Ulrike Köhler, «Sprachengesetzgebung in Russland»
| Autor | Xabier Arzoz Santisteban |
| Páginas | 499-503 |
Köhler, Ulrike, Sprachengesetzgebung in Russland, prólogo de Michael Geistlinger, Viena, Wilhelm Braumüler, 2005, 100 págs.
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La Unión Soviética ha suscitado desde siempre el interés de los sociolingüistas y de los investigadores de la cuestión nacional. No hay en la historia mundial un caso de intervencionismo estatal, a la vez tan intenso y tan extenso, en el corpus y el estatus de un número tan grande de lenguas como el desencadenado a partir del triunfo de la revolución soviética. Los cambios fueron entonces radicales, arbitrarios y contradictorios. Con el fin de combatir el nacionalismo ruso legado por los zares, en un primer momento había que crear naciones lingüístico-culturales donde no las había. En un tiempo record se crearon sistemas de escritura para 48 lenguas y se dispuso el cambio al alfabeto latino (símbolo del progreso proletario hacia la revolución mundial) de 70 lenguas, y se promovieron instituciones, centros escolares y elites locales para el cultivo y desarrollo de las lenguas respectivas.
Sin embargo, a partir de 1937, cuando ya las nuevas lenguas e identidades empezaban a arraigar, Stalin dio marcha atrás. Por un lado, se impuso el alfabeto cirílico a todas las lenguas con la excepción del lituano, el letón, el estonio, el armenio, el georgiano y el judeo-alemán: ello debía facilitar la asimilación de los pueblos no rusos (y un aislamiento mayor frente al mundo hostil exterior). Por otro lado, se inició una política de rusificación apoyada ideológicamente en el concepto de pueblo soviético (Sovetskij narod) y en la idea de la lengua rusa como «segunda lengua materna» de los pueblos de la Unión Soviética. Al final de los años ochenta, sólo el nueve por ciento de los alumnos no rusos de la República Socialista Federativa Soviética Rusa asistía a escuelas nacionales (en el sistema educativo soviético y ruso, el concepto de escuela nacional incluye tanto las escuelas que usan las lenguas de las nacionalidades no rusas como lengua de enseñanza como aquellas que simplemente ofrecen alguna hora semanal de enseñanza de una lengua distinta del ruso); sólo los tártaros, baskires, yacutios y tuvinos pudieron mantener una educación en la lengua materna más allá del cuarto año de escolarización. En las demás repúblicas de la Unión se mantuvo la enseñanza en la lengua materna cuando menos en la educación primaria, con una presencia dominante del ruso en los demás ámbitos escolares y públicos.
La política de rusificación se llevó a cabo sin que existiera una declaración de oficialidad del ruso. Una ley de 1990 reconoció formalmente por primera vez al ruso el estatus de lengua oficial de la Unión Soviética, pero no de lengua oficial única. EnPage 5001991, se produce la disolución de la Unión Soviética: las antiguas repúblicas se independizan y proceden a aplicar políticas de desrusificación. La República Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR) se convierte en Rusia o Federación Rusa, albergando más de 170 nacionalidades y un número similar de lenguas. Casi el 80% de la población de Rusia es étnicamente rusa (120 millones). Seis nacionalidades tienen en el territorio de la Federación una población superior al millón de habitantes (tártaros: 5,5; ucranios: 2,9; baskires: 1,7; chuvasos: 5,9; chechenos: 1,4; y armenios: 1,1). Otros once grupos étnicos tienen una población superior al medio millón.
La Constitución de 1993 proclama que «el pueblo multinacional de la Federación Rusa es el vehículo de la soberanía y la única fuente de poder de la Federación Rusa» (art. 3.1). Ulrike Köhler sugiere que el concepto de «pueblo soviético pervive en la nueva noción de pueblo multinacional» (p. 12). Lo cierto es que, como en los tiempos de la Unión Soviética, en la Federación Rusa se distingue formalmente entre el concepto etnocultural de ruso (russkij) y el concepto político de ciudadanía de la Federación Rusa (rossijskij).
