El trámite de admisión de la cuestión de inconstituconalidad ante el Tribunal Constitucional

Autor:Marta Fernández de Frutos
 
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El trámite de admisión en la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

El artículo 37.1 LOTC establece que el Tribunal Constitucional podrá rechazar “en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada”. De esta forma, la LOTC prevé un trámite específico en que el Tribunal Constitucional puede examinar si se cumplen las condiciones procesales y si la cuestión de inconstitucionalidad no resulta notoriamente infundada, procediendo, una vez realizado el mismo, bien a la admisión bien a la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.

El examen de ese trámite de admisión se realiza siguiendo el orden que a continuación se expone. En el primer apartado se examina la finalidad a la que responde el establecimiento de un específico trámite de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, en el que se pueda controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones procesales y el fundamento de la cuestión planteada.

El segundo apartado hace referencia a las causas que pueden motivar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada. En este caso se ha optado por dividir el examen en dos subapartados, en uno se hace referencia a los presupuestos procesales cuya ausencia impide al Tribunal Constitucional examinar el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, diferenciando entre aquellos que pueden ser subsanados por el órgano judicial que planteó la cuestión y aquellos que resultan insubsanables; y en otro a las causas de inadmisión de carácter sustantivo relativas al fondo de la cuestión planteada que suponen una anticipación del juicio sobre la duda de constitucionalidad.

El tercer apartado tiene por objeto el análisis de la sustanciación y decisión del trámite de admisión. Se analiza, así, cómo debe el Tribunal Constitucional, una vez que se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, proceder al examen de sí dicha cuestión cumple los requisitos necesarios para ser admitida a trámite; cuál es la resolución que el Tribunal Constitucional puede adoptar una vez finalizado el trámite de admisión; y cuáles son los efectos de esa resolución.

Por último, en el cuarto apartado se hace referencia al hecho de que al no tener carácter preclusivo el trámite de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad previsto en el art. 37.1 LOTC, atendido que la admisión no subsana los posibles defectos en que pueda incurrir la cuestión planteada, es posible que la inadmisión de la cuestión se acuerde en la sentencia que pone fin al proceso.

1. La finalidad del trámite de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad

Las razones que llevaron a establecer en el art. 37.1 LOTC un específico trámite de admisión no pueden ser extraídas, en este caso, del debate legislativo, puesto que ya el proyecto de ley en su art. 40.1 establecía, en los mismos términos que el vigente art. 37.1, la existencia de un trámite de admisión, sin que durante la discusión del proyecto se pusiese de manifiesto porque se establecía ese trámite en relación con la cuestión de inconstitucionalidad1.

No obstante, pese al silencio del legislador sobre la finalidad de dicho trámite, puede afirmarse que el hecho de que la cuestión de inconstitucionalidad deba plantearse en el curso de un proceso motiva que exista un específico trámite de admisión en que pueda controlarse el cumplimiento de las condiciones procesales y la existencia de un mínimo fundamento de la cuestión de inconstitucionalidad planteada. Así, el carácter concreto de la cuestión de inconstitucionalidad y la suspensión de la tramitación del proceso principal, como a continuación se dirá, son los dos elementos que justifican la existencia de un específico trámite de admisión que permite el control de viabilidad de la cuestión de inconstitucionalidad planteada no sólo por razones procesales sino también de fondo2.

En primer lugar, la justificación de la existencia de un específico trámite de admisión se conecta con la finalidad a la que responde la cuestión de inconstitucionalidad. De acuerdo con ello hay que tener presente que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sólo cobra sentido cuando la norma cuestionada es aplicable y relevante en el proceso en que dicha cuestión se plantea, puesto que los órganos judiciales sólo pueden acudir ante el Tribunal Constitucional cuando la aplicación de una norma que consideren que puede ser contraria a la Constitución podría llevarlos a adoptar una decisión inconstitucional. Por tanto, el origen concreto de la cuestión de inconstitucionalidad justifica que el Tribunal Constitucional pueda controlar si efectivamente se cumplen las condiciones que permiten un enjuiciamiento sobre la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada.

