Tratamiento de quienes sufren trastornos mentales en el marco del proceso penal

Autor:Manuel Jaén Vallejo
Cargo:Magistrado
Páginas:217-232
RESUMEN

En este artículo se aborda la cuestión de la salud mental en el marco de la justicia penal, con referencia especial al tratamiento de las personas con discapacidad psíquica en las diferentes fases del proceso penal, haciendo hincapié en la necesidad de que se contemple en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre las medidas cautelares personales, el internamiento en centro psiquiátrico, cuando... (ver resumen completo)

 
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ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL
Número 125, II, Época II, septiembre 2018, pp. 217-232
SECCIÓN JURISPRUDENCIAL
TRATAMIENTO DE QUIENES SUFREN
TRASTORNOS MENTALES EN EL MARCO
DEL PROCESO PENAL
Treatment for the ones who suffer from
mental disorders in the frame of the penal trial
MANUEL JAÉN VALLEJO*
Fecha de recepción: 01/09/2018
Fecha de aprobación: 19/09/2018
RESUMEN: En este artículo se aborda la cuestión de la salud mental en el
marco de la justicia penal, con referencia especial al tratamiento de las
personas con discapacidad psíquica en las diferentes fases del proceso
penal, haciendo hincapié en la necesidad de que se contemple en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, entre las medidas cautelares personales, el
internamiento en centro psiquiátrico, cuando exista riesgo de comisión
de nuevos delitos por personas con grave anomalía o alteración psíquica.
PALABRAS CLAVE: Salud mental. Inimputabilidad. Medidas de seguri-
dad. Informe del Defensor de Pueblo. Medidas cautelares. Jurisprudencia
constitucional.
ABSTRACT: In this article (treatment for the ones who suffer from mental
disorders in the frame of the penal trial), the question of the mental health
in the frame of the penal justice is discussed, with a special reference to the
treatment of the people suffering from psychic disabilities during the different
stages of the penal trial, stressing the need this to be considered in the Law of
Criminal Trial, among the personal caution measures, the confinement in a
* Magistrado.
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CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL ISSN: 0210-4059
Número 125, II, Época II, septiembre 2018, pp. 217-232
psychiatric institution when a real risk of committing new crimes by people
with a serious anomaly or psychic disturbance actually exists.
KEY WORDS: mental health, unimputability, security measures, Report of
the Ombudsman, caution measures, Constitutional Justice.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. INIMPUTABILIDAD EN LA
ESTRUCTURA DEL DELITO. III. LA MEDIDA DE SEGURIDAD
EN EL TRATAMIENTO DE LA «PELIGROSIDAD» DE
SUJETOS INIMPUTABLES. IV. EL INFORME DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA SITUACIÓN
JURÍDICA Y ASISTENCIAL DEL ENFERMO MENTAL
EN ESPAÑA. V. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
SOBRE EL INTERNAMIENTO DE QUIENES SUFREN
TRASTORNOS MENTALES: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 217/2015 Y 84/2018. VI. CONCLUSIONES.
I. INTRODUCCIÓN
1. La cuestión de la salud mental, en el marco de la justicia penal,
presenta varias aristas, que tienen que ver con el problema de la inimpu-
tabilidad y la naturaleza jurídica de la misma dentro de la estructura del
delito, con la cuestión de la consecuencia jurídica que ha de adoptarse
en tales casos en el marco del actual sistema de doble vía y, en fin, con el
tratamiento de las personas con discapacidad psíquica en las diferentes
fases del proceso penal.
2. Ante todo conviene recordar que las personas con discapacidad,
como sujetos pasivos del delito, son objeto de una protección penal refor-
zada, en atención a su especial vulnerabilidad, algo de lo que fue muy cons-
ciente el legislador de la reforma de 2015, adecuando entonces las normas
del Código penal a la convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de
2006, razón por la que en la referida reforma penal se actualizaron los tér-
minos empleados para referirse a las personas con discapacidad.
Impropiamente, este Código hacía referencia a términos tales
como “minusvalía” o “incapaces”, terminología que, en realidad, ya es-
taba superada en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la
Convención, desde la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad, sustituyendo aquellos términos por
los más adecuados de “discapacidad” y de “persona con discapacidad ne-
cesitada de una especial protección”.

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