Tribunal Europeo de Derechos Humanos: nuevos avances en la ponderación del concepto de sostenibilidad
| Autor | O. Bouazza Ariño |
| Páginas | 83-105 |
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IV
Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
nuevos avances en la ponderación del concepto de
sostenibilidad
OMAR BOUAZZA ARIÑO
SUMARIO: I. ARTÍCULO 8: DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA
Y FAMILIAR: 1.1. Demolición de viviendas ilegales y vulnerabilidad
social. 1.2. Doctrina López Ostra. Contaminación del agua: la elevación
de un caso ordinario de responsabilidad patrimonial a una cuestión de
DERECHO DE ASOCIACIÓN. III. ARTÍCULO 1 DEL PROTOCOLO
ADICIONAL AL CONVENIO – DERECHO DE PROPIEDAD: 3.1.
Actividades que requieren licencia ambiental. 3.2. Urbanismo:
responsabilidad de la Administración por los daños en un edificio ilegal
por un corrimiento de tierra ocasionado por las obras de construcción de
una escuela pública. 3.3. Protección del paisaje arquitectónico. IV.
ARTÍCULO 2 DE PROTOCOLO ADICIONAL NÚMERO 4 – LIBRE
ELECCIÓN DE RESIDENCIA: DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE Y COHESIÓN SOCIAL. V. LISTA DE SENTENCIAS.
RESUMEN: La jurisprudencia medioambiental del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se encuentra en un auténtico proceso de evolución en la
consideración de conceptos como el de sostenibilidad y calidad de vida.
La sensibilidad del Tribunal de Estrasburgo hacia lo social nos ofrece
diferentes ejemplos en la jurisprudencia del último año. Así, en la
sentencia recaída en el caso Ivanova y Cherkezov c. Bulgaria, de 21 de
abril de 2016, considera que ha habido una violación del derecho al
obouazza@der.ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de
investigación, “El reto de la reafirmación del Estado del Bienestar en la protección de
los derechos humanos” (DER2015-65524-R), financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad (MINECO) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2017
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respeto del domicilio por la orden de demolición de unas viviendas
ilegales. El equilibrio entre los derechos de los que pueden perder su
domicilio como consecuencia de una demolición y el interés público en
la implementación efectiva de la normativa sobre edificación no puede
resolverse con una norma absoluta que no permita excepciones. Por el
contrario, el fin legítimo de revertir el declive de las zonas empobrecidas
de los centros de las ciudades y mejorar la calidad de vida, será suficiente
para impedir a una familia decidir libremente su residencia, como se
resuelve, de una manera muy controvertida, en la sentencia recaída en el
caso Garib c. Holanda, de 23 de febrero de 2016. La clásica doctrina
López Ostra ha tenido presencia -una vez más- a través de la sentencia
recaída en el caso Otgon c. Moldavia, de 25 de octubre de 2016, en la
que se considera la violación del derecho al respeto del domicilio y de la
vida privada y familiar por los daños a la salud de una madre y su hija -
que incluso exigieron su ingreso hospitalario- al consumir agua del grifo
de su casa, contaminada por infiltraciones fecales en las canalizaciones
del edificio. De la misma manera se concluye que ha habido una
violación del Convenio en materia de propiedad por los daños
ocasionados por la Administración en un edificio ilegal como
consecuencia de un corrimiento de tierra ocasionado debido a las obras
de construcción de una escuela pública, en la sentencia Keriman Tekin y
otros c. Turquía, de 15 de noviembre de 2016. Desde la perspectiva del
derecho al respeto de los bienes también cabe mencionar la sentencia
S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Rumanía, de 13 de diciembre de 2016, en
la que se considera que no ha habido una violación por la confiscación de
los bienes a una empresa de chatarra que operaba sin licencia; y la
sentencia Petar Matas c. Croacia, de 4 de octubre de 2016, en la que por
el contrario, sí observa que ha habido violación por la moratoria impuesta
a una empresa en el uso de un edificio como taller de coches, a la espera
de la evaluación del valor cultural del inmueble. Finalmente, la sentencia
recaída en el caso Costel Popa c. Rumanía, de 26 de abril de 2016, ofrece
un supuesto sobre denegación del registro de una asociación ambiental
debido a la sospecha gubernamental de que realmente se trataba de una
organización con fines políticos.
ABSTRACT: The environmental ECHR case law is on a real process of evolution in
the consideration of concepts such as sustainability and quality of life.
The sensitivity of the Strasbourg Court on social issues gives us different
examples in recent case-law. Thus, in Ivanova and Cherkezov v.
Bulgaria, it considers that there has been a violation of the right of
respect for home by the order to demolish illegal housing. A fair balance
between the rights of those who may lose their home as a result of a
demolition and the public interest in ensuring the effective
implementation of building regulation cannot be resolved with an
absolute rule that does not allow exceptions. On the other hand, the
legitimate aim of reversing the decline of impoverished urban centers and
improving the quality of life will be enough to prevent a family to freely
decide where to live, as it is decided by a majority of judges in the
controversial Garib v. The Netherlands. The classic ECHR doctrine in
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