Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraa González)
| Autor | María Pascual Núñez |
| Cargo | Estudiante en prácticas del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) |
| Páginas | 118-122 |
Recopilación mensual – n. 60, Septiembre 2016
118
Castilla y León
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 28 de septiembre de 2016
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de
junio de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier
Oraa González)
Autora: María Pascual Núñez, Estudiante en prácticas del Centro Internacional de
Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 2729/2016 - ECLI:ES:TSJCL:2016:2729
Temas Clave: Proyecto Regional de Infraestructuras de Residuos de singular interés
(PRIR); Licencias y autorizaciones; Instrumentos de ordenación del territorio; Autonomía
local; Interés regional
Resumen:
Mediante el recurso contencioso-administrativo número 219/15 se impugna el Decreto
8/2015, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Proyecto
Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en
Santovenia de Pisuerga (Valladolid), dictado al amparo de la Ley Autonómica 10/1998, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 5 de
diciembre.
Este recurso fue interpuesto por la Asociación “Ecologistas en Acción de Valladolid”, que
solicita la declaración de nulidad de pleno derecho o, en su caso, la anulación del Decreto
recurrido. Por su parte, las codemandadas, Junta de Castilla y León y la mercantil
CENTRO DE TRANSFERENCIAS, S.A. (CETRANSA), interesan la desestimación
íntegra del recurso planteado.
El Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos
peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) ha sido objeto de distintos
pronunciamientos judiciales. Al efecto, véanse las STS de 3 de diciembre de 2001, Sala
Tercera, en la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por la mercantil
CETRANSA y un particular contra la STSJ de Castilla y León de 31 de marzo de 1997, y la
STC de 4 de junio de 2013, dictada en virtud del recurso de inconstitucionalidad número
5753/2002, formulado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso, contra la Ley 9/2002, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, sobre declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos
de singular interés para la Comunidad.
En este caso, son varias las cuestiones objeto de controversia:
-En primer lugar, la sentencia señala que para determinar la amplitud y el nivel de detalle
del estudio de impacto ambiental, basta con consultar a las Administraciones públicas
afectadas sobre el documento inicial del proyecto, siendo potestativa la ampliación de esa
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