El tratamiento de las situaciones de sobreendeudamiento de los particulares en los Estados Unidos

AutorNúria Mallandrich Miret
CargoDoctora en Derecho Profesora de Derecho Procesal Universidad de Barcelona
Páginas373-408

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1. Introducción

El ordenamiento jurídico norteamericano da solución al sobreendeudamiento de los particulares de forma conjunta de los problemas fi nancieros de las personas jurídicas a través de su sistema concursal. El procedimiento

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concursal en EUA está regulado principalmente en el llamado Bankruptcy Code de 1978 que regula los aspectos materiales del concurso1, y en las Federal Rules of Bankruptcy Procedure respecto a los aspectos procesales. Ambas normas tienen carácter federal en la medida que la Constitución de los Estados Unidos de América en su Artículo 1, Sección 8, cláusula 4, atribuye competencia al Congreso para dictar leyes uniformes en materia concursal que serán válidas en todos los Estados. Aún así hay que indicar, que los Estados tienen competencia para regular algunas cuestiones concretas, como es el caso de la determinación de los bienes exentos.

El Bankrupcy Code prevé distintos tipos de procedimiento que se identifican por el número del Capítulo en el que se encuentran regulados. La diferencia entre ellos se encuentra o bien en su finalidad (liquidación o reorganización) o en su ámbito de aplicación subjetivo. Así, el Capítulo 7 regula el procedimiento de liquidación que es aplicable tanto a personas físicas como jurídicas. El Capítulo 11 prevé el procedimiento de reorganización pensado en principio para personas jurídicas aunque jurisprudencialmente también se ha reconocido su aplicación a las personas físicas. El Capítulo 13 titulado «Reajuste de las deudas de un particular con ingresos regulares» es un procedimiento de reorganización previsto especialmente para particulares. Los capítulos 9 y 11 regulan procedimientos especiales de reorganización para entidades municipales y2, granjeros y pescadores3, respectivamente. Finalmente el Capítulo 15 prevé normas para los concursos internacionales. Como el propio texto legal indica en su sección 1501 en este capítulo se han incorporado las disposiciones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza.

A los efectos del presente trabajo, centraré mi atención principalmente en los procedimientos aplicables a los particulares con carácter general,

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esto es, el de liquidación previsto en el Capítulo 7 y el de ajuste de deudas del Capítulo 13, prestando especial atención a las instituciones que tradicionalmente han sido definidas como las grandes beneficios del sistema concursal estadounidense, respecto de las personas físicas, como son el «discharge» o el «automatic stay».

2. Finalidades del concurso

El procedimiento concursal en los Estados Unidos cumple una doble finalidad4. La primera de ellas, fundamental y propia de todo procedimiento concursal, ya sea de persona física o jurídica, consiste precisamente en perseguir que a través del mismo se consiga un reparto equitativo de los bienes del deudor entre todos los acreedores.

La segunda finalidad es la rehabilitación del deudor, el llamado «discharge», que permite un «fresh start» o un nuevo comienzo para el deudor que, a través de esta institución, ve canceladas todas o gran cantidad de sus deudas. Algún autor ha señalado se trata de una característica no esencial del concurso como institución5. Sin embargo, presenta un gran arraigo en el sistema concursal norteamericano, constituyéndose como uno de sus grandes beneficios para los deudores que se acogen al concurso. Así lo ha reconocido también reiterada jurisprudencia, señalando que se trata de uno de los pilares de la política legislativa que recoge el Bankruptcy Code6.

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Tradicionalmente se ha justificado su existencia con base a distintas razones. Una de las más extendidas doctrinalmente es considerar que se trata de una mecanismo que se configura como parte de la red de seguridad social de la que disponen los ciudadanos7. Un mecanismo que trata de solucionar los problemas económicos que han surgido como consecuencia de distintos infortunios que han afectado al «ciudadano honesto pero desafortunado». Esta teoría viene sustentada por distintos estudios empíricos llevados a cabo durante más de treinta años que han evidenciado que la principal causa que lleva a los particulares al concurso es la pérdida de ingresos derivada principalmente de problemas laborales, seguido por problemas de salud o de ruptura matrimonial8. En un país como Estados Unidos en el que las garantías de previsión social son muy reducidas, el «discharge» funciona como un mecanismo alternativo que les permitirá volver a empezar (fresh start) después de una situación difícil.

