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Vincent
AutorCMS Albiñana & Suárez de Lezo
España condenada por el TJCE por frenar la competencia en telefonía

En sentencia de 7 de enero, el TJCE ha condenado a España por haber incumplido las obligaciones derivadas de la Directiva 90/388 en relación con la Directiva 96/19, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para que el operador histórico efectuase el reequilibrio tarifario antes del 1 de enero de 1998, habiéndolo retrasado hasta el 2003, lo que sin duda ha afectado al correcto desarrollo de la competencia y ha perjudicado financieramente a Telefónica. La condena del Tribunal es a costas, si bien abre la puerta a las posibles reclamaciones por parte de Telefónica y el resto de operadores afectados. Tradicionalmente, Telefónica había mantenido de forma artificial unos precios de abono y de llamadas locales bajos que compensaba en parte a través de las tarifas correspondientes a llamadas de larga distancia. La citada Directiva obligaba al reequilibrio tarifario necesario para la apertura del mercado a la competencia, pero en España no se hizo así, por lo que se mantuvo el precio de estas llamadas para compensar la creciente competencia en las llamadas de larga distancia, lo que dificultaba la situación de los operadores entrantes que se enfrentaban a una estructura tarifaria artificial. En su sentencia, el Tribunal declara haber constatado que hasta el 2001 eran las autoridades españolas quienes decidían directamente las subidas y bajadas de las tarifas, de modo que Telefónica no disponía de ningún margen de maniobra para establecer sus tarifas. Incluso el Gobierno español reconoció expresamente en 1999 un déficit de acceso de 173.449 millones de pesetas de Telefónica, que sólo desaparecería en el año 2002 según las previsiones más optimistas. Con la introducción del régimen de «price cap» en 2001, Telefónica tenía una mayor libertad tarifaria, pero ésta estaba limitada por el propio sistema de topes de precio fijado por las autoridades, por lo que en este período cabe también imputar la responsabilidad de la falta de reequilibrio tarifario al Gobierno español.

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