Soberanía limitada, delitos estatal-corporativos y daño social: los desahucios y suicidios en España
| Autor | Alejandro Forero Cuéllar |
| Páginas | 167-181 |
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En este escrito nos centraremos en la problemática de los desahucios y suicidios en España para ilustrar que el cambio desde la prosperidad económica hacia la crisis financiera tiene, por un lado, unas consecuencias de grave daño social y, por otro, que ese cambio y el daño que produce encuentran causas específicas en tomas de decisiones políticas y legales que en sí mismas generaron la crisis así como de aquellas que fueron tomadas para superar la misma.
Es lugar común entender que gran parte de los efectos devastadores que ha tenido la crisis a nivel local, tienen su germen en la aprobación de la famosa «Ley del Suelo» por el gobierno de J.M.ª Aznar en 1998.2El objetivo básico de la ley era permitir cambiar más fácilmente el régimen o calificación del suelo para que éste fuera urbanizable y con ello promover, de manera faraónica, la construcción de miles y miles de viviendas. Esto, con dos finalidades: aumentar el número de viviendas disponibles generando que más personas pudieran acceder a ellas con la idea de que al aumentar la oferta de pisos el precio de éstos disminuiría. Por otro lado, reducir la elevadísima tasa de paro que por entonces, según el Instituto Nacional de Estadística, llegaba al 18,6 %.
El paro disminuyó de manera ostensible (en el año 2001 ya era del 10,6 % y en 2007 llegó a su punto más bajo, 8,3 % según
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datos del INE) y ello llevó a que más personas y familias gozaran de ingresos que les permitía cumplir el sueño de tener una casa propia (que ahora, habría por centenares de miles). El sueño fue reforzado por una política de reducción de los tipos de interés que incitaban la solicitud de préstamos en conjunto con una política de financiación hipotecaria abusiva que, junto con la creciente especulación inmobiliaria, tuvieron como resultado la llamada «burbuja inmobiliaria» y el endeudamiento de miles de familias, en muchos casos, de por vida.
El contagio de la crisis financiera que empezara en los EE.UU. y el estallido de la particular «burbuja» española (promovida tanto por gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español y facilitada por un débil o inexistente control por parte del Banco de España), generó el regreso a la situación anterior a dicha Ley pero agravada: aumento exponencial del paro (en dos años, para 2009, el paro había aumentado casi 10 puntos porcentuales llegando al 18 % y escalando hasta alcanzar la cifra histórica de superar el 26 % en 2012, continuado así en 2013) y cifra record de endeudamiento de familias, empresas y administraciones.3La «economía del ladrillo» se quiebra, la economía entra en recesión y estalla la alarma sobre la deuda pública. Entonces, se produce un efecto devastador: la troika decreta que la única forma de salir de la crisis es recortando el gasto público para reducir el déficit. Se paraliza el crédito, las empresas restringen sus gastos (buena parte en personal), el sector público toma la voz cantante en los recortes, y estas políticas restrictivas llevan a un aumento exponencial del paro. Las hipotecas se vuelven impagables. Empiezan los desahucios y en poco tiempo se multiplican por miles. Las personas se desesperan, se empiezan a producir suicidios.
¿Cuál ha sido el papel del Estado, del Gobierno y de las agencias del sistema penal frente a estos fenómenos? ¿Son los gobiernos irresponsables de este daño social debido a la apa-
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rente subordinación en la toma de decisiones respecto a las políticas que se toman en Bruselas o Berlín, así como a los diktats de la troika? A continuación, se expondrá por qué consideramos que la (co)responsabilidad del poder político es directa, en el origen de la crisis pero también en los problemas que ha traído su intento de superación.
Tratar el tema de los desahucios resulta dramático. No solamente por la realidad que significa perder el hogar (y además, continuar con parte de la deuda), sino debido al papel que han venido jugando los gobiernos y las agencias del sistema penal, que frente a la petición de las entidades financieras de ejecutar las hipotecas, han ejercido un papel mecánico de cumplimiento de la ley dejando a cientos de familias sin su hogar.4Todo ello en un contexto en el cual los índices de población en riesgo de exclusión social no dejan de aumentar.5Pero ¿esta pasividad ante los hechos, o la contribución en las ejecuciones, además en medio de una crisis, constituyen un crimen?
