Derecho Europeo y Principio Constitucional de Igualdad. El Tratado de la Unión ante la prueba de las tradiciones constitucionales

Autor:Antonio López Pina
Páginas:101-117
RESUMEN

1. Tensiones generales entre el Derecho Europeo y las tradiciones constitucionales de los estados miembros - 2. Colisiones entre las libertades económicas y el principio de libre competencia y la igual libertad de todos - 3. Posibles expedientes para amortiguar las tensiones entre el derecho europeo y las tradiciones constitucionales - 3.1. Nonnas jurídico-positivas, que pueden ayudar a conciliar ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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El Tratado nos plantea qué parámetro establecer para enjuiciarlo, o bien, desde qué perspectiva acometer una valoración del mismo. Podemos concebir, aSÍ, una aproximación de pura política del Derecho: ¿Dota este Tratado a la Unión Europea de los instrumentos necesarios de acción para afrontar los actua-

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les retos nacionales e internacionales O bien, podríamos, pues, referir el Tratado a la teoría constitucional para, de tal contrastación, obtener criterios valorativos: ¿responde el Tratado al principio democrático

Para los juristas, tal forma de proceder es incitante. Sobre todo, nos obliga a hacernos una composición de lugar, y a definir qué Unión Europea queremos y por qué razones. Lo cual no es poco, en medio de la confusión reinante. Una tal metodología adolece, sin embargo, de un inconveniente: si la distancia entre ideal y realidad se evidencian como demasiado grandes, la crítica o las eventuales propuestas de reforma amenazan, a falta de puntos concretos de apoyo, caer en el vacío.

Ello explica mi preferencia por una tercera, tal vez más compleja, vía que apunta a la reconstrucción racional de nuestro Orden jurídico, especialmente a partir del Orden político de nuestras tradiciones constitucionales. Como a continuación expondré, las mismas permiten inferir claros parámetros normativos para el enjuiciamiento del Derecho europeo. Las tradiciones constitucionales tienen una doble ventaja: por un lado, no consisten en presupuestos ideales, sino en normas jurídicopositivas parte integrante del acervo común europeo; por otro, los parámetros elaborados a partir de las tradiciones constitucionales son asímismo de utilidad cuando se trata de amortiguar, por vía de interpretación, las tensiones entre el Derecho europeo y el Derecho constitucional nacional. Naturalmente que la interpretación tiene los límites de la literalidad del texto 1, más allá de los cuales, de aspirar a corregirlo materialmente, habremos de planteamos una reforma del Tratado. De todos modos, siempre disponemos de cierto margen para la interpretación; y debemos previamente intentar agotarlo de modo metodológicamente fundado 2.

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Así, relataré brevemente las tensiones entre el Derecho europeo y el Derecho constitucional. A renglón seguido, trataré de identificar las bases dogmáticas que pueden sernos útiles tanto en la tarea de interpretación, como en la valoración del Tratado. En tal proceder, dedicaré especial atención al principio general de igualdad, porque en él se evidencian con especial nitidez las posibilidades y límites de la interpretación.

1. Tensiones generales entre el Derecho Europeo y las tradiciones Constitucionales de los Estados miembros

La primacía del Derecho europeo (art. 1-6 TCpE) es ineludible, ya que hoy día la realización de intereses y la conciliación de conflictos se despliegan cada vez más en marcos supraesta-tales. Ello impone ordenaciones jurídicas que trascienden el alcance de los Estados soberanos tradicionales, y explica la Unión Europea como comunidad de Derecho.

