La intervención del sistema judicial bonaerense durante el primer peronismo: la subordinación de la justicia al poder político
| Autor | José Bernardo Marcilese |
| Páginas | 275-296 |
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En la últimas décadas las investigaciones históricas y sociales en torno al primer peronismo (1945-1955) se han complejizado y profundizado. En tal sentido este trabajo se propone progresar en una vertiente historiográfica parcialmente inexplorada como lo es el funcionamiento de la justicia durante el período a través
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de lo ocurrido con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires1. Con ese propósito el análisis se construirá en torno a la idea que durante esa etapa el sistema judicial bonaerense experimentó un paulatino proceso de subordinación respecto del poder ejecutivo, que tuvo como objetivo principal someterlo a los lineamientos e intereses del partido gobernante.
Este nuevo escenario afectó la independencia entre los poderes, rasgo esencial de todo sistema republicano, y supeditó la labor de los jueces a los intereses del partido gobernante, alterándose así el funcionamiento del sistema, puesto que es la tarea de los magistrados la que en última instancia determina la calidad y eficacia en la administración de justicia. Aunque el proceso fue progresivo se intensificó con la intervención de julio de 1952 y, si bien respondió a una tendencia presente en otros distritos, adquirió en Buenos Aires un grado de complejidad singular dadas las dimensiones de su estructura judicial y la trascendencia política del distrito.
Por otra parte, resulta conveniente reconocer que el estudio de la relación de la justicia argentina con el poder político constituye una línea de investigación escasamente contemplada por la historiografía2, no siendo los estudios referidos al primer peronismo una excepción a esa tendencia3. En general los trabajos que se interesaron en el tema lo han hecho desde una óptica nacional, centrando su enfoque en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de la Nación, como una forma de entender la dinámica política de determinados gobiernos4, pero sin considerar por ejemplo lo ocurrido en los espacios provinciales argentinos, donde en ocasiones los procesos nacionales presentan rasgos diferenciados. Como ejemplo de ello se puede considerar al distrito bonaerense, donde las investigaciones en torno al accionar del sistema judicial se reducen a algunas reflexiones sobre su funcionamiento en el marco de estudios acerca de
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los gobiernos conservadores de la década de 1930, sin avanzar sobre lo ocurrido en otros períodos5.
Por último es necesario destacar, que la vulneración de la independencia judicial en cualquiera de sus diversas variantes y su supeditación a los intereses del Poder Ejecutivo, puede apreciarse casi como una componente estructural del sistema democrático argentino a partir del golpe militar de 19306. Pero durante los años del primer peronismo esta tendencia se acentúa, alcanzando una intensidad nunca antes observada.
Desde su llegada el poder luego de las elecciones de febrero de 1946 el peronismo intentó por todos los medios establecer una clara diferenciación, tanto en el plano discursivo como en sus prácticas políticas, de los regimenes que lo precedieron. En el caso de la provincia de Buenos Aires, una de las medidas que impulsó el gobernador electo coronel Domingo Mercante7fue promover la renovación de buena parte de los funcionarios judiciales, por entender que habían sido designados por los gobiernos fraudulentos de la llamada "década infame" (1930-1943).
Sin embargo los resultados del proceso de reorganización impulsado por Mercante en el sistema judicial no fueron los esperados por el gobernador debido a que no contaba con una mayoría legislativa propia. Fue por ello que la renovación se circunscribió principalmente a los juzgados de la capital provincial, La Plata, y parcialmente a la Corte Suprema provincial. De esta manera la justicia bonaerense, en el sexenio 1946-1952, siguió estando formada esencialmente por funcionarios de carrera que se habían desempeñado durante la "década infame" y por otros, un grupo minoritario, nombradas luego del golpe del 4 de junio de 1943.
Esta limitada renovación se debió a que solo una fracción de los pedidos de remoción impulsados por el gobernador recibieron el acuerdo del Senado Provincial, dejando en claro el carácter regulador que en esta etapa ejercía el
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poder legislativo respecto de las solicitudes del ejecutivo8. Exceptuando los cambios producidos en la composición de la Suprema Corte provincial, aproximadamente la mitad de los pedidos de acuerdo elevados por Mercante no contaron con el aval de los legisladores. De esta manera, solamente una treintena de funcionarios, entre fiscales, secretarios de juzgados y jueces, fueron removidos de sus cargos9.
