La Seguridad Social en la reforma laboral de 2006

La LRL de 1976 ofrecía, hace ya treinta años, una clara muestra de la política estatal de fomento de la contratación de las personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral, a través, precisamente, de la técnica jurídica de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social, a la que se sumaban otros beneficios. La Ley esbozaba un sistema protector, encomendando al Ministerio de Trabajo la elaboración de las correspondientes normas de desarrollo (art. 13.1). Tal sistema, superando las iniciales regulaciones destinadas a grupos aislados de personas (los entonces llamados minusválidos y los trabajadores de edad madura), diseñaba un plan más ambicioso en el que quedaban incluidos los trabajadores de más de cuarenta años, los que tenían su capacidad laboral disminuida, los que tenían a su cargo especiales responsabilidades familiares y los jóvenes que accedían a su primer empleo.

Siguiendo esta misma línea y ampliando el ámbito de sus beneficiarios, el Estatuto de los Trabajadores incluía, en su originario texto de 1980 una norma (el art. 17.3), que autorizaba al Gobierno para dictar medidas destinadas a «facilitar la colocación de trabajadores de edad avanzada, con capacidad laboral disminuida, desempleados y de quienes accedan al primer empleo». Instrumento cualificado para abordar esta política de integración laboral era la concesión de subvenciones y otras ayudas destinadas a fomentar el empleo de dichas personas.

La misma política inspiraba, lógicamente, a la coetánea Ley Básica de Empleo (Ley 51/1980, de 8 de octubre) al diseñar (art. 10) los «programas para grupos específicos de trabajadores». Más imperativa que el Estatuto de los Trabajadores, la citada Ley no se limitaba a facultar sino que imponía al Gobierno la adopción de programas «destinados a fomentar el empleo de los trabajadores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo, especialmente los jóvenes demandantes de primer empleo, trabajadores perceptores de las prestaciones de desempleo, mujeres con responsabilidades familiares, trabajadores mayores de cuarenta y cinco años de edad y minusválidos». La concepción de la LBE era, como se ve, más amplia que la del Estatuto: mientras que éste parecía establecer un numerus clausus -aunque de notable extensión- de personas protegidas, aquélla cubría genéricamente a cualesquiera «trabajadores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», y de modo especial o cualificado a las categorías que mencionaba, entre las que añadía expresamente la constituida por las mujeres con responsabilidades familiares; inclusión en la que se aprecia un paso en la política que hoy llamamos de con- Page 30ciliación de la vida familiar y laboral. Las medidas de la Ley Básica de Empleo para incentivar la contratación de los citados grupos de personas incluían, entre otros posibles beneficios, tales como ayudas formativas y subvenciones, la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social.

La idea de elaborar un plan o programa destinado a la promoción de la contratación de personas con dificultades de colocación laboral reaparece en el importante RD 1445/1982, de 25 de junio, que estableció un conjunto de medidas de fomento del empleo de «determinados grupos de trabajadores desempleados». Tales grupos eran los formados por desempleados que hubieran agotado las prestaciones de desempleo o que tuvieran responsabilidades familiares, así como los entonces llamados minusválidos y las mujeres con responsabilidades familiares (art. 2); desaparecía, por tanto, la mención expresa y específica a los trabajadores de edad madura o mayores de cuarenta y cinco años, aunque ésta se tuviera en cuenta, como pronto veremos, para incrementar la bonificación a favor de la contratación de personas discapacitadas. Por lo demás, el Real Decreto 1445/1982 establecía un sistema en el que se combinaban las subvenciones a tanto alzado, las bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social y otras ayudas para incentivar a los empresarios en la contratación de las personas indicadas (y para apoyar el empleo autónomo: préstamos, cursos de formación profesional, etc.). En concreto, se preveía la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a todas las contingencias, comunes y profesionales, en los siguientes casos: a) contratación de desempleados que hubieran agotado las prestaciones de desempleo o que tuvieran responsabilidades familiares (bonificación cuya duración era, según los casos de uno o dos años, y cuyo importe se incrementaba en proporción a la duración del contrato: art. 21.1 RD); b) contratación de minusválidos (hoy personas discapacitadas), en cuyo beneficio se acumulaban subvenciones alzadas (300.000 ptas. por contrato) y bonificaciones de las cuotas de todas las contingencias, cuya cuantía era más elevada cuando el trabajador era mayor de cuarenta y cinco años; y c) contratación indefinida de desempleados para cubrir puestos de trabajo creados por empresas que realizaban o ampliaban inversiones («fomento del empleo de carácter territorial»), contratación que daba lugar a subvenciones (300.000 ptas. por cada puesto de trabajo creado) y bonificaciones (el 50% de la cuota empresarial de Seguridad Social durante tres años). Como puede verse, la promoción de la contratación de mujeres con responsabilidades familiares no se instrumentaba a través de bonificaciones de Seguridad Social, sino sólo a través de programas de formación profesional y promoción de cooperativas de trabajo asociado y de préstamos a favor de trabajadoras autónomas.