Desde el 1 de enero de 2007, la Federación se estructura en 86 unidades territoriales administrativas (en 2005 eran 89), denominadas colectivamente los «sujetos (subyekty) de la Federación»: 21 repúblicas, 48 oblasts o regiones, 7 krais o territorios, 7 okrugs o distritos autónomos, 1 oblast autónomo y 2 ciudades con estatuto federal. Algunas de esas unidades territoriales tienen carácter étnico en cuanto que están habitadas por un grupo étnico distinto del ruso y su denominación así lo refleja (como las repúblicas y los okrugs); las demás unidades territoriales sólo tienen carácter administrativo y están habitadas por población rusa. Esta dualidad entidades nacionales vs. entidades administrativas recuerda la dicotomía nacionalidades/regiones presente en el artículo 2 de la Constitución española. No obstante, la proporción del grupo étnico titular de la república o del okrug en la población de la república es un factor determinante para las posibilidades efectivas de hacer valer sus intereses, ya que los derechos lingüísticos siguen el principio territorial. Los rusos constituyen la mayoría absoluta o relativa de la población en al menos nueve y tres repúblicas, respectivamente, del total de 21 repúblicas. Además, el fomentado bilingüismo del «pueblo soviético» y, después, del «pueblo multinacional» de Rusia ha producido como consecuencia que la mayoría de la población no rusa hable ruso (no, en cambio, el bilingüismo de los rusos en los territorios con una lengua cooficial), en porcentajes superiores al 90% del grupo étnico correspondiente.
La estructura del diseño consti-Page 501tucional —y la jerarquización subyacente— de tutela de la pluralidad lingüística recuerda a la de la Constitución española. El artículo 68.1 de la Constitución proclama que la lengua rusa es la lengua estatal de la Federación Rusa en todo su territorio. El artículo 68.2 autoriza a las repúblicas a establecer sus propias lenguas estatales, que tendrán los mismos efectos que la lengua rusa. El artículo 68.3 garantiza el derecho de los pueblos de la Federación Rusa a la preservación de su lengua materna y al establecimiento de las condiciones necesarias para su aprendizaje y desarrollo. En suma, del ordenamiento constitucional y legal se desprende la siguiente jerarquización en el estatus jurídico de las lenguas: 1) el ruso, lengua oficial de toda Rusia; 2) las lenguas de las repúblicas, declaradas cooficiales junto al ruso en el seno de cada república; 3) las lenguas oficiales reconocidas a nivel local, donde viva un grupo de población «compacto» que no disponga de una unidad administrativa propia o que viva fuera de ella; 4) las lenguas de los pequeños pueblos autóctonos. No obstante, el grado de aplicación efectiva de ese estatus teórico varía enormemente en la práctica.
Existen tres leyes federales dignas de mención. Sobre todo destaca la Ley federal sobre las lenguas de los pueblos de Rusia. Se trata en realidad de una ley de la RSFSR aprobada en 1991, poco antes de la disolución de la Unión Soviética y cuando las demás repúblicas de la Unión habían aprobado sus respectivas leyes lingüísticas. Esta Ley incluye la obligación del uso del alfabeto cirílico para la escritura de la lengua oficial de Rusia y de las lenguas oficiales de las repúblicas de la Federación Rusa, cuestión problemática a la luz del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales y que afecta sobre todo a los planes de las autoridades de la República de Tartaria de introducir el alfabeto latino (para favorecer la cercanía al turco de Turquía). Además, esta Ley precisa que el derecho a la libre elección de la lengua de enseñanza existe «en el marco de las posibilidades del sistema educativo». Según los informes rusos presentados al Consejo de Europa, se ofrece educación a través de 38 lenguas, bien para los ocho años de educación primaria, bien para el conjunto de educación; y un total de 75 lenguas serían materia de estudio en las escuelas secundarias. El comité asesor del Consejo de Europa insiste en la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar en la práctica el derecho reconocido. La Ley proclama derechos de imposible aplicación efectiva, como es el caso del derecho de los ciudadanos a dirigirse a las instituciones, órganos y organizaciones públicos en la lengua estatal de Rusia, de las repúblicas y de cualesquiera pueblos de Rusia. La respuesta a lasPage 502propuestas, declaraciones o quejas de los ciudadanos será redactada, cuando sea posible, en la lengua utilizada por el ciudadano y, si no, en ruso.