Asimismo durante la gestión de Domingo Mercante se constituyó el fuero laboral en el distrito bonaerense, con el fin de dirimir los posibles conflictos que se generasen entre los trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores. Los diversos tribunales de trabajo y fiscalías se establecieron en 1948 en los principales centros urbanos bonaerenses. Hasta entonces los problemas laborales habían sido resueltos por el fuero civil y comercial, pero la creación de esta nueva área dentro del Poder Judicial del distrito, si duda serviría para agilizar la resolución de conflictos que se generasen y brindaría a los obreros "...una justicia rápida e imparcial, con sentido revolucionario; una justicia que sin prevenciones de clase, descifre ágilmente la letra de los nuevos textos jurídicos y generalice el imperio de los postulados de redención social que propugnamos"10.
Evidentemente, esta disposición constituyó un aporte más al conjunto de medidas impulsadas desde el gobierno con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los sectores asalariados11.
Dicho esto, se puede concluir que durante el período 1946-1951 el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires funcionó con normalidad y las remociones que se produjeron en su cuerpo de magistrados contaron con la aprobación de las cámaras legislativas. En el resto del país la situación resultó diferente debido a que desde el ejecutivo nacional se promovió un proceso de subordinación de la justicia al poder político, como quedó evidenciado con la remoción de casi la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese caso la medida fue dispuesta por el Senado de la Nación que dispuso en una sentencia del 31 de abril de 1947 destituir a cuatro de los cinco jueces y al
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procurador general de la Nación12. La medida fue duramente criticada por la prensa opositora y puso de manifiesto las aspiraciones del peronismo respecto del sistema judicial.
La intervención federal fue una herramienta política, empleada usualmente por los gobiernos federales argentinos13y de la que el peronismo se valió tempranamente, como lo indica la interrupción de numerosos gobiernos provinciales pocos meses después de la constitución de las autoridades elegidas en los comicios de febrero de 194614. El gobierno nacional empleó luego este recurso sobre diversas áreas del estado y de la sociedad civil, convirtiéndose paulatinamente en una modalidad usual y por períodos prolongados, y no ya una alternativa extraordinaria y momentánea, al punto que el matutino La Prensa llegó a afirmar que era fácil "comprobar esa tendencia en todos los órdenes de la vida nacional"15.
En este contexto, el procedimiento de intervención se aplicó sobre el Poder Judicial en diversas jurisdicciones luego que varios gobiernos provinciales fuesen intervenidos. En el caso de la provincia de Salta no se originó en al interrupción de la gestión distrital y se extendió por el término de dos años, un plazo demasiado prolongado si consideramos que la justicia salteña solo estaba compuesto por 25 magistrados. Por lo que su normalización no debería haber implicado un proceso tan prolongado. Una situación similar atravesaron los poderes judiciales de las provincias de Catamarca, Córdoba y Santa Fe, siendo estas dos últimos, después de Buenos Aires, los distritos económica y demográficamente más importantes de Argentina.
En el caso de la provincia de Buenos Aires la intervención federal al aparato judicial se gestó en el seno de los cuerpos legislativos poco después de su renovación y del ingreso de un conjunto de legisladores que mayoritariamente no habían actuado durante la gobernación de Domingo Mercante. El proceso se
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inició cuando el 2 de julio de 1952 una comisión encabezada por diputado provincial Jorge Simini, presidente del bloque peronista, declaró:
"Que verían con agrado que el Poder Ejecutivo de la provincia se dirija al gobierno nacional planteándole la necesidad imperiosa de intervenir el Poder Judicial de la provincia, a fin de poder posibilitar su reorganización, tendiente al restablecimiento de las garantías que aseguren al pueblo el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución."16.
De esta manera la iniciativa contaría con el aval político de la legislatura, donde el peronismo alcanzó la mayoría propia en mayo de 195217, y del mismo gobernador. El pedido se basaba en un supuesto estado de anormalidad que afectaba el desempeño de los magistrados provinciales y asumía el objetivo de alcanzar una "reorganización" luego de la cual se restablecería el normal funcionamiento.
La solicitud elevada por el gobernador bonaerense tomó forma de proyecto de ley y al ser tratado por la Cámara de...
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