Una década más tarde seguían en pie las especiales necesidades de integración laboral de determinados grupos de personas. Las mismas finalidades que perseguían las normas precedentes se hacían expresas en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección del Desempleo, cuya E. de M. seguía reconociendo «la necesidad de reasignar el gasto público para potenciar las políticas activas de empleo dirigidas a incentivar la contratación por tiempo indefinido de aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción laboral». La citada Ley procedió a incentivar, no cualquier tipo de contratación, sino sólo la indefinida, en una clara línea de separación de las anteriores políticas de fomento de la contratación temporal cuyo emblema normativo fueron la Ley 32/1984 y el RD 1989/1984. Los Page 31 grupos o «colectivos» de trabajadores cuya contratación se quería incentivar eran, como expresaba la propia E. de M., aquellos «cuyas tasas de paro resultan más elevadas y es mayor su tiempo de permanencia en situación de desempleo, es decir, los jóvenes, los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y las mujeres». La misma E. de M. proclamaba el «carácter unitario de todos los incentivos públicos a la contratación laboral», pero inmediatamente dejaba fuera de la regulación de la Ley los incentivos previstos para los trabajadores discapacitados, que seguían manteniendo su régimen específico. Por otra parte, y pese a reconocerse la «nota común» a todos los colectivos protegidos (a saber, su condición de parados de larga duración), los incentivos a su contratación indefinida eran dispares. Así, los contratos de jóvenes y mujeres desempleados se incentivaban con subvenciones a tanto alzado de distinta cuantía (400.000 y 500.000 ptas. por contrato, respectivamente). También se subvencionaba con una cantidad alzada (en este caso, 550.000 ptas.) la transformación de contratos formativos en indefinidos. Sólo para el grupo de los trabajadores desempleados mayores de cuarenta y cinco años, cuya integración laboral era la que sin duda preocupaba más al legislador, se preveía un doble incentivo: la subvención alzada al empresario (500.000 ptas.) y además la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social -ahora sólo las correspondientes a contingencias comunes, no las debidas por accidente de trabajo y enfermedad profesional-, durante toda la vigencia del contrato.

El RDL 18/1993, de 3 de diciembre, sobre Medidas Urgentes de Fomento del Empleo, promovía en su art. 5 la contratación de desempleados por pequeñas empresas, previendo la elaboración anual de programas de empleo en las Leyes de Presupuestos del Estado, reglas en las que insistió el art. 5 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, de Medidas Urgentes para el Fomento de la Ocupación.

De la anterior protección, inicialmente asistemática y más adelante vertida en ordenaciones conjuntas de incentivos para la contratación de determinados grupos o categorías de personas, el legislador pasó a institucionalizar la elaboración de periódicos programas públicos de fomento de empleo, de carácter global. Estos planes vienen tratando de precisar y ampliar el ámbito de las personas protegidas, y de mejorar y sistematizar más adecuadamente las ayudas dirigidas a fomentar la contratación de esas personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.

Los sucesivos Programas de Fomento del Empleo han formado parte tanto de normas legales de mejora del mercado de trabajo como de Leyes de Presupuestos del Estado y, sobre todo, de las hoy desaparecidas Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, reguló (art. 44) el Programa de Fomento del Empleo para 1995 -centrado en la contratación temporal acausal-, apoyándose tanto en el citado art. 5 de la Ley 10/1994 como en el art. 17.3 del ET-1980⁴, precepto éste que preveía subvenciones y otras ayudas para «facilitar la colocación de trabajadores de edad avanzada, con capacidad laboral disminuida, desempleados y (...) quienes accedan al primer empleo».

Reiterando los propósitos que inspiraban al ET en su versión originaria de 1980, pero utilizando ahora una fórmula más genérica, el vigente art. 17.3 ET (texto refundido de Page 32 1995) sigue autorizando (no imponiendo) al Gobierno - que otorgue «subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo»; medidas que se habrán de orientar «prioritariamente a fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos» (nuevamente, la preferencia por el fomento de la contratación indefinida). Dada la lógica generalidad que había de tener un precepto incluido en el ET, éste prescinde de enumerar los colectivos cuya contratación habría de beneficiarse de las medidas de apoyo, de igual modo que tampoco se dedica a pormenorizar las medidas de fomento de su empleo y su específico contenido. Por otra parte, la refundición de 1995 del ET incorporó una disp. adic. 3ª en la que se acogía la previsión de fomentar la contratación de desempleados por pequeñas empresas, previsión anticipada como ya se ha indicado, por el RDL 18/1993 y la Ley 10/1994. Dicha disp. adic. 3ª -hoy derogada⁵- rubricada «Programas de Fomento del Empleo», establecía que anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determi-narían los programas y colectivos de perceptores por desempleo incluidos en aquellos programas, que pretendían fomentar la contratación por pequeñas empresas.

