Vías de control de la legalidad de la actuación empresarial

AutorJesús Cruz Villalón
Cargo del AutorCatedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Sevilla
Páginas83-94
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
83
12. Vías de control de la legalidad de la actuación
empresarial
12.1 Distribución funcional de vías de control
En muchas ocasiones la dificultad en la práctica de toda esta mate-
ria puede encontrarse no tanto en la perspectiva sustancial, de de-
terminar conforme a los precedentes criterios qué datos personales
del demandante de empleo pueden o no ser obtenidos y tratados
por el empleador en esta fase de la selección y contratación, cuanto
en la perspectiva procedimental, relativa al modo como se puede
reaccionar frente a conductas empresariales presuntamente con-
trarias a los imperativos legales previamente analizados.
En este contexto ha de analizarse tanto la posible actuación judicial
directa, a resultas de una demanda interpuesta por el demandan-
te de empleo, como una actuación administrativa de control de la
legalidad, que, en este caso, podría canalizarse por una triple vía:
Agencia Española de Protección de Datos u órganos homólogos
de las Comunidades Autónomas (APD), Autoridad Laboral (AL),
así como la institución estatal o autonómica competente para re-
solver las reclamaciones relativas a la responsabilidad patrimonial
del Estado. Siendo diversas las vías de actuación, ello requiere, de
un lado, perfilar cuál es la función o competencia encomendada a
cada instancia, y, de otro lado, establecer reglas que conjuren los
posibles riesgos de que se dicten resoluciones contradictorias entre
las diversas instancias competentes.
Así, por lo que se refiere al reparto funcional, a la autoridad admi-
nistrativa de control de la legalidad, le corresponde esencialmente
el ejercicio de las competencias de inspección y relativas a la po-
testad sancionadora administrativa. Por su parte a la autoridad ju-
dicial le corresponde el ejercicio de la actividad jurisdiccional res-
pecto de demandas interpuesta directamente por los particulares
de condena a las empresas, que pueden comportar el resarcimiento
indemnizatorio por daños y perjuicios, aparte de corresponderle

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