Sentencia Tribunal Constitucional 7/2016, de 21 de enero de 2016, conflicto positivo de competencia 5107/2013

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Delimitación de la competencia del Estado en materia de Seguridad Social. Exigencia formal de la legislación básica. Atribución al Estado de funciones ejecutivas que vulneran las competencias autonómicas sobre coordinación de las actividades de prevención de riesgos laborales.

La sentencia resuelve el conflicto planteado por la Generalitat de Cataluña respecto de la resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013.

  1. La resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se enmarca, como su propia exposición de motivos señala, en la acción protectora de la Seguridad Social. El art. 80.2 a) LGSS prevé que es objeto de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social -las denominadas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social han pasado a denominarse por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social- el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. Y por su parte, el art. 82 LGSS, afirma que las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del sistema. Las actividades preventivas a desarrollar por las mutuas en el ámbito de la

colaboración en la gestión de la Seguridad Social están reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Según establece el art. 3.2 de la citada Orden, corresponde a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, la planificación anual de dichas actividades, el establecimiento de los criterios a seguir y la asignación de las prioridades en su ejecución, conforme a las propuestas y objetivos fijados por la Secretaría General de Empleo o que se deriven de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo en cada momento. En cumplimiento de este mandato se dictó la resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013, cuyo apartado noveno es objeto del presente conflicto positivo de competencia.

A juicio de la Generalitat de Cataluña, la resolución de 13 de mayo de 2013 se separa claramente de las resoluciones preceden-

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tes y sustrae a esta Comunidad Autónoma la capacidad de determinar cuáles sean los concretos programas y medidas de prevención que han de desarrollar las mutuas en Cataluña, reduciendo su función a la sola posibilidad de instar al Ministerio la adopción de particularidades dentro de los programas estatales de actividades que han quedado previamente determinados en la propia resolución.

La primera cuestión que tiene que resolver el TC es determinar la naturaleza de la materia sobre la que versa el conflicto, pues de ello depende el título competencial del Estado y de la respectiva Comunidad, y la materia en cuestión presenta per-files donde convergen la cuestión relativa a la legislación laboral, pero también a la materia de Seguridad Social.

Tanto el Estado como la Comunidad demandante coinciden en señalar que se trata de una materia en el ámbito de la Seguridad Social que se atribuye al Estado el art. 149.1.17 CE y a la Comunidad Autónoma el art. 165 de su Estatuto de Autonomía. El TC aclara que no es materia laboral, pues prima no tanto la materia preventiva, sino la referida a la actuación de las Mutuas: "Es cierto que este Tribunal ha considerado dentro del contenido propio de la materia laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE el subsector de la seguridad e higiene en el trabajo (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 11). Ahora bien, hay que recordar, como ya hemos señalado, que el art. 80.2 a) LGSS, incluye en el ámbito de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social que desarrollan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las actividades de prevención. Este servicio o asistencia objeto de la colaboración forma parte de la acción protectora de la Seguridad...

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