El sistema penal
| Autor | Celia Suay |
| Cargo del Autor | Profesora de Derecho Penal y Criminología. Universidad Autónoma de Barcelona |
| Páginas | 520-525 |
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El sistema penal es un ámbito bastante complejo de la realidad social, que incluye situaciones tan dispares como la detención policial de un ciudadano sospechoso de haber realizado un delito, el acto del funcionario que cancela los
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antecedentes penales del sujeto que ya cumplió la pena, el del juez que dicta una sentencia, o los diversos actos de los parlamentarios que elaboran una ley penal. Para introducir un poco de orden en este complejo universo vamos a esbozar las líneas generales de lo que denominamos sistema penal, partiendo del concepto de sistema. Un sistema es un conjunto delimitado de sujetos y objetos, junto con las propiedades e interrelaciones que de ellos podamos definir (vid. Mosterin 1984: 132).
Según esta definición de sistema, vamos a considerar que el sistema penal lo constituyen las diversas instituciones, los sujetos que en ellas operan y los procesos que gestionan, relativos a la elaboración y aplicación de las leyes penales. Esta definición puede coexistir con otras; tantas, cuantos criterios de delimitación y perspectivas podamos imaginar2. Como la nuestra es una perspectiva jurídica, hemos tomado las leyes penales como elemento básico para delimitar el sistema, y a partir de ellas, seleccionamos los sujetos, objetos y relaciones que intervienen en su génesis y aplicación. En el sistema penal diferenciamos dos subsistemas: el subsistema penal público y el subsistema penal semipúblico, de los que nos ocupamos a continuación, junto con aquellos elementos externos al sistema penal que con él interactúan: los ciudadanos individuales, los grupos, los medios de comunicación y los teóricos.
El subsistema penal público incluye todos aquellos elementos cuya financiación procede (mayoritariamente) del erario público estatal. Así, todas aquellas instituciones y funcionarios públicos adscritos a los ministerios de Justicia e Interior, a sus equivalentes en las Comunidades Autónomas y correspondientes en la
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Administración Local. Sus cometidos o competencias vienen determinadas en las leyes y otras normas jurídicas que regulan la estructura y composición del correspondiente órgano público. Aquí se incluyen los jueces y magistrados, Secretarios, personal de los juzgados, Ministerio Fiscal, los Tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, las correspondientes asociaciones profesionales de este personal etc. Forman parte también de este subsistema las actuaciones y documentos que sus instituciones generan: sentencias, autos, circulares de la Fiscalía General del Estado, estadísticas, atestados policiales etc. Quedan incluidas aquí las leyes penales, y el órgano del que proceden, las Cortes y los diputados y senadores en una situación concreta: cuando legislan leyes penales. También pertenece al subsistema público penal la institución del Jurado, y los sujetos concretos que, en un momento dado, participan en dicha institución, ya que realizan una función que hasta su introducción en el ordenamiento jurídico había...
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