«El valor de los bienes en la ejecución»
| Autor | M.ª Fernanda Moretón Sanz |
| Cargo | Profesora Contratada Doctora del Departamento de Derecho Civil de la UNED y Secretaria de IDADFE |
| Páginas | 1409-1416 |
Page 1409
PÉREZ GARCÍA , Máximo Juan, El valor de los bienes en la ejecución . Prólogo de Antonio-Manuel MORALES MORENO . Colección Cuadernos de Derecho Registral dirigida por Antonio PAU , Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2007, 329 págs.
(In Memoriam al profesor doctor don Manuel A MORÓS GUARDIOLA , Catedrático de Derecho Civil, Registrador de la Propiedad, Académico de Jurisprudencia y Legislación y Maestro de Maestros...)
Antes de adentrarnos en la obra, conviene tener en cuenta los antecedentes bibliográficos de su autor, joven Profesor Titular de Derecho Civil y autor prolífico de otros tantos trabajos de importancia que atestiguan la calidad y solidez de su línea de investigación. Así y, entre otros, podemos destacar: «La difusión de la jurisprudencia a través de las nuevas tecnologías: un instrumento al servicio de la seguridad jurídica» ( ADC, LVIII, 1, 2005, págs. 189-210); «La responsabilidad del propietario-arrendador y del arrendatario-subarrendador por la extinción del subarriendo: la consolidación de una doctrina jurisprudencial (a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de febrero de 2002)» ( ADC , LVI, 2, 2003, págs. 811-828); «La ineficacia de la liquidación de la sociedad de gananciales: estudio jurisprudencial» ( ADC , LV, 1, 2002, págs. 225-255); «El derecho de acogimiento a la casa y su oponibilidad a los terceros adquirientes (comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 28 de noviembre de 2000)» ( ADC , LIV, 4, 2001, págs. 1723- 1740); «El sistema de ejecución de la prenda y el pacto comisorio: el artículo 1.872 del Código Civil», en Garantías reales mobiliarias en Europa (coord. por LAUROBA LACASA, MARSAL GUILLAMET , 2006, págs. 601-611); «La función de los Notarios y de los Registradores: aplicación del Derecho y control de legalidad», en el libro al Maestro de Maestros recientemente fallecido Profesor Manuel Amorós Guardiola , donde el Profesor PÉREZ GARCÍA tuvo la fortuna de rendirle en vida su particular homenaje con un tema bien querido por el que además de Catedrático de Derecho Civil fuese Registrador y Académico (tomo 2, 2006, págs. 2779-2813).
Además de los artículos mencionados e incluidos en una de las revistas de mayor impacto entre la doctrina civilística y de sus participaciones en distintos volúmenes colectivos, se añaden otras obras monográficas del Profesor PÉREZ GARCÍA como Derechos de crédito y Registro de la Propiedad: Una propuesta de lege ferenda, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2005, y La protección aquiliana del derecho de crédito, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2005.
En buena lógica y con dichos antecedentes, no cabe duda que la obra que se comenta en estas líneas se emprende con la acertada elección del tema y dedicando, por cierto, el autor la monografía «a los que creen que desde la Universidad se puede contribuir a que el mundo sea más justo y mejor… pese a que el esfuerzo y sacrificio personal de “los universitarios” no siempre recibePage 1410su justa recompensa». Sin embargo y pese al hálito que dichas palabras dejan entrever, no hay mejor certeza que la lectura de esta investigación para constatar que el trabajo riguroso y científico tiene, finalmente, la mejor recompensa, que no es otra que la oportunidad de compartirla por quienes afrontan el reto de ahondar en las intrincadas complejidades del sistema de ejecución de los bienes y la propia función de las subastas y que con este volumen, a buen seguro, podrán despejarse.
Por tanto el primer acierto es el objeto de investigación, referido como hemos señalado al análisis del valor de los bienes en la ejecución, materia en la que el legislador al día de hoy no ha sabido imponer certezas y seguridad jurídica para las partes afectadas. En este sentido, uno de los intentos como fue la reforma en el año 1992 de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil y del procedimiento de ejecución pretendía una participación más activa de la ciudadanía y evitar con ello que fuese coto de los denominados «subasteros». Si la repercusión pública de la modificación gracias a los medios de comunicación fue importante, acercándose muchos interesados a informarse; este interés inicial no se materializó en ninguna postulación activa, dada la tecnicidad del procedimiento, la dificultad de entendimiento y por último, los propios riesgos que asumen si no se cuenta con la suficiente información y garantía de la adquisición libre de cargas.
A estos antecedentes se añade la evidencia que destaca el Profesor PÉREZ GARCÍA referida a que, cuando menos, el precio que se obtiene no es el de mercado. En definitiva, una de las reformas pendientes en este Estado es la modernización de la Oficina Judicial que si bien emprende ahora el iter parlamentario, veremos si además de la necesaria informatización de la Administración de Justicia, se ve acompañada por un auténtico compromiso presupuestario que elimine la falta endémica de medios y dotación económica. Si a la deseable y ya innegociable reforma y mejora de la justicia se crea la sugerente propuesta del autor de la monografía de crear una unidad de información dependiente del Ministerio, separada e independiente de la oficina judicial, con ello se sortearía también la prohibición que pesa sobre los funcionarios de asesorar sobre los procedimientos y mejoraría la totalidad de los trámites en la materia.
Por otra parte, sabido es que el momento económico por el que atraviesa la economía mundial ha tenido incidencia directa sobre la hipoteca y sus vicisitudes, ya que si el comportamiento de las entidades prestamistas es restrictivo se ha incrementado al tiempo las ejecuciones hipotecarias de los créditos impagados y concedidos en momentos de bonanza económica. En particular esta última cuestión ha sido destacada por el Consejo General del Poder Judicial que «sitúa la ejecución hipotecaria en niveles de crecimiento que hará que...
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