Unión Europea
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Entrada en funciones de los nuevos jueces del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Resoluciones de 22 y 23 de marzo de 2016 del Consejo de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros por las que se nombran a los jueces del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Mediante resoluciones de 22 y 23 de marzo de 2016 el Consejo de la Unión Europea ha nombrado a 7 nuevos jueces del Tribunal General de la Unión Europea y 2 nuevos jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Entre ellos, se ha nombrado al español D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez Martín como juez del Tribunal General para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y el 31 de agosto de 2019.
Estos nombramientos suponen un primer paso en la reforma jurisdiccional acometida por el Tribunal de Justicia para mejorar el funcionamiento de la institución y que prevé, entre otras medidas, un aumento del número de jueces del Tribunal General, el traspaso al Tribunal Gene-
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ral de la competencia para pronunciarse en primera instancia sobre ciertos asuntos en materia de función pública europea y la disolución del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.
Libertad de establecimiento. Proporcionalidad de la obligación de cesión gratuita de los equipos utilizados para la recogida de apuestas al fin de la concesión
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de enero de 2016 en el asunto Rosanna Laezza / Italia (as. C-375/14)
La legislación italiana establece que el ejercicio de actividades de recogida y gestión de apuestas está supeditado a la obtención de una concesión. Entre las condiciones impuestas por Italia en una licitación para adjudicar nuevas concesiones se establecía que al término de la concesión el concesionario debía ceder a título gratuito los bienes materiales e inmateriales que constituyesen la red de gestión y de recogida de apuestas.
El Tribunal de Justicia ha considerado que esta obligación podía constituir una restricción a la libertad de establecimiento al hacer menos atractivo el ejercicio de la actividad de recogida de apuestas, dado el riesgo de que esta obligación pudiera impedir la rentabilización de la inversión. No obstante, el Tribunal reconoce que la lucha contra la...
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