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, incluyó en su disp. adic. 6ª el Programa de Fomento del Empleo para 1997, con apoyo expreso en la citada disp. adic. 3ª del ET-1995. A tal efecto procedió a prorrogar, con algunas modificaciones, el Programa aprobado por la Ley 42/1994; prórroga que volvió a repetirse con la promulgación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para el Programa de Fomento del Empleo del año 1998.

Paralelamente a esta última norma, se produjo, dentro de la larga secuencia de regulación de los incentivos a la contratación de personas con dificultades de inserción laboral, la reforma laboral emprendida, en desarrollo del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, por el RDL 9/1997, de 16 de mayo, tramitado luego como Ley 64/1997. Dichas normas restablecieron el sistema de bonificaciones en la cuota empresarial de Seguridad Social por contingencias comunes para incentivar la contratación indefinida de jóvenes desempleados, mujeres desempleadas de larga duración en profesiones con subrepresentación femenina, y de desempleados inscritos durante doce meses en la Oficina de Colocación o mayores de cuarenta y cinco años. Igualmente se bonificaba la transformación de contratos temporales en indefinidos. Los incentivos a favor de la contratación de trabajadores minusválidos continuaban rigiéndose por sus normas específicas (RD 1451/1983 y disposiciones sucesivas). Las cuotas se bonificaban, como regla general, en un 40% durante los 24 primeros meses del contrato celebrado. Esta regla tenía varias excepciones: la conversión del contrato temporal en indefinido se bonificaba en un 50%, la contratación de las referidas mujeres en un 60%, y la de los mayores de cuarenta y cinco años -la más subvencionada- se bonificaba en un 60% en los 24 primeros meses (igual que la de las mujeres) y en un 50% durante todo el resto de vigencia del contrato. Como puede verse, el sistema de bonificación de las cuotas desplazaba por completo al de las subvenciones a tanto alzado, imperante en otros momentos.

Tras el Programa de Fomento del Empleo Estable para 1999 (Ley 50/1998, de 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, disp. adic. 43ª), el Programa de Fomento del Empleo para el año 2000 (Ley 55/1999, de Medidas fiscales, Page 33 Administrativas y del Orden Social) y su prórroga por Ley 14/2000, el efímero programa aprobado por el RDL 5/2001, de 2 de marzo, acogido con algunos cambios al ser tramitado como Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, incluyó en su texto un prolijo «Programa de Fomento del Empleo para 2001⁶», que, una vez más, establecía bonificaciones porcentuales en las cuotas de Seguridad Social por contingencias comunes para la contratación indefinida de determinados grupos. En tal sentido, la Ley 12/2001 incluía en el campo de aplicación del Programa a los trabajadores desempleados e inscritos en Oficinas de Empleo, pertenecientes a alguno de estos colectivos: mujeres (menores de 45 años, o solicitantes de trabajo en sectores laborales con menor índice de empleo femenino, o contratadas dentro de los 24 meses siguientes al parto), desempleados durante seis o más meses o mayores de cuarenta y cinco años, otras modalidades de desempleados, así como personas en situación de exclusión social (perceptores de renta mínima de inserción, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, drogadictos y alcohólicos en rehabilitación, internos peni-tenciarios, liberados condicionales y ex reclu-sos)⁷. Los incentivos previstos en la Ley 12/2001 alcanzaban a los contratos indefinidos, incluidos los fijos discontinuos, y a los contratos tanto a tiempo completo como parcial, y consistían en bonificaciones de las cuotas empresariales de Seguridad Social por contingencias comunes. Las bonificaciones eran variables: 25% por la contratación de mujeres menores de 45 años, durante los primeros 24 meses del contrato; 35% por la contratación de mujeres en sectores con menor índice de empleo femenino (porcentaje que se elevaba en los casos de que la mujer estuviera inscrita en la Oficina de Colocación seis meses o fuera mayor de 45 años; 100% durante doce meses por la contratación de mujeres inscritas doce o más meses en la Oficina de Empleo, dentro de los 24 meses siguientes al parto; 70% el primero año, y 60% el segundo). En los supuestos de contratación de mujeres desempleadas -excepto el caso de sectores con menor empleo femenino-, cuando el contrato se concertara a tiempo completo la bonificación se elevaba en diez puntos; 20% por la contratación de desempleados inscritos en la Oficina de Empleo seis meses, durante 24 meses; 50% el primer año y 45% todos los siguientes por la contratación de desempleados de 45 a 55 años; 55% el primer año y 50% todos los siguientes por la contratación de desempleados de 55 a 65 años; 50% el primer año y 45 el segundo por la contratación de perceptores de prestaciones/subsidios de desempleo a los que faltara todavía un año o más de percepción; 90% el primer año y 85 el segundo por la contratación de perceptores del subsidio de desempleo incluidos en el Régimen Agrario de la Seguridad Social; y 65% durante 24 meses por la contratación de desempleados incluidos en el programa de renta activa de inserción; 65% por la contratación, indefinida o temporal, a tiempo completo o parcial, de desempleados en situación de exclusión social, durante un máximo de 24 meses. En fin, se bonificaba con un 25% durante 24 meses la transformación de contratos temporales -incluidos los formativos, de relevo y de sustitución por jubilación anticipada- en indefinidos (o en fijos discontinuos). Curiosamente, un grupo tradicionalmente incluido en este tipo de incentivos estaba ausente de la Ley 12/2001: el de los Page 34 jóvenes, de los que sólo se ocupaba cuando eran «procedentes de instituciones de protección de menores».

