El derecho a la tutela efectiva (art. 24.1 CE) también garantiza la ejecución de las resoluciones

Autor:Juan Manuel López Ulla
Páginas:451-456
 
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STC NUM. 4/1988, FJ. 5:

Los arts. 117.3 y 24.1 de la CE vienen a significar una misma cosa, merecedora, sin embargo, de calificaciones diversas como principio y como derecho constitucional:

"A ello obedece que este Tribunal reiteradamente haya declarado (STC 167/1987, de 28 de octubre, por todas) que la ejecución de las sentencias constituya no sólo parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 de la CE reconoce, sino también principio esencial de nuestro ordenamiento, destacando «el lugar central que el respeto a los fallos judiciales y su efectivo cumplimiento ocupan en un Estado de Derecho como el que la Constitución proclama en su artículo 1» (STC 167/1987, FJ. 2)".

STC NUM. 4/1988, FJ. 5:

La ejecución de las sentencias habrá (...):

"(...) de llevarse a cabo (...) según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan y, en consecuencia, también puede el Legislador, mediante la definición apriorística, general y abstracta de los supuestos de hecho, aplazar la ejecución o supeditarla a la existencia o ausencia de determinadas condiciones, siempre que esta modulación de las reglas generales se haga en atención a finalidades lícitas y haya una proporcionalidad entre esto y la regulación legal".

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"(...) ha de recordarse algo que ya se dijo en nuestra STC 19/1988, FJ. 4, y es reiterada doctrina de este Tribunal, a saber: la exigencia de que las resoluciones judiciales se cumplan; primero en sus propios términos o, en caso de imposibilidad material o jurídica, acudiendo a expedientes previstos por la ley para ejecuciones subsidiarias de lo resuelto por sentencia firme. A no otra cosa obliga el art. 118 de la CE, en la medida en que, como ya hemos tenido ocasión de señalar (STC 85/1991, FJ. 4), la ejecución de las resoluciones judiciales firmes forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva sin la cual el mencionado derecho fundamental quedaría, en la práctica, vacío de contenido".

STC NUM. 206/1993, FJ. 2:

El derecho a la tutela judicial efectiva está conectado al valor justicia, uno de los principios cardinales del Estado de Derecho (art. 1):

"Este derecho (...) tiene su cauce en el proceso y comporta la exigencia de una respuesta judicial aá hoc, favorable o desfavorable, pero congruente con el planteamiento contradictorio, ya que la tutela alcanza a todos los litigantes con intereses encontrados y no sólo a uno de ellos (STC 93/1993).

Ahora bien, este derecho fundamental no se satisface con una mera declaración judicial, desprovista de sustancia práctica, sino que necesita de su realización y, por tanto, la tutela, en cuanto efectiva por exigencia constitucional expresa, ha de llegar hasta él cumplimiento forzoso, si preciso fuere, de los pronunciamientos judiciales donde se exterioriza la potestad de juzgar (...). Por otra parte, las resoluciones judiciales a todos obligan por igual, sin excepción alguna, y vinculan, por tanto, a los poderes públicos (art. 118 CE). Al legislativo, en consecuencia, corresponde la misión de hacerlo posible mediante el desarrollo y regulación del ejercicio del derecho fundamental en todas sus fases, respetando, claro está, su contenido esencial, a tenor de los arts. 53.1 y 81 CE (STC 67/1984) (...).

La efectividad de la tutela judicial, garantizada constitucionalmente, exige no sólo...

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