La tutela cautelar del crédito transfronterizo en la Unión Europea: la orden de retención de cuentas

Autor:Mercedes Llorente Sánchez-Arjona
Páginas:287-307
 
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LA TUTELA CAUTELAR DEL CRÉDITO
TRANSFRONTERIZO EN LA UNIÓN EUROPEA:
LA ORDEN DE RETENCIÓN DE CUENTAS
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal
Universidad de Sevilla
El Reglamento (UE) n 655/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, por el que se establece la orden de retención de activos bancarios congura la primera
medida cautelar de carácter supranacional, cuyo objeto va a ser retener los activos del deudor
de una cuenta bancaria abierta en otro Estado miembro, como manera de garantizar la ulterior
ejecución del crédito. La presente orden de retención de activos bancarios se enmarca en la po-
lítica de protección del crédito transfronterizo, que se congura como uno de los ámbitos de la
cooperación judicial civil en el Espacio Europeo de Justicia. Se arbitra un proceso relativamente
sencillo, basado en formularios, que será objeto de análisis, pero del que cabe cuestionar su
verdadera relevancia práctica.
I. LA IMPORTANCIA DE LA TUTELA DEL CRÉDITO EN EL MARCO
DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL
La necesidad de conseguir unos mecanismos verdaderamente efectivos para el cobro de las deu-
das de carácter transfronterizo podemos encontrarla en el propio origen de las Comunidades
Europeas. Si nos remontamos a los Tratados constitutivos de las Comunidades1, las medidas
que en ellos se contenían eran de naturaleza principalmente económica, surgiendo, progresiva-
mente, la intencionalidad de una integración política por las posteriores modicaciones que se
fueron paulatinamente experimentando en sus Tratados constitutivos. Hitos en este proceso de
integración lo fueron el Acta Única Europea2, que siembra las bases de una política económica
y monetaria, y el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea3, que conforma a la
Unión sobre la base de tres grandes pilares que se han mantenido vigentes hasta el Tratado de
Lisboa. Así, al pilar comunitario, integrado por los tres Tratados constitutivos, se le unen dos
nuevos pilares político-jurídicos, el correspondiente a la política exterior y de seguridad común
o segundo pilar (PESC) y el relativo a asuntos de justicia e interior o tercer pilar (JAI).
El objetivo originario de establecer un mercado común, clave en el proceso de inte-
gración europea, con la consecución de un espacio económico único, presuponía, en aquellos
momentos «la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de
1 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, rmado el 18 de abril de 1951,
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, rmado el 25 de marzo de 1957.
2 Firmado en Luxemburgo y en La Haya el 17 y 28 de febrero de 1986.
3 Firmado el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 10 de octubre de 1993.
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personas, servicios y capitales»4. De esta forma, la libertad de circulación de capitales, mercan-
cías, servicios y personas se congura como uno de los principios sobre los que comenzaba a
asentarse la nueva Europa, que conllevó la eliminación de las fronteras físicas entre los Estados
y la consolidación de un espacio económico unicado.
Este proceso de construcción europea ha traído, como inevitable consecuencia, un creci-
miento y una progresiva expansión de las relaciones comerciales transfronterizas entre ciudada-
nos residentes y empresas que tienen su sede en el territorio de la Unión. A su vez, el fomento
de las operaciones empresariales y transacciones comerciales acarrea el necesario cumplimiento
de las obligaciones contractuales que de ellas se derivan, cuya efectividad se convierte en pieza
absolutamente imprescindible para un buen funcionamiento y una efectiva consolidación del
mercado interior5 en el marco de la Unión. Y es que para que el mercado común funcione los
operadores económicos han de tener conanza no sólo en el cumplimiento rápido y ecaz de
sus transacciones comerciales, sino también en la protección de sus derechos de crédito en los
supuestos de litigación transfronteriza.
Para dar un verdadero impulso al comercio internacional, la Unión Europea ha de pro-
porcionar a sus ciudadanos mecanismos verdaderamente ecaces que eliminen reticencias, la
mayor parte de las veces ocasionadas por el desconocimiento en lo que hace al funcionamiento
de los ordenamientos procesales de otros sistemas jurídicos de nuestro entorno, así como al
coste que las reclamaciones judiciales puedan generar fuera del territorio nacional, problemas
éstos que se hacen más patentes cuando nos movemos en el terreno de la pequeña y mediana
empresa6.
A día de hoy, el temor a realizar negocios fuera de las fronteras de su propio Estado por
los empresarios europeos se debe no tanto al componente de riesgo que entraña toda operación
empresarial, como a posibles dicultades añadidas que pueden derivar de los problemas que
conlleva la litigación de carácter internacional. Así, no son solo las desigualdades sustantivas
y procesales que pueden existir en lo que hace a la protección del crédito entre los distintos
Estados de la Unión, sino que a ello hay que añadir el que también hay que enfrentarse a otros
obstáculos que derivan de todo litigio celebrado en el extranjero, ya de por sí más costoso, al
entrar en juego otros gastos que no afectan a los procesos nacionales. Gastos, como pueden ser
los de traducción e interpretación, la necesidad de contar con dos abogados o desplazamientos
de las partes o testigos, entre otros, costes todos ellos económicos a los que, además, se une el no
menos importante coste temporal ya que estos tipos de procesos suelen ser considerablemente
más lentos7. Todo ello contribuye a agravar la situación económica de la empresa, perjudicada
no solo por no cobrar la deuda, sino por los desembolsos que tiene que hacer efectivos para
que la misma pueda ser reconocida y posteriormente ejecutada. Y es que, según datos ofrecidos
por la Comisión Europea, el montante de deudas incobrables superan ya los 1.000 millones de
euros al año.
4 Esta declaración se contiene en el artículo 3, en su versión original, del Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea.
5 Este concepto de «mercado interior» aparece por vez primera en el Acta Única Europea y conlleva la supre-
sión de fronteras interiores entre los Estados de la Unión.
6 LOREDO COLUNGA, M., «¿Hacia un Derecho procesal europeo?», www.indret.com, Enero, 2006, núm.
325, p. 3.
7 DOMÍNGUEZ RUIZ, L., Reclamación de deudas transfronterizas, Ed. Aranzadi, Navarra, 2013, p. 28.

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