El contenido de nuestras constituciones y su fuerza norma-tiva se ven, a su vez, influidos por el Derecho comunitario. Las funciones que en la teoría clásica identificaban materialmente a la Constitución, se cumplen ahora a través de un nuevo entramado jurídico, en el cual el Derecho comunitario ocupa un lugar por demás relevante. Ello se pone de manifiesto ya desde una elemental consideración: mientras que la Constitución aspira a regular los procedimientos y límites en la producción ordinaria del Derecho, le queda extramuros el Derecho comunitario -un acervo cuantitativa y cualitativamente fundamental del Ordenamiento. Es producido por modos no regulados por la Constitución española, y no sólo se impone a la libertad de configuración del legislador nacional, sino que tampoco está sujeto a las reglas constitucionales -al menos, de modo semejante a como lo está el resto del Ordenamiento jurídico. Las tareas de los poderes públicos y el Derecho que rige las conductas de los ciudadanos no derivan ya simplemente de mandatos o de procesos regulados por la Constitución; normas y proce-

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sos comunitarios se cruzan con ellos en relaciones diversas, desplazando con frecuencia al Derecho propio de los Estados.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mediante su adopción como pauta interpretativa general del Derecho comunitario, permea, incluso, materias en las que no estaba previsto que incidiera aquél. En particular, porque cada vez resulta menos nítida la diferencia entre asuntos de relevancia nacional y relevancia comunitaria. Los diferentes Ordenamientos jurídicos de los Estados miembros cobran unidad a través de la jurisprudencia de Luxemburgo. Parece irreversible, así, una progresiva unificación de los Derechos nacionales en la dirección señalada por las instituciones comunitarias y el Tribunal de Justicia.

Ahora bien, la jurisprudencia comunitaria toma, a su vez, en cuenta los criterios y principios vigentes en los diversos Estados miembros. El Derecho comunitario es configurado por la jurisprudencia como Ordenamiento y en tomo a principios generales; siendo éstos recogidos precisamente en una interpretación armonizadora de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros (art. I-9.3 TepE).

Konrad HESSE constataba ya en 1999 3 una creciente concordancia, de un lado, entre el Derecho europeo y el Derecho constitucional nacional, de otro, entre el Derecho constitucional de los Estados miembros. No temía que las constituciones nacionales fueran a perder significado en el proceso europeo de integración, en primer lugar, por la recíproca dependencia de ambos; pero, adicionalmente, porque el principio democrático sólo está rudimentariamente presente en el orden fundamental de la Unión.

Pero es que, hay que considerar también como rudimentario al menos otro aspecto importante del Derecho europeo: la teoría constitucional clásica nos dice, que, desde la Revolución

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francesa, el fin de toda asociación política es la realización de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre (art. 2, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789). Nuestras constituciones han satisfecho hasta ahora tal parámetro. Sin embargo, éste no es el caso del Derecho comunitario. Desde la fundación de la Comunidad determinados derechos y libertades han sido concebidos como condiciones funcionales de una economía libre de mercado y no a la inversa, es decir, que el mercado esté al servicio de la realización de los derechos. Frente a tal evolución, los tratados de Niza (2000) y Roma (2004) ciertamente han incluido el reconocimiento de la Carta de derechos en el Derecho europeo. Sin embargo, no acaba de tener lugar el giro copernicano, de hacer de los derechos el fin de la Unión y no simplemente un medio para otros fines.

Cuando cobramos conciencia del déficit democrático y del déficit de los derechos, una conclusión se nos impone: si de lo que se trata es de constituir poder público y un orden social en Europa conforme a los postulados del imperio del Derecho, la teoría clásica de la Constitución es portadora de un legado que bien podría inspirar la forja del nuevo Derecho común. El reto consiste, pues, en configurar el Derecho comunitario desde la experiencia del Derecho constitucional.

La realidad hasta ahora es tendencialmente, más bien, lo contrario, un vaciamiento del Derecho constitucional median-te el Derecho comunitario. Lo que HEssE no pudo tal vez prever fue, que, por mor del déficit democrático, el Derecho europeo desarrollara una no querida dinámica propia, como ha sido el caso, por ejemplo, en España: el arto 93 CE supone no solamente la vía estatal de apertura a la integración europea. Simultáneamente, abre una suerte de boquete, por el que el Derecho europeo influye en nuestra dinámica institucional y nuestro Ordenamiento jurídico: la integración europea ha modificado, así, entretanto, nuestra Constitución por cauces diferentes a los previstos en los artículos del texto dedicados a la reforma constitucional. El principio de autonomía institucional de los...

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