Sociedad de riesgo y derecho penal

Autor:Francesc Abellanet Guillot
Páginas:43-55
RESUMEN

Leyes penales en blanco. Delitos de peligro. Justificación. Problemática que comportan.

 
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Los riesgos globalizados, la superación de la sociedad industrial y de la era post-industrial son fenómenos que hacen que se creen nuevas situaciones sociales de riesgo o de peligro y, en consecuencia, surge la llamada «sociedad del riesgo» Frente a ella la reacción punitiva se comprende en el denominado «derecho penal del riesgo», como una expresión más de la expansión del derecho penal.

Se observa, como fenómeno social, una proliferadón de comportamientos o conductas generadoras de riesgo y de peligro derivadas de una excesiva productividad, de la expansión y crecimiento en la sociedad post-industrial. Por dicha razón, se crean nuevas y múltiples situaciones de riesgo o de peligro y en vista de ello, los dudadanos tienen una credente sensadón de inseguridad. En este sentido, puede afirmarse que vivimos inmersos en un síndrome de riesgo. Este fenómeno y el constante aumento del riesgo que comporta la globalización de las nuevas industrias, el aumento desmesurado de la construcción, producen, entre otras consecuencias: la contaminación de los espacios naturales, el aumento de los acddentes laborales, de los acddentes de drculadón, entre otros. Por dicha razón, el dudadano y la sociedad en general redaman a los poderes públicos una mayor seguridad tanto a nivel individual como colectivo. Ante estos nuevos retos y acontecimientos se ha pasado a la mayor preponderanda de la protecdón del riesgo colectivo, como factor esencial en la sodedad contrapuesto a la sociedad de protecdón del riesgo de carácter individual.

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En el caso de la construcción se protege al colectivo de trabajadores que prestan sus servicios en el conjunto de dicha actividad. También se constata, concretamente en el sector de la construcción, desde el punto de vista económico, que el abaratamiento de los costes en las obras repercute en menor seguridad para los trabajadores y consiguientemente en un aumento general del riesgo de accidentes en la construcción. La celeridad en la construcción, motivada por las demandas de entrega de las obras en un término predeterminado, también es factor determinante en orden a las causas de una mayor siniestralidad laboral. Del mismo modo se observa, como causa directa de una mayor siniestralidad laboral, la precariedad laboral, en el sentido de que la contratación laboral es temporal y se realiza en condiciones verdaderamente inestables y precarias. Un mayor abaratamiento de las obras en construcción explica la creciente contratación de mano de obra menos cualificada, sea por su situación ilegal de inmigrantes, sin contratación alguna y en condiciones verdaderamente deplorables. La cualificación profesional es factor prioritario a la hora de valorar la producción de siniestralidad laboral.

Es cierto que después de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 (LPRL), de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas constructoras no tuvieron otro remedio que añadir nuevas partidas presupuestarias destinadas a sufragar los gastos que representaba la adopción de las medidas de seguridad que impone la nueva normativa. Entre las finalidades perseguidas estaba la reducir los elevados costes sociales que produce la elevada siniestralidad en el sector de la construcción.

Se comprueba pues una mayor demanda social de protección y de seguridad ante comportamientos de peligro y de lesión; hecho que tiene su reflejo en los medios de comunicación; el fenómeno provoca que los agentes políticos se vean obligados a satisfacer esta demanda social mediante el aumento, muchas veces desmesurado, de una mayor actividad legislativa en el ámbito de la prevención del riesgo y en el de la seguridad. El postulado que el derecho va siempre por detrás de la realidad social, si bien es cierto, actualmente se da un mayor acercamiento temporal entre la actividad legislativa y el intento de soluciónPage 45 de problemas sociales que se detectan en el presente, en mayor medida en el ámbito de la prevención del riesgo. Ello comporta que el Estado de Derecho deba regular y prevenir con cierta urgencia los comportamientos productores de peligro o de riesgo y que deba intervenir (Estado intervencionista), al objeto de prevenir y garantizar la seguridad, la vida , la salud e integridad física del ciudadano, así como la seguridad de los diversos sectores o grupos sociales. Por otra parte, el proceso de adaptación a las directivas europeas que existen sobre esta materia, exige que el legislador deba legislar continuamente sobre la misma, de forma más acelerada, frecuente y acentuada que antes.

El principio de precaución que en la actualidad se proclama a partir del Convenio de Río de Janeiro sobre biodiversidad de 1992, consiste en que por los poderes públicos deban hacerse prevalecer los imperativos de salud y de seguridad entre los particulares y los respectivos Estados. En virtud de este principio, por los poderes públicos deben tomarse disposiciones legislativas que permitan la evaluación del riesgo, prevenirlo, reducirlo a nivel aceptable y si es posible eliminarlo; informar a las personas afectadas y recoger sus sugerencias. El "desarrollo" hace que en no pocas ocasiones se produzcan daños irreversibles, y que frente a ellos indudablemente el derecho penal deba de actuar, en el supuesto de que existan responsabilidades en la causación de los mismos. Como se ha puesto de manifiesto, el origen de la mayoría de riesgos en la actualidad, se debe a una "colectivización de acciones" lo que comporta problemas de culpabilidad, causalidad y de autoría, en cuanto se refiere a la imputación del resultado, como después veremos.

El principio de precaución tiende a aplicarse principalmente en los riesgos derivados del medio ambiente para la protección de los recursos naturales, sin perjuicio de que así las demás actividades que comportan la producción y asunción de riesgos, también deba tenerse en consideración por el poder ejecutivo.

A nivel legislativo el fenómeno provoca, también en el ámbito de la construcción, que se tenga una gran actividad legislativa y reglamentaria (se viene apreciando un aumento irracional de la acción legislativa) para regular, a veces con total desacierto, competencias, funciones y tareas dePage 46 los distintos agentes de la construcción que...

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