En este sentido hay que destacar que el Tribunal Constitucional ha declarado que dado que “la cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida a los órganos judiciales para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de aquellos para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la ley y a la Constitución”, cobrando sentido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional “cuando un órgano judicial hubiera de verse en la situación de violar la Constitución porque, estando sometido al imperio de la ley (art. 117.1 de la C.E.), carece de facultades para inaplicarla aunque la considere contraria a la Norma fundamental” (STC 17/81/4).La finalidad del trámite de admisión reside en evitar “que la cuestión de inconstitucionalidad se convierta en un medio de impugnación directa y abstracta de la validez de la ley, garantizando, al propio tiempo, que su uso sirva a la finalidad de conciliar la doble obligación que recae sobre los órganos judiciales de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución” (ATC 65/2001/2, en sentido similar previamente las SSTC 17/81/1, 126/97/2). El Tribunal Constitucional podrá utilizar el “específico trámite previsto en el art. 37.1 LOTC para evitar un uso inadecuado de dicha vía procesal, contrario a su propia naturaleza, cuando es posible apreciar prima facie con la sola audiencia de la Fiscalía General del Estado, en su calidad de parte imparcial y defensora de la legalidad, la existencia de un motivo que se oponga a su plena sustanciación” (ATC 287/91/1). El trámite de admisión se constituye, en consecuencia, en un medio que permite constatar de forma rápida, sin necesidad de más amplio debate (AATC 352/90/único, 93/91/único), la existencia de los requisitos necesarios para que la cuestión pueda ser planteada, tratando de evitar que la misma resulte desvirtuada por un uso no acomodado a su finalidad (AATC 946/85/1, 287/91/1, en sentido similar SSTC 94/86/2, 46/92/1, AATC 17/83/3, 60/91/1, 236/98/1).

En segundo lugar, hay que tener presente que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad conlleva la suspensión de la tramitación del proceso principal, lo que justifica que el Tribunal Constitucional controle en trámite de admisión que su decisión sobre la constitucionalidad de la norma tendrá efectos en ese proceso, por ser la norma aplicable y relevante en el mismo, puesto que si no fuese así carecería de sentido mantener la suspensión del proceso, atendidos los consiguientes perjuicios que una suspensión innecesaria podría comportar en los derechos e intereses de las partes. Pero la suspensión del proceso principal justifica además la posible inadmisión de la cuestión por motivos de fondo, puesto que el Tribunal Constitucional sólo debería admitir aquellas cuestiones en que efectivamente exista una duda de constitucionalidad sobre la norma cuestionada que justifique un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia sobre su posible contradicción con la Constitución3. Así, si se tiene presente que, como manifiesta Jiménez Campo, la cuestión de inconstitucionalidad sólo puede plantearse por razones jurídicas, esto es, cuando exista efectivamente una duda de constitucionalidad que podría motivar la adopción de una decisión judicial contraria a la Constitución4, en los supuestos en que sea evidente, en un primer examen, que la duda de constitucionalidad carece notoriamente de fundamento, se inadmitirá la cuestión planteada, salvando así el posible perjuicio que para los derechos e intereses de las partes podría conllevar la prolongación de la suspensión del proceso. En este sentido el Tribunal Constitucional ha declarado que la inadmisión por ser la cuestión notoriamente infundada se establece por “razones de economía, a fin de evitar dilaciones indebidas y de garantizar la inmediata eficacia de la ley y de nuestra doctrina” (ATC 287/91/1), por lo que cuando se aprecie que la cuestión carece notoriamente de fundamento, “puede resultar conveniente resolver (...) en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables como la paralización de múltiples procesos en los que resulte aplicable la norma cuestionada” (AATC 389/90/1, 287/91/4, 9/92/4).

No obstante, pese a que la finalidad del trámite de admisión es la de garantizar que las cuestiones de inconstitucionalidad se tramitan sólo cuando se den las condiciones procesales necesarias y exista una efectiva duda de constitucionalidad, hay que señalar que el Tribunal Constitucional ha realizado una “interpretación no formalista y flexible de los requisitos para interponer la cuestión de inconstitucionalidad con el objeto de que las cuestiones planteadas sean resueltas mediante sentencias, y se pueda contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico mediante una eficaz cooperación entre los órganos jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional” (SSTC 54/83/2, 142/90/1, 27/91/1, 189/91/2, 301/93/único...

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