La sentencia Marbury v. Madison

Autor:Francisco Fernández Segado
Páginas:603-699
 
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1. El supuesto de hecho desencadenante del caso
  1. Cuando se lee la Marbury opinion puede suceder (y así ha acontecido en ocasiones incluso entre la doctrina norteamericana) que, al centrarse en los entresijos de la argumentación jurídica, se soslayen los hechos en los que la litis se enmarca, y no nos referimos ya tan sólo a aquéllos que son recogidos en la propia sentencia (en el caso en cuestión, de todo punto insuficientes para la adecuada comprensión de los argumentos jurídicos de Marshall), sino a los que se han llamado1hechos exteriores (“outside facts”), derivados del conocimiento que uno ha de tener no sólo de las circunstancias próximas que rodean el caso, sino también de la historia de la controversia que lo provoca2. Desde esta perspectiva,

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    a veces se olvida la intensidad de la batalla política que rodeó el caso, olvido que se explica porque, con frecuencia, Marbury se lee desde la perspectiva un tanto anacrónica de un consolidado rule of law en el que los tribunales federales (y aún más la Supreme Court) desempeñan un rol central. Pero ese rol será en gran parte una de las consecuencias de la propia sentencia del caso Marbury, porque en los inicios del siglo XIX, los tribunales federales se presentaban en bastantes supuestos tan sólo como “another forum for the pursuit of political action”3, algo que, a nuestro entender, no era sino la resultante del sistema de nombramiento de los jueces federales (similar al de los restantes funcionarios de la Administración federal), el spoils system, por el que el partido en el poder distribuía, a modo de prebendas, los cargos públicos entre sus fieles. Los llamados midnight Judges, nombrados por el Presidente Adams en el último minuto de su mandato4, ejemplifican paradigmáticamente ese perverso sistema.

    Frente a la mencionada lectura de la sentencia, el Marbury v. Madison case se ha visualizado como el escenario de una batalla entre dos diferentes concepciones del orden político5. Y así, mientras Jefferson tildaba el cambio en la Administración que se había de producir en marzo de 1801 como la segunda Revolución americana, el federal judiciary se aprestaba a actuar como un freno contra-revolucionario, en defensa de las ideas Federalistas. Piénsese que la elección de noviembre de 1800 planteó una crisis real para una democracia aún en ciernes, pues no estuvo de ningún modo claro que la transferencia de poder del viejo partido revolucionario, los Federalistas, a los advenedizos republicanos (“the upstart Republicans”) pudiera alcanzarse pacíficamente6. El caso del pobre Mar-bury, pobre por haber estado actuando tan sólo como una “comparsa federalista” (“as a Federalist stooge”), –ha escrito Lerner7– fue atizado por los fuegos cruzados de Federalistas y Republicanos, convirtiéndose en un Machtpolitik. Por todo ello, se puede estar plenamente de acuerdo con Newmyer cuando aduce8, que Marbury, apriorísticamente, no era uno de esos casos que estuviera hecho para la grandeza (“for greatness”). Bien al contrario, si algo presagiaba era el desastre (“if it promised anything, it was disaster”), pues los hechos parecían conducir a la Corte hacia una fatídica (“fateful”) confrontación con el poder Republicano. La enorme habilidad del Chief Justice evitaría esa debacle en ciernes.

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  2. El supuesto de hecho desencadenante del Marbury case creemos que es notoriamente conocido; ello no obstante, vale la pena aludir al mismo y, en particular, al contexto político en el que se fraguan los hechos, pues todo ello puede ofrecer pistas válidas para ayudar a comprender ciertos aspectos peculiares de la propia sentencia.

    El 13 de febrero de 1801, la Administración federalista saliente de John Adams lograba que el Congreso, aún con mayoría federalista, aunque ya por un período de tiempo inferior a las tres semanas, aprobase la Judiciary Act, “to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States”. Se admite generalizadamente, que el texto legal combinó el tratamiento de relevantes cuestiones para el poder judicial federal con asuntos de interés estrictamente partidista. La Judiciary Act incidió notablemente sobre la organización judicial, propiciando, en lo que ahora interesa, la creación de 16 nuevos jueces de circuito para los seis Circuit Courts, pasando con ello el número total de jueces federales de circuito de 7 a 23. Los nuevos cargos judiciales fueron rápidamente ocupados por Federalistas de la plena confianza del Presidente Adams, siendo por cierto uno de ellos un hermano de John Marshall, James Markham Marshall, aunque éste iba a ocuparlo en el Circuit Court del Distrito de Columbia.

