España y Uruguay: elementos para el análisis de la co-gestión de servicios por el tercer sector

AutorCecilia Rossel Odriozola
Páginas147-181

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Introducción

Como se señaló en párrafos anteriores, el análisis comparativo de la co-gestión como modelo de colaboración entre Estado y tercer Sector y como nueva matriz de implementación de políticas en España y uruguay, exige claridad respecto a la relevancia sustantiva de ambos, y también respecto a las principales diferencias y puntos de contacto que vuelven pertinente la comparación.

A la hora de presentarlos como casos, lo lógico es tener en cuenta los factores que influyen en que un país presente determinados patrones en su relación Estado-tercer Sector.

La literatura destaca como factor clave para el análisis las configuraciones históricas de Estado y sociedad civil. tanto la matriz sobre la que se apoya el Estado de Bienestar como la tradición en la que se enmarca la sociedad civil en cada país son el principal factor explicativo del formato que asumen el Estado de Bienestar y la sociedad civil, dos elementos fundamentales a la hora de profundizar en el análisis de los casos que toma esta investigación. como resultado de configuraciones históricas, en cada país las relaciones entre Estado y tercer Sector varían a lo largo del tiempo y cada caso muestra, en este sentido, un patrón evolutivo diferente. En algunos países, los servicios sociales tienen un origen que combinó la acción del gobierno y del tercer Sector a la vez, mien-tras que en otros, fueron gestados desde el Estado y con poca implicación de la sociedad civil (Esping-Andersen, 1990 y 2000; Gough, 2000). Aquí se rescata la importancia de tener en cuenta la tradición política de régimen de welfare (liberal, conservador, socialdemócrata) que cada país tenga105.

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Tomando como referencia estos ejes, en este capítulo se analizan los elementos contextuales más relevantes para explicar los formatos que ha asumido la cogestión en los dos países y, cuando corresponda, en las tres ciudades elegidas.

4.1. España: ¿corporativismos con rasgos mediterráneos?

Siguiendo la tendencia a nivel internacional de los últimos años, la preocupación por la participación del tercer sector en las políticas sociales y su engranaje en un modelo más amplio de bienestar social ha ido ganando terreno en el ámbito académico español. ya existe en el país un abundante número de estudios y trabajos dedicados a estudiar el rol de la sociedad civil en las políticas públicas (Alonso Benito, 1992; Jerez, 1997; casey, 1998; Font, 2001; revilla, 2002; Pérez díaz y López novo, 2003), y en particular las características del tercer Sector Social en tanto importante proveedor de protección social (Jerez, 1997; Alvarez de mon, 1998; Subirats, 1999; Fundación tomillo, 2000; Pérez díaz y López novo, 2003).

En la mayoría de estos estudios se analiza el caso español y los nuevos modelos de protección social describiendo dos ejes: el tipo de Estado de Bienestar y las características del tercer Sector.

Estado de Bienestar: desarrollo tardío y despliegue universalista

Aunque las bases del Estado de Bienestar español se remontan a las prime-ras décadas del siglo XX en la creación del Instituto de Previsión Social (mo-reno y Sarasa, 1992: 2), diversos autores han planteado que su consolidación efectiva tiene lugar en el período 1958-1975, con el surgimiento de algunas leyes sociales básicas y el aumento del consumo y del gasto público (Gutiérrez Junquera, 2000: 252; rodríguez cabrero, 1989: 184)106.

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De todas maneras, no fue sino hasta el período 1975-1985 donde este aumento se hace sostenido y significativo107, y donde además se conjugan las demandas sociales acalladas durante el período dictatorial anterior, la voluntad de ingreso a la integración europea, los pactos sociales y la crisis económica y de empleo, que fueron demandando cada vez más gasto (Moreno y Sarasa, 1992: 6-7)108.