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Otro de los fundamentos de la existencia de esta institución se hallaría en el hecho liberar al deudor de sus deudas indirectamente beneficia a toda la sociedad en la medida que le proporciona una motivación para volver a ser un miembro productivo de la sociedad.9Desde otra perspectiva también se ha argumentado que ante una situación de desfortuna los costes de la misma deben de ser asumidos por los acreedores que se encuentran una mejor posición. Éstos disponen de información para poder preveer determinadas pérdidas y de este modo repartir el riesgo entre todos sus clientes10. En tercer lugar, también se ha indicado que se considera humano no tener al deudor de forma indefinida bajo el peso de una insolvencia de la que no puede salir11.

Finalmente otro de los argumentos que se han formulado para justificar la existencia del «discharge» es la llamada teoría de la cooperación. Esta teoría parte de la base que la regulación del «discharge» en el sistema concursal incentiva al deudor para que colabore activamente en el procedimiento concursal, de modo que se logra fomentar la primera de las finalidades perseguidas por el procedimiento concursal, esto es el reparto equitativo de los bienes del deudor12.

3. Efectos de la solicitud del concurso
3.1. Automatic Stay

La presentación de la solicitud de concurso para cualquiera de los procedimientos regulados en el Bankruptcy Code, produce ope leggis, sin

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necesidad de declaración13expresa, el «automatic stay» u orden de suspensión automática14. De acuerdo con la sección 362 BC constituye una orden general de suspensión o prohibición de iniciación de cualquier procedimiento, ya sea extrajudicial, judicial o administrativo contra el concursado dirigido a reclamarle cualquier deuda que pueda tenerse contra él. Ello incluye la suspensión incluso de las ejecuciones hipotecarias. De hecho, en la práctica muchas solicitudes de concurso, ya sean de liquidación o de reajuste de deudas, se presentan estando pendiente un proceso de ejecución hipotecaria. Sin embargo, esta suspensión no es absoluta ni necesariamente permanente. El propio ordenamiento jurídico prevé supuestos en los que podrá solicitarse el alzamiento del «automatic stay», pudiéndose proceder con la ejecución hipotecaria de forma independiente al concurso. Sin embargo, es importante destacar la relevancia que tiene este efecto suspensivo automático que permite rebajar temporalmente la presión que sufren los deudores por parte de los acreedores.

El «automatic stay» despliega efectos inmediatos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud de concurso. Ello produce como consecuencia la nulidad de cualquier acto de los acreedores dirigido a reclamar la deuda. El conocimiento efectivo o no de la presentación de la solicitud por parte de los acreedores no produce efectos respecto a la validez del acto, pero sí respecto a las consecuencias sancionadoras que se vinculan al conocimiento. El incumplimiento intencionado de la orden de «automatic stay» genera la obligación del acreedor de indemnizar al deudor por los daños económicos que el incumplimiento

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le haya podido causar, así como también de resarcir al deudor de todos los costes de abogado que tenido que satisfacer e, incluso, puede llevar a la condena al pago de daños punitivos15cuando la violación haya sido maliciosa16. Su incumplimiento podría incluso tener consecuencias penales, pudiendo constituir un delito de desacato, por desobediencia a una orden judicial.

Las excepciones al «automatic stay» son muy limitadas constituyendo principalmente procesos judiciales que carecen de relación con el concurso. Se trata por ejemplo de procesos penales, de determinación de la paternidad, divorcio (salvo la disolución del régimen económico matrimonial), custodia de los hijos y régimen de visitas, entre otros17. Se excepciona también la recaudación de algunos impuestos, así como aquellos procesos iniciados por...

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