Silencio administrativo en las licencias urbanísticas: nuevo régimen

Autor:Vicente Estebaranz Parra
Cargo:Socio del Área de Derecho Público
Páginas:9-15
RESUMEN

El sentido del silencio administrativo en materia de licencias urbanísticas ha venido siendo positivo desde la creación de dicha institución. De esta forma, transcurrido el plazo legalmente exigible para que la Administración contestara a una solicitud de licencia urbanística sin que se hubieren producido resolución y notificación expresas, se podía considerar otorgada la misma, siempre que el proyecto presentado no afectara al Dominio Público, ni fuera ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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1. Antecendentes: breve historia del silencio administrativo en España hasta 1992 Especial referencia a las licencias urbanísticas

A modo de introducción, podríamos definir el silencio administrativo como la institución jurídica por la cuál, ante la falta de resolución expresa de una Administración Pública sobre una solicitud de un administrado (en el plazo legalmente exigible), se presume la existencia de un acto que podrá ser como veremos más adelante, positivo (estimatorio y con efectos de acto finalizador del procedimiento), o negativo (desestimatorio y con efectos de permitir al solicitante la interposición del recurso procedente).

Los primeros cuerpos legislativos que introdujeron en España el embrión del silencio administrativo, fueron (i) los Estatutos Locales de Calvo Sotelo de los años 1924 y 1925, (ii) la Ley Municipal de la 2ª Republica de 1935 y (iii) la Ley de 18 de marzo de 1944, respecto del recurso de agravios en materia de personal.

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Por su parte, la obligación de la Administración Pública de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que tramite, nació formalmente con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se adapta y modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 1952.

La aplicación de esta figura se generaliza realmente en España con la entrada en vigor de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa (LRJCA)1. El silencio negativo era entonces la regla general.

La originaria regulación genérica del silencio administrativo permitía al interesado acudir a los tribunales en defensa de sus intereses entendiendo que su solicitud había sido desestimada por el transcurso del plazo de tres meses sin recibir notificación de respuesta formal de la Administración, para lo que previamente debería realizar una "denuncia de la mora", o comunicación formal de la existencia de un retraso en la contestación a la solicitud realizada.

Se trata por tanto de una reacción ante la inactividad de la Administración de forma que se permita al ciudadano defender activamente sus legítimos derechos e intereses sin tener que esperar "sine die" a la resolución formal de la solicitud2.

Por lo tanto, inicialmente, el sentido del silencio administrativo, era negativo de forma genérica, siendo solo positivo en casos tasados por la norma. Precisamente entre esas excepciones a las que se aplicaba el silencio positivo, se encontraban las licencias urbanísticas desde 19553.

Por lo tanto, como ha señalado el Abogado del Estado Don Francisco García Gómez de Mercado "las licencias urbanísticas fueron precursoras de la (muy) posterior generalización del silencio positivo" 4 en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

2. Régimen del silencio administrativo aplicable de forma genérica con la entrada en vigor de la Ley 30/1992

El comentado sentido general del silencio administrativo negativo (no aplicable a las licencias urbanísticas como ya se ha visto), cambió a positivo con la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992)5, y la posterior simplificación del régimen del silencio introducida por la Ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la Ley 30/19926.

La aplicación generalizada del efecto estimatorio del silencio administrativo quedó claramente establecida en el artículo 43 de la Ley 30/1992, según el cual en los procedimientos iniciados a instancia de parte:

"El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario".

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De forma resumida hemos de indicar que, en comparación con el originario régimen del silencio, es resaltable la eliminación de la obligación de proceder a denunciar la mora, que fue sustituida por la incorporación de la necesidad de solicitar una "certificación de acto presunto" a la Administración que debió resolver en plazo y no lo hizo, a los efectos de poder acreditar la aplicación del silencio positivo.

Transcurridos veinte días desde la solicitud de la certificación sin que la misma fuera emitida, dicha solicitud sería suficiente para acreditar el acto presunto.

Posteriormente, la reforma introducida por la previamente aludida Ley 4/1999 en la Ley 30/1992, a los efectos de simplificar los trámites y de salvaguardar y defender al ciudadano de la excesiva dilación de las Administraciones Públicas en todo tipo de tramitaciones, eliminó la obligación de solicitar la certificación de acto presunto, siendo suficiente en su caso para acreditar la aplicación del silencio administrativo positivo, la solicitud de licencia o autorización presentada formalmente ante la Administración.

La última modificación expresa de la Ley 30/1992 a este respecto, ha sido introducida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ("Ley Omnibus")7 con el objetivo de reducir las trabas administrativas al inicio y libre ejercicio de la actividad por los ciudadanos.

3. Régimen competencial en materia de urbanismo

En virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas han asumido entre otras, competencias exclusivas en materia de Urbanismo, Ordenación el Territorio y Vivienda.

En virtud del artículo 149.1.1ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva para:

"La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

No obstante lo anterior y tras la entrada en vigor de la Constitución, el Estado Español continuó legislando en dichas materias, mediante la aprobación de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Varias fueron las Comunidades Autónomas que impugnaron ante el Tribunal Constitucional dichas normas, al interpretar que el Estado había invadido sus competencias exclusivas.

Fruto de dichas impugnaciones, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 61/97 de 20 de marzo, que supuso un...

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