Las políticas sociales que conforman los pilares básicos del Estado de Bienestar tuvieron su desarrollo en períodos muy diferentes. Aunque antes de 1967 ya existían en España diferentes leyes que habían constituido un avance importante hacia la consolidación del Estado de Bienestar109, en ese fecha se produce el mayor cambio en materia de gasto social, con la Ley se Seguridad Social, aprobada en 1966, que unificó buena parte de los subsidios hasta el momento existentes y dotó de recursos al nuevo sistema de protección social110. Entre 1975 y 1985 se produce un aumento significativo de las pensiones y también de los pensionistas, un crecimiento de los seguros de desempleo111, y se introducen pensiones de tipo asistencial, para minusválidos y para no contribuyentes. También en este período crecen los gastos sanitarios (aunque no logran superar el espectacular aumento registrado entre 1967 y 1975), aumentado significativamente la tasa de cobertura sanitaria (Gutiérrez

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junquera, 2000: 262-263) y los gastos educativos, que implicaron también una expansión de la cobertura112.

Esta cronología describe a un Estado de Bienestar con un «despliegue tardío pero poderoso» (Pérez Díaz, 2003: 96). Este desarrollo tardío, sin embargo, no parece haber propiciado el surgimiento de asociaciones y entidades sociales que, de alguna manera, cubrieran los espacios que el Estado dejaba libres en materia de atención social (rodríguez cabrero, Arriba y marbán, 2003: 1). Esta situación se explicaría principalmente por la falta de libertades existente durante en gobierno franquista y la falta de marcos legales para desarrollar actividades asociativas sin fines de lucro113.

Los análisis sobre el Estado de Bienestar español en la actualidad señalan que se trata de un régimen con la matriz corporatista típica de los modelos continentales europeos, pero que en los últimos años ha ido incorporando elementos claros de un régimen liberal-anglosajón (moreno y Sarasa, 1992). más recientemente, algunos autores consideran que el Estado de Bienestar español debe ser ubicado dentro de la categoría de «régimen mediterráneo», en el que también debe incluirse a países como Grecia, Italia y Portugal (moreno y Sara-sa, 1992; Ferrera, 1995; rhodes, 1997; moreno, 2001).

Los regímenes mediterráneos se caracterizan por el rol preponderante desempeñado por la Iglesia católica, pero cuyo peso como prestadora de servicios sociales ha ido disminuyendo de forma sistemática. A su vez, se los suele

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catalogar como «una «vía media» u opción intermedia entre los regímenes «bismarckianos», de mantenimiento de rentas ocupacionales, y los «beveridgeanos», de cobertura universalística» (Moreno, 2001: 70), porque cuentan con un acceso universal a los servicios y prestaciones de bienestar y presentan un aumento reciente en el gasto social.

Tercer Sector: tradición religiosa y desarrollo desigual

La información comparativa disponible permite afirmar que el tamaño del tercer sector español está levemente por debajo de la media internacional: en España el porcentaje del sector no lucrativo sobre el empleo remunerado es de 4,5%, frente a 4,8% del promedio de los países estudiados (Salamon et. al, 2001). Los países que presentan un tercer sector más fuerte son Holanda, Irlanda, Bélgica, Israel y Estados unidos, mientras que los que parecen tener un tercer Sector más débil son república checa, Hungría, Eslovaquia, rumania y méxico. Este panorama ubica a España en los últimos lugares de una clasificación a nivel europeo y con países anglosajones, más cerca de la configuración de los países de Europa del Este y de Latinoamérica (ruiz olabuénaga et. al, 1999: 168). Esto no quita que, frente al tamaño de la economía española, el tercer Sector ocupe un lugar por demás relevante. En efecto, este sector constituye el 4% del PIB (22,6 billones de dólares) y emplea a cerca de 500.000 trabajadores remunerados114.

Para la mayoría de los analistas, esta relativa debilidad del tercer Sector español en comparación con otros países de Europa occidental está fuertemente relacionada con el rol prominente que la Iglesia católica ha tenido en la historia del país, así como con la industrialización tardía por la que éste atravesó (mota, 1999: 40-41; ruiz olabuénaga et al, 2000: 58-59). Esta configuración estuvo también marcada por cuarenta años de gobierno autoritario donde las libertades de expresión estuvieron cercenadas, impidiendo el desarrollo libre de asociaciones y organizaciones que agregaran los intereses de la población y haciendo que el espacio para este desarrollo sólo se consolidara a partir de la transición democrática en la segunda mitad de los años setenta115(Pérez díaz y

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lópez novo, 2003: 322; muñoz machado, 2002). Así, no es sino hasta los años de la transición y la apertura cuando el tejido asociativo...

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