El desarrollo sostenible en el medio rural: políticas de la Unión Europea y desarrollo legislativo en España
| Autor | Roberto Orlando Bustillo Bolado |
| Cargo del Autor | Universidad de Vigo |
| Páginas | 111-127 |
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En términos demográficos, sociales, urbanísticos y económicos, la Unión Europea y la España de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI son un fenómeno fundamentalmente urbano. Es en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población y donde se genera la mayor parte del producto interior bruto. Pero los grandes números del fenómeno urbano no deben hacer olvidar la singular trascendencia del mundo rural.
Y ello no sólo porque buena parte del territorio es entorno rural, porque una significativa y relevante minoría de población vive en el campo, porque en muchos lugares de la Unión Europea y de España el mundo rural es el soporte físico de unos valores, de una idiosincrasia, de un modo de vida y de una forma de explotación racional de los recursos naturales cuya importancia trasciende de lo meramente económico o aritmético; no sólo por todo eso, sino también porque en el momento presente y en el futuro, el medio rural puede y debe ofrecer una alternativa a los núcleos urbanos, una alternativa dentro de la cual las personas que lo deseen puedan vivir y ganarse la vida dentro de un entorno natural no excesivamente antropizado, con un buen nivel de servicios y en un marco económico de desarrollo sostenible.
De lo que se trata, pues, es de que el medio rural pueda ofrecer una alternativa que resulte atractiva, tanto para las personas que en la actualidad
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viven en este entorno, como para aquellas otras que todavía no lo hacen, pero que pueden plantearse esa opción vital si se dan las condiciones adecuadas. Una alternativa, en definitiva que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en el medio rural, que frene el éxodo hacia la ciudad y que, incluso, aspire a recuperar población en los Municipios afectados; a recuperarla de verdad, conservando el entorno físico y sin recurrir al falseado -y de bondad cuestionable- crecimiento fruto de la especulación y de la exportación al campo del modelo de la ciudad dormitorio.
Pues bien, partiendo de tales premisas, entender qué significa el desarrollo rural, requiere comenzar deslindando entre dos términos íntimamente relacionados pero diferentes: lo agrario o agrícola en sentido amplio, y lo rural, propiamente dicho.
Lo "agrario" o "agrícola en sentido amplio" hace referencia a una actividad económica, y engloba lo agrícola en sentido estricto (es decir, el cultivo de la tierra con especies vegetales no arbóreas), la ganadería y las explotaciones forestales (la silvicultura); lo "rural" hace referencia al territorio, a un entorno físico antropizado no urbano y caracterizado, entre otras notas, por el predominio de la actividad agraria. Pero adviértase, que ni toda actividad económica que se desarrolla en el medio rural es necesariamente actividad agraria (piénsese en una carpintería o en una farmacia), ni la actividad agraria se ciñe exclusivamente al medio rural (no es extraño, por ejemplo, ver pequeñas explotaciones fundamental-mente de autoconsumo en entornos urbanos).
A la vista de lo expuesto, puede entenderse por desarrollo rural el proceso integral de promoción del medio rural y mejora de las condiciones de vida de sus habitantes a la luz del principio de desarrollo sostenible, es decir, buscando siempre el equilibrio entre la conservación del medio y el desarrollo económico. Las actuaciones claves que integran toda política de desarrollo rural son cinco:
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Modernización de las explotaciones agrarias,
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Fomento de actividades económicas complementarias o alternativas respecto de las estrictamente agrarias,
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Mejora de lo servicios públicos,
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Protección del medio ambiente y
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Planificación de las actuaciones e inversiones públicas.
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Veamos a continuación cómo en el ámbito de las instituciones de lo que hoy denominamos Unión Europea van lentamente surgiendo y asentándose políticas y técnicas de desarrollo rural, y cómo éstas van siendo recibidas y adaptadas en España.
