Tribunal europeo de derechos humanos: nuevos avances en la protección de los intereses ambientales mediante una buena administración pública y de justicia

AutorO. Bouazza Ariño
Páginas61-91
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2019
BOUAZZA ARIÑO, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos...”
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II
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: nuevos
avances en la protección de los intereses ambientales
mediante una buena administración pública y de
justicia
OMAR BOUAZZA ARIÑO
SUMARIO: 1. PARTICIPACIÓN COOPERATIVA E INEJECUCIÓN DE
SENTENCIAS AMBIENTALES. 2. NO HAY PENA SIN LEY.
CONSTRUCCIÓN ILEGAL Y CONFISCACIÓN DE LA
PROPIEDAD. 3. DERECHO AL RESPETO DEL DOMICILIO:
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 4. DERECHO AL
RESPETO DE LOS BIENES: 4.1. Legislación ambiental comunitaria y
derecho de propiedad. La doctrina de la “protección equivalente” en
materia de derechos fundamentales. 4.2. Demolición de edificios y
restauración del medio natural en cumplimiento de las obligaciones
internacionales. 4.3. Anulación de derechos de propiedad sobre un suelo
clasificado como bosque de importancia nacional y protección de los
adquirentes de buena fe. 4.4. Actividades peligrosas: principio de
legalidad y responsabilidad por daños ambientales 4.5. Edificios
construidos ilegalmente cerca de un gaseoducto y negligencia de la
Administración. 4.6. Licencias ilegales, demolición y derecho de
propiedad. 4.7. Construcción contra plan y orden de demolición. 4.8. Las
actuaciones de renovación urbana deberán respetar las garantías del
administrado en el procedimiento de expropiación. 5. LIBERTAD DE
CIRCULACIÓN: ESTACIONAMIENTO ILÍCITO DE CARAVANAS.
6. LISTA DE SENTENCIAS Y DECISIONES
RESUMEN: Las sentencias y decisiones dictadas por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el año 2018 tienen como común denominador la
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idea de que, en un Estado de Derecho, que pretende ser social y
ambiental, el funcionamiento adecuado de la Administración Pública y
de Justicia es una exigencia previa a la consideración de la protección de
otros intereses generales. De tal manera que no podrá exigirse, como
cuestión de principio, el sacrificio de los derechos individuales o
colectivos si no se han cumplido las garantías administrativas y judiciales
básicas o, con carácter más general, no ha habido una actuación adecuada
de la Administración y de los tribunales. Como contrapartida, los
administrados que han incurrido en una infracción ambiental no podrán
beneficiarse del principio nullum poena sine lege (artículo 7 CEDH) por
el mero paso del tiempo. Las normas aplicables tienen como finalidad la
prevención de la impunidad que se derivaría de una situación en la que,
por un efecto combinado de infracciones complejas y periodos
relativamente cortos de tiempo, los autores de tales infracciones
sistemáticamente evitan su procesamiento y las consecuencias de su mala
conducta. Por esta razón, cuando los tribunales consideran que los
elementos del delito de un desarrollo urbanístico ilegal se han dado, al
tiempo que se interrumpen los procedimientos solo por motivos de
limitación legal, tal constatación podría considerarse, en esencia, como
una condena a los fines del artículo 7, precepto que en estos casos no se
consideraría violado (sentencia G.I.E.M. S.r.l. y Otros c. Italia, de 28 de
junio de 2018).
1. PARTICIPACIÓN COOPERATIVA E INEJECUCIÓN DE
SENTENCIAS AMBIENTALES
Si bien la Administración pública sirve con objetividad a los
intereses generales, tal y como establece con suma claridad la Constitución
española de 1978 (art. 103.1), en ocasiones los mecanismos participativos
son fundamentales para alcanzar dicha misión, mediante la importante tarea
de la fiscalización de la actividad de la Administración. En ello, el
asociacionismo y las organizaciones no gubernamentales están llamadas a
ejercer un importante papel. El siguiente caso nos presenta un importante
hito en la inaplazable exigencia de la protección del medio ambiente, que
se considera como un derecho del que las asociaciones demandantes
pueden ser consideradas titulares. Veamos detalladamente los hechos
acontecidos, la argumentación ofrecida y la decisión del TEDH en la
sentencia recaída en el caso Bursa Barosu Başkanlığı y otros c. Turquía, de
19 de junio de 2018.
Los demandantes son, por una parte, Bursa Barosu Başkanlığı
(Asociación de Abogados de Bursa) y la Asociación de protección de la
naturaleza y del medio ambiente de Bursa, junto con 21 ciudadanos que
viven en Bursa.

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