Una segunda ley federal regula la lengua estatal de Rusia (2004). El proyecto inicial de esta ley tenía una redacción problemática y ha sido dulcificado en su versión final. La tercera ley federal se refiere a los «pequeños pueblos autóctonos». Se trata de un concepto propio y privativo del derecho público ruso, que proviene de los primeros años de la Unión Soviética y que no debe confundirse con el concepto de pueblos indígenas del derecho internacional. Para hacer gala de una política tolerante para con las minorías, los pueblos autóctonos con una población inferior a 50.000 personas, los cuales no disponen de unidad territorial y que, por lo demás, no plantean reivindicaciones políticas, son objeto de una protección especial. Un total de 65 pueblos han sido reconocidos a estos efectos. Se trata de pueblos que, a principios del siglo xx, vivían en regiones remotas y de especial dureza, y donde la presencia rusa era limitada. Hoy, en cambio, la presencia rusa (o eslava, o de otras nacionalidades) tiende a ser mayoritaria en esas regiones (para algunos pueblos, la proporción étnica ha pasado de 9:1 a 1:20), el modo de vida tradicional ha sido alterado irremisiblemente, y las lenguas de los pueblos autóctonos están en peligro de desaparición (como el kildinsami en la península de Kola, distrito de Murmansk) o extintas funcionalmente (como la lengua enets en la República de Taymir).
La mayoría de las repúblicas han declarado la lengua de la nacionalidad titular de la república como lengua cooficial dentro de la república y cuentan con leyes, de contenido muy similar, sobre el uso y la enseñanza de las lenguas cooficiales. Sin embargo, la utilización efectiva y el grado de cumplimiento de las disposiciones legales varían enormemente de república a república. Una de las pocas lenguas que puede ser y es utilizada en todos los ámbitos sociales es el tártaro. A finales de los años ochenta sólo el 9% de los niños tártaros asistían a escuelas nacionales. En la actualidad, la enseñanza de la lengua tártara es obligatoria en todas las escuelas de Tartaria, y la mitad de las escuelas utilizan el tártaro como lengua de enseñanza. La población rusa de Tartaria es la única de toda la Federación Rusa que, en edad escolar, aprende una lengua cooficial distinta del ruso. Además, diversos grupos étnicos como chuvasos, udmurtios, maris y mordvinios, también cuentan con escuelas en las que la enseñanza se ofrece en su propia lengua (¡algo de lo que algunos de esos pueblos carecen en su propia república u okrug!).
El breve libro objeto de la pre-Page 503sente recensión expone con claridad y sencillez el estado de la legislación lingüística en la Federación Rusa. La prueba es superada con éxito por la autora y es una muy recomendable introducción al marco normativo de la diversidad lingüística en Rusia. Cabe observar que los trabajos sobre las políticas lingüísticas en el territorio de la antigua Unión Soviética tienen como objeto habitualmente a las repúblicas bálticas y de Asia Central y a Ucrania. En mi conocimiento no existen trabajos de conjunto sobre la situación legal de las lenguas en el seno de Rusia; y similar ausencia parece existir en lengua rusa. Por tanto, el libro de Ulrike Köhler cubre un importante vacío. Con todo, se trata de una materia en la que debería intentarse un mayor acercamiento empírico a la aplicación efectiva de la legislación lingüística, porque la discrepancia entre el plano legislativo y el plano de la implementación parece enorme según todos los indicios. Como destaca la autora, según la vieja práctica soviética, en la elaboración y formulación de los textos legales rusos se sigue atendiendo más a la presentación de un objetivo ideal que a las posibilidades reales de implementación (p.60); se presenta una situación legal de equiparación formal que poco tiene que ver con la realidad (p. 71). Cuando menos, la autora contrasta puntualmente las proclamaciones de las disposiciones jurídicas con la realidad fáctica, sirviéndose para ello de los informes preparados por Rusia y las recomendaciones emitidas por el comité asesor del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales.
Xabier Arzoz Santisteban
