Desarrollo sostenible, políticas sociales y participación
| Autor | Atanasi Céspedes/Elisenda Vegué/Ismael Blanco |
| Páginas | 101-126 |
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Desde la última década del siglo XX se está dando un proceso gradual de reflexión y búsqueda de soluciones al futuro de nuestro planeta, y sobre todo de las formas civilizatorias en torno a cómo nos relacionamos los seres humanos con nuestro entorno y con nosotros mismos.
La prepotencia y nuestro uso (derroche) ilimitado de los recursos naturales nos ha colocado en la necesidad de buscar otras formas de desarrollo más armónicas y sustentables de nuestras formas de vida y de organización social. Los límites de la naturaleza plantean la necesidad de ir enfocando el desarrollo hacia un aumento de la calidad de vida basado en el consumo de bienes inmateriales, controlando el consumo de bienes materiales que no pueden mantener una tasa de renovación adecuada.
Muchas voces expertas alertan de la necesidad de avanzar en este sentido, de manera decidida y urgente, ya que son muchos los problemas irreversibles que se están generando por este modelo desarrollista y depredador que hegemoniza nuestra civilización. En estos últimos años, primeros del tercer milenio, está avanzando con mucha fuerza otra manera de entender el desarrollo y la calidad de vida de la humanidad. El Desarrollo Humano Sostenible persigue integrar la justicia social, una economía sostenible y un entorno natural duradero que promueva una mejor calidad de vida. El equilibrio y la retroalimentación de estos tres vectores (ambiental, económico y social) son los que tienen que sustentar la articulación de nuestras sociedades; una comunidad sana se construye sobre el equilibrio de estas dimensiones.
El principio de corresponsabilidad y colaboración es básico para la implantación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel local, por loPage 102 que las administraciones locales tienen que liderar la búsqueda de consenso e iniciar un diálogo con los ciudadanos, con las organizaciones cívicas, empresariales e industrias locales y con el resto de administraciones públicas implicadas en cada localidad.
Es básico impulsar la educación y la formación en materia de desarrollo sostenible, así como el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados, facilitando su participación en los procesos locales de toma de decisiones. En definitiva es necesario impulsar una nueva cultura de participación ciudadana, de política pública y de responsabilidad social empresarial.
La innovación y la creatividad jugarán un papel decisivo en la resolución del problema, no sólo tecnológico sino también social y político, construyendo nuevas formas de relación y de gestión de nuestras sociedades.
Este proceso de reflexión y de cambio se está dando tanto a nivel local como a nivel global, reconociéndose a la práctica y a lo local como espacio concreto para la transformación, para la creatividad y la innovación. Es decir, para la construcción de otras maneras de ser y de hacer más respetuosas tanto con el entorno natural como con el propio ser humano.
El concepto de la ciudadanía es un concepto relativamente reciente en la Historia de la Humanidad. Más allá de su significación literal -el ciudadano en tanto que ser urbano-, conlleva, en su concepción política, moderna y occidental, la posesión de unos determinados derechos frente al Estado. Theodor Marshall, un conocido sociólogo inglés de mediados del siglo XX, teorizó a fondo sobre el concepto de la ciudadanía y remarcó que éste ha ido evolucionando a lo largo de la historia occidental moderna, evolución que, según su perspectiva, conllevaba una progresiva ampliación de los derechos implícitos en la ciudadanía (Marshall 1945).
Así, la Revolución Francesa marcó el asentamiento progresivo del concepto de la ciudadanía civil: la ciudadanía civil se asoció a la posesión de una serie de derechos individuales frente al Estado, como el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el dere-Page 103cho a la libertad religiosa... derechos que aún hoy configuran lo que en el mundo occidental identificamos como derechos humanos básicos. La asunción de estos derechos conllevaba asegurar una serie de libertades básicas del individuo que restringían el poder absoluto de las instituciones del Estado, marcaban unos límites a su actuación, y exigían al Estado su garantía. La política, de hecho, cumplía una función básica en este contexto: la garantía de que tales derechos no podrían ser soslayados por ninguna clase de poder (político, religioso, militar...). Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, el concepto de la ciudadanía fue profundizándose y ampliando sus contenidos. Para Marshall, éste nuevo contexto histórico enmarcó el asentamiento de un nuevo concepto de la ciudadanía: lo que él llamó la ciudadanía política. La ciudadanía política conllevaba el reconocimiento de nuevos derechos, fundamentalmente, aquellos que se refieren al derecho de los ciudadanos a participar políticamente en las instituciones del Estado. El sufragio universal fue la principal conquista histórica asociada a esta nueva concepción de la ciudadanía. El derecho de «todos» los miembros de la sociedad a participar en la elección de sus representantes políticos comportó que el «ser ciudadano» no sólo estuviera asociado a la posesión de determinados derechos individuales frente al Estado, sino también, a la capacidad de participar en la configuración de la voluntad colectiva.