Como bien dice Ferrajoli, debido al poder que tienen el Estado y los poderosos y el alto nivel de impunidad, no podemos seguir, en el análisis del delito y el castigo, sometidos a lo que estrechamente los penalistas definen como tales. El problema acerca de las definiciones que siempre ha existido, sobre quién tiene el poder de prohibir, se hace aquí más elocuente (vid. Ferrajoli en el presente volumen). El etiquetamiento como crimi-
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nal de los comportamientos de los poderosos será difícilmente atribuido y convertidos en tipos penales. Estando tipificados, la selectividad del sistema penal no los perseguirá.6Y es que dicha impunidad se produce también por la complejidad en desentrañar cómo han afectado las decisiones en la producción de dichos daños y hasta qué punto ha intervenido o influenciado el poder político o el corporativo. Siguiendo a Tombs (2012), la actuación en muchas ocasiones del poder político y las corporaciones, presentan una simbiosis criminal que es capaz de generar altas cuotas de daño social.7Dicha simbiosis, para ser entendida en su complejidad, debe ser analizada como una relación, que dura en el tiempo y es variable, más que como un hecho puntual y determinado.
Y es que de ese actuar mecánico del sistema penal, que continua generando dolor o daño sin importar las razones que lo mueven, ya fue advertido tiempo atrás por Weber (1998 [1909]) y continuó vigente en la crítica que hicieran Adorno y Horkheimer sobre la racionalidad instrumental (2009 [1944]) o la llamada de atención de Arendt sobre la banalidad del mal (1967 [1963]). Mas, la responsabilidad política no se encuentra simplemente parapetada en ese actuar cotidiano y burocrático, sino que se
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hace manifiesta en las propias declaraciones en defensa del sistema de importantes figuras políticas.8Y como se quiere advertir, no existe una responsabilidad única de las corporaciones financieras y un sometimiento pasivo del poder político sino que este último también interviene de mane-ra activa. Las corporaciones, por tanto, no existen autónomamente sino que la regulación estatal juega un papel importante en producir, facilitar, reproducir o promover las condiciones para que éstas desarrollen su labor.
El problema de las hipotecas no ha sido tanto un asunto de mayor o menor responsabilidad por parte de las personas que han pedido créditos, sino de una clara regulación fraudulenta en que la Ley habilita a los bancos a decidir de manera unilateral la deuda con la que continúa una persona cuando entra en impago, aumentando además de manera abusiva los intereses por demora y no pudiendo el afectado paralizar el desahucio de manera preventiva.9Pero esta relación simbiótica se materializa de manera más evidente cuando los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro, convertidas de facto en las entidades financieras más poderosas y que más créditos han otorgado, han estado controlados por políticos. Tal vez el caso más representativo sea el de Bankia.10
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La brutalidad de los desahucios se magnifica cuando, a pesar de que la Constitución Española reconozca el derecho a tener una vivienda digna y que exista una obligación de que la vivienda tenga un interés social, ante los desahucios y las familias sin hogar, continua existiendo una cifra de pisos vacíos alar-mante: España, con entre 3 y 5 millones se pisos vacíos, es uno de los países del mundo que más vivienda vacía acumula.11
Si el tema de los desahucios empezó a verse como un drama, la amenaza de lo que estaba sucediendo en otros países como Grecia o Italia,12no tardaría de producirse en España. Y es que
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aquella simbiosis de la que nos habla Tombs, genera un daño que en época de crisis encadena una serie de situaciones límite que en España se ha visto especialmente agravada por las medidas que ha tomado el Gobierno para reducir el déficit: las familias desahuciadas se cuentan por cientos de miles, el desempleo llega a topes históricos, aumentan los impuestos afectando sobre todo a las familias con menos recursos, disminuyen los salarios y el poder adquisitivo, se recortan los servicios básicos como la salud y la educación, se encarece el acceso de los servicios públicos, del transporte. Esta presión creciente ha generado que muchas personas se hayan visto empujadas a una situación verdaderamente límite, que en ocasiones, han decidido resolver poniendo fin a sus vidas.
No existen estadísticas oficiales acerca de los suicidios debidos a circunstancias económicas. El INE recogía, hasta 2010, los datos de suicidios sin especificar los motivos. La cifra, desde 2008, se había reducido, a pesar de que el aumento del 8 % de 2007 a 2008 fuera atribuido por algún estudio a la crisis.13Desde...
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