    Dos semanas más tarde, el 27 de febrero, a cinco días de la toma de posesión como nuevo Presidente de Thomas Jefferson, el Congreso aprobaba otro nuevo texto legal, la Organic Act of the District of Columbia, de conformidad con la cual se creaban 42 Juzgados de paz en ese distrito, que nuevamente Adams se afanaría por cubrir con Federalistas leales, uno de ellos justamente William Marbury.

    El contexto político era ya de por sí problemático, al venir connotado por el brutal enfrentamiento producido en los últimos años de la década final del siglo entre Federalistas y Republicanos, que encontraría sus momentos álgidos en la aprobación por el Congreso, en 1798, de las Alien and Sedition Acts, consideradas por muchos como un instrumento de persecución política de los Republicanos críticos con la Administración de Adams9, y en la fulminante reacción de las Legislaturas de Virginia y de Kentucky, al aprobar las llamadas Virginia and Kentucky Resolutions, concebidas primariamente, como en su día interpretó Corwin10, con el propósito de ruptura directa (“with the design of breaking through”) del sutil

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    control que entrañaba la intervención del poder judicial federal, tal y como se venía constatando por sus, en ocasiones, muy controvertidas aplicaciones de las Alien and Sedition Acts11.

    En este conflictivo marco político, el Presidente Adams, en el último mes de ejercicio del cargo, en vísperas pues del traspaso de poderes a Jefferson (el 4 de marzo de 1801) y a su nueva Administración Republicana, seleccionaría para su nombramiento para puestos federales a un total de 217 personas, de las que 93 eran para puestos judiciales y jurídicos, de ellas 53 para el distrito de Columbia, William Marbury entre ellos. Tan apurado resultó el tiempo, que buen número de los cargos judiciales así designados fueron llamados los Midnight Judges, porque el Presidente dedicó sus últimas horas en el cargo a firmar los despachos de nombramiento. Se cuenta incluso, y de ello se han hecho eco varios autores12, que en la medianoche del 3 de marzo de 1801, cuando el período de Adams expiraba, John Marshall, su Secretario de Estado, que, aún cuando ya nombrado Chief Justice, seguía actuando como Secretario de Estado, algo realmente insólito, fue interrumpido por el que habría de ser el Attorney General del Presidente entrante, Levi Lincoln, mientras preparaba los últimos nombramientos para los recién creados juzgados. Lincoln, supuestamente, llegó con las órdenes de Jefferson de que tomara posesión del Departamento de Estado, no permitiendo que se eliminara ningún documento después de iniciado el día 4 de marzo. Ante la pregunta de Marshall de a qué respondía tal actuación, la réplica de Lincoln fue la de que “el Sr. Jefferson se consideraba él mismo, a la luz de un albacea (“in the light of an executor”), obligado a hacerse cargo de los documentos del gobierno hasta que estuviera debidamente cualificado”. Marshall se vio forzado a retirarse, echando una mirada de despedida hacia los documentos aún pendientes de algún trámite que tenía sobre su mesa.

    Como fácilmente puede comprenderse, los dos textos legales aprobados por los Federalistas muy pocas semanas, muy pocos días incluso, antes del cambio de Administración suscitaron un brutal rechazo por parte de los Republicanos. McCloskey13hablaría de “the Jeffersonian tempest”, desencadenada no sólo por el intento Federalista de politizar la justicia federal, nombrando como jueces a fieles acólitos, sino también, desde luego, por el propio desatino de algunos de los nombramientos, que bien pronto, ya en el verano de 1801, iban a dar muestras de su partidista, y por lo mismo, inequitativo, parcial e injusto, sentido de administrar justicia. Recurriendo a una metáfora militar, Jefferson vino a decir

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