Pero a mediados del siglo XX, las luchas obreras, dentro y fuera de las instituciones del Estado, consiguieron poner en evidencia un hecho fundamental: no pueden garantizarse derechos civiles ni políticos si no existe una garantía de derechos sociales básicos. Desde esta perspectiva, por lo tanto, la emergencia de las políticas sociales y su asentamiento en lo que conocemos como el Estado del Bienestar debe interpretarse como consecuencia del desarrollo de un nuevo concepto de la ciudadanía: la ciudadanía social. No hay libertad sin igualdad, el capitalismo genera grandes desigualdades sociales que restringen la capacidad real de los individuos de ejercer determinados derechos civiles y políticos y el Estado debe responder ante esta situación garantizando a las personas el acceso a determinados bienes básicos. La vivienda, la salud, el trabajo digno, la educación... no pueden continuar siendo privilegios de unos pocos, sino derechos sociales básicos que la política debe ayudar a asentar.
Esta interpretación de cómo el concepto de la ciudadanía ha ido evolucionando a lo largo de la historia ha sido sometida a profundas críticas por parte de historiadores, sociólogos, politólogos... Críticas que aquíPage 104 no tenemos espacio para sistematizar. Pero se nos ocurren, como mínimo, tres interrogantes que nos parece importante remarcar. Sólo los apuntaremos, y los recuperaremos más tarde para continuar con nuestra argumentación. En primer lugar, este tipo de interpretación nos hace pensar en una visión de la historia lineal, unidireccional, cuando sabemos, en cambio, que la historia está marcada por profundos vaivenes. La emergencia, en las dos últimas décadas, de nuevas y dramáticas realidades de exclusión social (Subirats, 2004), por ejemplo, nos obliga a replantearnos hasta qué punto la conquista de derechos sociales básicos es un hecho consumado o por (re)construir. En segundo lugar, este tipo de interpretación no tiene en cuenta las profundas contradicciones implícitas en el concepto de la ciudadanía a lo largo de la historia, en sus distintas acepciones. Las mujeres, por ejemplo, han estado marginadas durante buena parte del siglo XX de cualquier tipo de derecho de ciudadanía, civil, político o social (Young, 1989). Los nuevos inmigrantes de la Europa Occidental sufren, también, una dramática exclusión respecto a derechos civiles, políticos y sociales que parecían estar consolidados en nuestros Estados (Kymlicka, 2006). Finalmente, este tipo de interpretación nos deja en un punto muerto en la historia. No creemos lo que preconizó Fukuyama después de la caída del muro de Berlín, que estemos asistiendo al fin de la Historia (Fukuyama, 1992). Hoy existen nuevos retos colectivos que nos obligan, con toda seguridad, a continuar repensando y a profundizar en el concepto de la ciudadanía (Zapata 1996).
Retomemos el hilo argumental de Marshall. El fin de la Segunda Guerra Mundial marca un importante punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y el Estado. El asentamiento del concepto de la ciudadanía social, como hemos visto, presiona a los Estados a garantizar determinados derechos sociales básicos. Dejemos, por otra parte, a los expertos, el profundizar sobre el tipo de fuerzas históricas que nos llevan a éste nuevo estadio histórico. Lo cierto es que, desde finales de los años 40, la mayoría de los Estados de la Europa Occidental, con ritmos e intensidades diferentes, van reconvirtiéndose en Estados del Bienestar: Estados que no sólo garantizan derechos civiles y políticos, sino tam-Page 105bien sociales (Harris 1990). Los Estados amplían espectacularmente el...
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