Conclusiones. Necesidad de una mayor tutela del accionista de la sociedad anónima cotizada

Autor:Jacinto Soler Padró
Páginas:133-141
RESUMEN

1. La LSA como Ley marco. El principio de la "autonomía de la voluntad" en las sociedades anónimas cotizadas. 2. La necesaria fiscalización de la actividad del Consejo de Administración por parte de los accionistas de la Sociedad Anónima cotizada. 3. Necesidad de una unificación normativa en el ámbito de la Unión Europea en materia de administración de las sociedades anónimas cotizadas y... (ver resumen completo)

 
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1. La LSA como Ley marco El principio de la "autonomía de la voluntad" en las sociedades anónimas cotizadas

La Ley de Sociedades Anónimas es, en muchos de sus pasajes, una ley marco que permite en el ámbito estatutario, una adaptación de sus principios a las necesidades o intereses concretos de los socios. Así sucede cuando se establecen unos mínimos para la determinación de los quorums de constitución de las Juntas Generales o para tomar acuerdos, sin perjuicio de que los estatutos pueda elevar el porcentaje mínimo.

Pero es indudable que las características y necesidades de las sociedades anónimas son distintas según su tamaño, ya se trate de una sociedad familiar o de otra en la que existan muchos o pocos accionistas. La pregunta que se hace es si una misma ley, como, la que en estos momentos disponemos, puede ser útil para regular distintos tipos de sociedades y en particular las sociedades anónimas bursátiles.

Indudablemente, donde se genera el conflicto de un modo más evidente es en la introducción de modificaciones estatutarias, (que la ley permita explícita o implícitamente) que puedan suponer una restricción en la práctica a los derechos de los accionistas, aunque esos "voluntariamente" hayan prestado su conformidad con las mismas. Aún cuando el artículo 10 de la ley recuerda el principio de la autonomía de la voluntad y es cierto que estamos en el ámbito del derecho privado y por tanto de la posibilidadPage 134 que tienen los particulares de establecer los pactos que más libremente les convengan, el razonamiento choca con la realidad del desequilibrio existente en las grandes sociedades entre los poderes del órgano de administración y la gran masa de accionistas. Es entonces cuando el establecimiento de modificaciones estatutarias que impidan o dificulten el libre juego de las mayorías en las Juntas, puede ir en contra de los intereses objetivos de los accionistas. Porque el hecho de que se hayan aprobado unas determinadas medidas Anti Opa en una Asamblea, no significará en absoluto que los accionistas hayan prestado una conformidad, en la consciencia de que aquel acuerdo puede serles desventajoso. Es en estas circunstancias y en la medida en que inciden intereses de tutela pública de mercado, cuando el Estado debería establecer cauces legislativos que preservaran, para este tipo de sociedades, el mantenimiento de los derechos básicos del accionariado, sin cortapisas como las que estamos contemplando.

A partir de la aceptación de esta tesis, tendríamos que plantearnos la validez general de las medidas Anti Opas para regular la vida societaria. Frente al principio de la autonomía de la voluntad, se opondría el del interés general del accionariado. Difícilmente se puede hablar de "autonomía de la voluntad" en una sociedad con miles o cientos de miles de accionistas que reciben una convocatoria con un Orden del Día, sobre el cual no disponen apenas de información. Deberíamos referirnos más a si la declaración de voluntad realizada en estas circunstancias, no está viciada de raíz por el desconocimiento o la ignorancia sobre los asuntos que se van a discutir en la Junta, y en qué medida se le puede hacer responsable al accionista de esta situación. La doctrina alemana ha hablado a este respecto de "missbrauch", de abuso por parte de los administradores de los derechos de los accionistas. En cambio, de lo que sí puede hablarse es del interés general y del mercado porque exista una homogeneidad en las reglas del juego entre accionistas y administradores, en la medida en que esta homogeneidad va a influir en la transparencia del mercado y en la seguridad jurídica de los que intervienen en el mismo. Si contemplamos al accionista desde la vertiente de consumidor de productos financieros, parece razonable que puedan asumirse estos criterios que redundan en una minirnización del riesgo de la inversión.

En el fondo, en esta cuestión la idea que subyace es la de la legitimidad de las decisiones que puedan tomarse a priori por parte del Consejo y de la Junta y que pueden lesionar en el futuro los intereses de los propios accio-Page 135nistas. Y que estos mismos accionistas no tendrán ni la capacidad ni el poder para modificar, con el fin de reparar la situación. Parece a todas luces evidente que desde la perspectiva de la transparencia, de los intereses de los accionistas y de la propia sociedad, las medidas anti-Opa y en general cualquier decisión que restrinja...

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