Textos medulares y ubicación legal
| Autor | Jesús Alemany Eguidazu |
| Cargo del Autor | Abogado. Economista |
Sin la pretenciosidad de convertir estas páginas en un curso de técnica legislativa, sí es hacedera la reflexión previa acerca de la extensión y profundidad de las regulaciones para el tratamiento de los diversos problemas de la realidad. Abundando en la jerga económica, también el análisis coste-beneficio tiene bastante que aportar, y así se ha estimado en ordenamientos tenidos por pragmáticos.13
FSA, DCMC, Annex C Cost Benefit Analysis, 10. La FSA reconoce que la extensión, estilo y nivel de detalle en el CMC están sujetos a la ley de rendimientos decrecientes. En otras palabras, los «rendimientos» o beneficios asociados crecen con el nivel de detalle en el CMC, pero lo hacen a una tasa decreciente hasta que un determinado punto máximo se alcanza. Más allá de ese punto, los costes asociados con una cantidad mayor de detalle exceden los beneficios. Los siguientes ejemplos encierran esta idea en la práctica: 1) una orientación detallada sobre lo que constituya abuso de mercado puede rápidamente convertirse en obsoleta cuando se enfrente a las prácticas de mercado de rápido movimiento. Se asocian costes con el cambio y actualización del CMC para seguir el paso a las prácticas corrientes; 2) elaborando un CMC más detallado, la FSA corre el riesgo de diseñar un código del que los participantes en el mercado crean que comprende una descripción exhaustiva de prácticas que constituyan o no abuso de mercado. Esto podría potencialmente ahogar la innovación si los participantes en el mercado se apartaran del mercado para ciertas transacciones que no estén específicamente identificadas dentro del CMC; 3) incrementando el número de descripciones de conductas que no constituyen abuso de mercado, las áreas en las que las empresas o individuos están protegidos de la actividad coercitiva crece proporcionalmente. A mayor número de tales «puertos seguros», mayor probabilidad de escapatorias hallables a que las empresas o individuos pueden adaptar su conducta de tal manera que se beneficien indebidamente de tales «puertos seguros».
De todos modos, el análisis coste-beneficio no es ninguna regla por defecto de aplicación universal, sino que hay que tenerlo en cuenta para integrar las lagunas de una regulación determinada cuando ésta lo establece así –o, como mucho, es razonable suponer que no lo excluye–.14
[El legalismo] fuerza a los políticos a elegir entre definirse de forma clara y distinta cada vez que vayan a establecer reglas legales sobre los métodos de análisis que pueden o deben preceder a la toma de decisiones de las agencias reguladoras encargadas de desarrollar reglamentariamente aquéllas, o a refugiarse en el terreno de las vaguedades y ambigüedades más absolutas. Obliga así a la clase política a asumir los costes de sus propias decisiones, a clarificar si realmente quiere tal o cual tipo de análisis o a confesar públicamente que la decisión no se ha adoptado todavía y que queda a la discreción de la agencia controlada por los tribunales. Y es que, como es bien sabido, una definición legal expresa favorable al análisis coste-beneficio puede resultar polémica, pues esta técnica ha sido tradicionalmente criticada por razones tales como desconsiderar los efectos de los proyectos en personas con distintos niveles de riqueza y renta o valorar arbitrariamente cambios que nunca tienen lugar en mercado alguno. Así las cosas, el político profesional prefiere casi naturalmente quedar al reparo del análisis que otros puedan realizar de su propia ejecutoria, especialmente si lo hacen en términos de coste-beneficio. El...
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