Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
| Autor | Dra. Lucía Casado Casado |
| Cargo | Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) |
| Páginas | 189-193 |
www.actualidadjuridicaambiental.com
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Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 11 de octubre de 2018
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la
Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT)
Fuente: Roj: STS 2754/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2754
Temas Clave: Grandes instalaciones de combustión; Plan Nacional Transitorio;
Evaluación Ambiental Estratégica; Autorización Ambiental Integrada; Valores límite de
emisión; Participación
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo formulado por la Asociación
Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA), contra el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el Plan Nacional
Transitorio para grandes instalaciones de combustión, habiendo sido partes recurridas la
Administración General del Estado, Iberdrola España, S.A., Viesgo Generación, S.L.,
Asociación Española de la Industria (UNESA), Iberdrola Generación, S.A., Endesa
Generación, S.A., EDP España, S.A.U. y Emplazamientos Radiales, S.L.
La entidad recurrente sostiene que el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones
de combustión es contrario a Derecho por los siguientes motivos: la ausencia de
sometimiento a evaluación ambiental estratégica de este plan, pese a ser susceptible de
causar efectos significativos en el medio ambiente, que trae consigo la falta de apertura de
consultas transfronterizas y de consultas al público interesado; la ausencia de un
procedimiento de participación pública en los términos del artículo 7 del Convenio sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de
1998, del que España es parte; y el incumplimiento de los artículos 32.2 de la Directiva
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y 46.2 del
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales, dado que los valores límite de emisión contenidos en las
autorizaciones ambientales integradas de las centrales térmicas incluidas en dicho plan no
cumplen con lo previsto en las Directivas 2001/80/CE y 2008/1/ CE. Asimismo, también
aduce que no se ha aprobado una disposición legal que permita controlar y hacer un
seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional Transitorio por parte de las grandes
instalaciones de combustión de conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 de la
Directiva de emisiones industriales, el artículo 46.4 del Reglamento de emisiones
industriales y 6 de la Decisión de Ejecución 2012/115/UE. Con base en estos argumentos,
solicita que se declare la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de Ministros de
25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba el mencionado Plan; se anulen y dejen sin
efecto los condicionantes relativos a los valores límite de emisión incluidos en las
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