Obligación de suministrar información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero

Autor:Clara Jiménez - Ana Mata
Cargo:Socia del Área de Fiscal - Abogada del Área de Fiscal
Páginas:37-45
 
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El pasado 30 de octubre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado ("BOE") la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (la "Ley 7/2012"), cuya finalidad es reducir la economía sumergida y elevar el número de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias, y que incluye medidas como la limitación del pago en efectivo o la exclusión de determinados contribuyentes del régimen objetivo ("de módulos").

El Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público estableció un régimen especial para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ("IRPF"), Impuesto sobre Sociedades ("IS") o Impuesto sobre la Renta de no Residentes ("IRNR") que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos. Conforme con este régimen (denominado informalmente amnistía fiscal), dichos contribuyentes pudieron presentar una declaración tributaria especial hasta el 30 de noviembre de 2012 con el objeto de regularizar su situación tributaria.

Como medida asociada a la reforma indicada previamente y para garantizar la efectiva sujeción a tributación de las rentas obtenidas por los contribuyentes, la Ley 7/2012 establece la obligación de todos los contribuyentes de suministrar a la Administración Tributaria información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero.

Esta medida se complementa también con el endurecimiento de las consecuencias en el caso de que la Administración Tributaria detecte bienes y derechos no declarados.

El desarrollo reglamentario de la Ley 7/2012 se ha realizado mediante el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre ("RD 1558/2012"). Dicho RD 15558/2012 introduce tres nuevos artículos en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio ("RGAT").

Finalmente, el 31 de enero de 2013 se publicó en el BOE la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (la "Orden").

Lo más destacable de la Orden es el gran detalle y desglose que se solicita de la información a facilitar. Con dicha información, la Administración Tributaria va a disponer de muchísimo más detalle respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero que respecto a los situados en territorio nacional.

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Pero junto a ello, quizá la idea más importante es la enorme carga que para los contribuyentes va a ser la obtención de dicha información y la cumplimentación del correspondiente modelo.1Resumimos brevemente a continuación el contenido subjetivo, objetivo y temporal de esta nueva obligación de información, así como el régimen sancionador y la nueva norma de imprescriptibilidad asociada.

1. Sujeto obligado

Las obligaciones de información que se exponen a continuación le corresponden a las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, a los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.42de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ("LGT"), que tengan la consideración de titulares reales de cada bien o derecho que se describe en los apartados siguientes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ("Ley de Blanqueo").

En el caso de los sujetos obligados a declarar las cuentas en entidades bancarias en el extranjero se establecen algunas especialidades que se exponen en el apartado siguiente.

2. Plazo

Esta obligación de información deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar, comenzando con efectos para el año 2012. No obstante, dada la aprobación tardía de la Orden, y únicamente para este primer año de presentación, el plazo se establece entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 20133.

3. Información sobre las bienes y derechos en el extranjer

La Ley 7/2012, mediante la introducción de la nueva disposición adicional decimoctava ("DA 18ª ") en la LGT establece tres obligaciones de información según el tipo de bien o derecho situado en el extranjero:

3. 1 Cuentas en entidades financieras

El nuevo artículo 42 bis del RGAT establece la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

Concretamente, los sujetos obligados deberán presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares reales conforme a la Ley de Blanqueo, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas a 31 de diciembre de cada año en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración.

3.1. 1 Información a suministrar

La información a suministrar a la Administración Tributaria comprenderá:

a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su

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domicilio. (conjunto de datos)4b) La identificación completa de las cuentas. (conjunto de datos)

c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. (dato)

d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. (dato)

La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten.

La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien tuviese la condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la consideración de titular real a esa fecha.

El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales, en caso de que dejen de tener tal condición en el transcurso del año, deberán indicar el saldo de la cuenta en dicha fecha. (dato)

3.1. 2 Exclusiones

No existe obligación de información respecto de las siguientes cuentas:

a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades con exención total5en el IS (artículo 9.1 del texto refundido de la Ley del IS, aprobado, por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo ("LIS")).

b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas residentes (o establecimientos permanentes), registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, y en el caso en que las cuentas estén registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

d) Aquéllas que deban ser objeto de declaración por las entidades de crédito o dedicadas al tráfico bancario, conforme a lo previsto en el artículo 37 del RGAT6, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

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e) Tampoco existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las...

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