§6.a)— ya están en puesto
19, tanto el Fiscal jefe —el Argentino Luis Moreno Ocampo 20— cómo la...

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