Tras las trágicas experiencias de las dos guerras mundiales (en realidad, guerras europeas que se extendieron a otras partes del mundo) y la secuela de una Europa (y un mundo) dividida en dos, surgieron en los más altos niveles políticos movimientos encaminados a fortalecer los vínculos económicos, culturares, políticos y militares entre los Estados integrantes de la entonces -y a lo largo de toda la guerra fría- denominada Europa Occidental. Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman o Konrad Adenauer jugaron papeles clave en este proceso que tiene su origen en el último lustro de los años cuarenta y en la década de los cincuenta del siglo XX.
Los más importantes resultados de tales iniciativas fueron por un lado el Consejo de Europa creado en 1940 con diez miembros (en la actualidad cuarenta) y los tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (París, 1951), de la Comunidad Económica Europea (Roma, 1957) y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Roma, 1957), tratados internacionales estos tres últimos en donde está el origen de lo que en la actualidad se denomina Unión Europea.
Si el Consejo de Europa venía a ser y es un foro de encuentro donde los Estados miembros pueden encontrar el ambiente adecuado para celebrar tratados internacionales en el ámbito fundamentalmente de la protección de la cultura y de los derechos y libertades de los ciudadanos, las entonces denominadas Comunidades Europeas eran organizaciones internacionales de integración, en las que los Estados miembros cedían parte de sus competencias a órganos internacionales, y cuyos fines y objetivos, en origen, eran meramente económicos.
A medida que el tiempo fue pasando, que las instituciones comunitarias fueron funcionado, que sus políticas fueron dando frutos, que el
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número de Estados miembros se fue ampliando, que las circunstancias internacionales cambiaban (desmoronamiento del bloque soviético y fin de la guerra fría), y que la "consciencia europea" lentamente fue hacién-dose un hueco en políticos y ciudadanos, también se fueron ampliando y profundizando las competencias, objetivos y fines comunitarios. Sobre el germen de lo económico van naciendo objetivos, fines y políticas medioambientales, culturales, sociales, de seguridad... que dan lugar a que hoy en día la Unión Europea (sucesora jurídico-política de las tres iniciales Comunidades Europeas) sea mucho más que una organización económica internacional.
La descrita evolución desde los años cincuenta del siglo XX hasta la actualidad, primero de las denominadas Comunidades Europeas y después de la Unión Europea es, pues, un constante camino hacia el crecimiento geográfico y hacia la ampliación y profundización en sus competencias, fines y objetivos.
La incidencia de las instituciones europeas en materia agraria, prime-ro, y en el desarrollo rural, después, es un estupendo ejemplo concreto de cuanto antecede, pues, como se expondrá de inmediato, de los iniciales planteamientos agrarios centrados sobre todo en aspectos meramente productivos, se ha ido avanzando hacia una nueva perspectiva tendente a satisfacer otros objetivos y a favorecer la búsqueda de actividades económicas alternativas o complementarias que pueda contribuir a la revitalización del medio rural y de la calidad de vida de sus gentes. Veamos ese proceso.
Ya la primera mención a la Política Agrícola Común (PAC) se produce en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 27 de marzo de 1957, en los arts. 38 y ss, pues como bien se ha señalado desde la doctrina, la agricultura ha sido uno de los sectores sobre el cual, desde un principio, la Comunidad quiso construir una política propia de ordenación y de intervención económica. Sin embargo, es evidente que el contexto social, político, económico y tecnológico ha cambiado profundamente desde entonces y de ahí la necesidad de la evolución de esa política.
Usualmente se divide esta evolución en cuatro etapas: la primera comprendería desde los orígenes de la CEE hasta 1970, y en ella se
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sientan los cimientos de la estructura institucional; la segunda fase sería la referente a los años 1970-1980, en la que se consolida la estructura jurídica y financiera de la intervención pública en la agricultura, consolidación que se produce en medio de un contexto marcado por problemas derivados de los excedentes agrícolas y la crisis económica internacional; la tercera, 1980-1992, etapa en la que, como se expondrá, aparecen otros aspectos que infiuyen en la PAC y ponen de manifiesto la necesidad de reforma de la misma; y, finalmente, la cuarta comprende de 1992 en adelante (hay quien establece la fecha final en 1999, lo que haría necesario añadir una quinta fase que sería la actual)...
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