Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 12 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Josefa Artaza Bilbao)

Autor:Eva Blasco Hedo
Cargo:Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Páginas:110-112
 
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Fuente: Roj STSJ CANT 250/2014

Temas Clave: Residuos; Sistema integrado de gestión de residuos; Autorización

Resumen:

Es objeto de la presente sentencia el recurso interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada formulado por la Asociación AMBILAMP contra la Resolución de 13 de Octubre de 2011 del Consejo de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se otorga a AMBILAMP autorización para la implantación y gestión de un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (SIG de RAEE) en la Comunidad Autónoma de Cantabria que posteriormente lo amplió a la Resolución expresa dictada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria de fecha 11 de febrero de 2013, por la que se resuelve el recurso de alzada de manera estimatoria parcial.

La actora sostiene que varias de las exigencias contenidas en la autorización son contrarias a la regulación de las obligaciones de gestión y financiación previstas en el RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, así como al régimen legal de las asociaciones sin ánimo de lucro.

Los extremos esenciales en que basa el recurso son los que describimos a continuación:

-Sobre la negativa a incluir los puntos de recogida voluntariamente establecidos por AMBILMP (instaladores o plantas de tratamiento con los que la Asociación ha formalizado acuerdos), que forman parte de su red de recogida de residuos. La Administración entiende que la recogida y el traslado deben realizarse desde los distribuidores o desde las instalaciones municipales, previamente establecidas por la norma. La Sala acoge la pretensión de la actora porque considera que "el art. 8.2.d) RD 208/2005, es de contenido mínimo y la asociación puede y tiene la posibilidad y no se le puede limitar por no existir normativa al efecto que desarrolle una red logística amplia, garantizando un servicio universal ". Al mismo tiempo, la Sala matiza que deben detallarse estos puntos de recogida a los efectos de financiación.

-Sobre la obligación de atender a requerimientos de gestión de terceros sin límite. La Sala se pronuncia sobre el alcance de la labor de gestión y sus límites, llegando a la conclusión que los términos de la autorización "sobrepasan la carga de gestión impuesta y la correlativa a su

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financiación ", máxime cuando el sistema de recogida resulta suficiente...

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