Los éxitos de la política de colocación de personas con problemas de incorporación al mercado de trabajo eran relativos; así se explica que, tras la prórroga para el año 2002, con algunas modificaciones, del Programa de Fomento del Empleo aprobado por la Ley 12/2001, por la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social⁸, a la altura de 2003, la vigente Ley de Empleo (Ley 56/2003, de 16 de diciembre) siga reconociendo en su E. de M. que «se mantienen dificultades de incorporación al mercado de trabajo de determinados colectivos, con especial incidencia en el paro de larga duración», razón por la cual la citada Ley sigue incluyendo entre sus objetivos el de «asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados y parados de larga duración mayores de 45 años» (arts. 2.d y 26)⁹.

La persistencia de las dificultades de determinados colectivos para insertarse en el mercado laboral explica, pues, la necesidad del mantenimiento de los Programas de Fomento del Empleo; en efecto, éstos ha ido actualizándose periódicamente, como ya se ha indicado, hasta llegar a las últimas Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social -Leyes 24/2001, 53/2002, 62/2003- y a las también últimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado -Ley 2/2004, de 27 de diciembre, disposición adicional 47ª ; Ley 30/2005, de 29 de diciembre, disposición adicional 50ª, casi íntegramente derogada por el RDL 5/2006¹⁰, derogación reiterada en la Ley 43/2006.

- Con relación al colectivo de mujeres, la Ley 43/2006 comienza incluyendo una categoría omnicomprensiva, que no figuraba en la Ley 30/2005: el grupo de las «mujeres en general» (art. 2.1.a). Con todo, la fórmula no es tan absoluta como aparenta la dicción del citado art. 2.1.a de la Ley 43/2006, pues, de acuerdo con la exigencia del art. 1.1 de ésta, todas las bonificaciones contempladas en el Programa de Fomento del Empleo presuponen, como regla general, la contratación de una persona desempleada. Así pues, el grupo estaría integrado por las mujeres desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo que no reunieran ninguno de los requisitos que permiten el acceso a bonificaciones superiores.

- También es novedad de la Ley 43/2006 frente a su precedente, la Ley 30/2005, la inclusión en el ámbito subjetivo de las bonificaciones de las mujeres que, tras cinco años de inactividad laboral, se reincorporan al trabajo (art. 2.1.c, que exige un requisito adicional: haber cotizado durante un mínimo de tres años en su etapa laboral). Tal exigencia pone de relieve el propósito del legislador de recuperar para el mercado de trabajo a mujeres que ya habían estado integradas en él durante un período de cierta entidad, y que luego, por las razones que fueran, habían cesado en su relación laboral.

- Un tercer grupo, en parte común a la Ley 43/2006 y a la Ley 30/2005, es el relativo a las mujeres que, habiendo cesado en el trabajo a causa de su maternidad, son contratadas dentro de los 24 meses siguientes al parto; la novedad parcial de la Ley 43/2006 consiste en que al supuesto del parto se añaden los de la adopción y el acogimiento, sea éste preadoptivo o permanente.

- Al lado del anterior caso, basado en la extinción contractual, la Ley 30/2005 contemplaba (Disp. adic. 50ª.Uno.4) un supuesto de bonificación basado en la suspensión del contrato y su ulterior reanudación; supuesto que ha desaparecido del Programa de Fomento del Empleo contenido en la Ley 43/2006. En efecto, la indicada Disposición adicional reconocía derecho a bonificación por la «reincorporación efectiva» (mera reanudación de la relación pero no nueva contratación, pues el contrato seguía vivo) de la mujer cuya relación laboral, indefinida o temporal, se había suspendido por maternidad o excedencia por cuidado de hijo. Dicha bonificación, que también se aplicaba a fortiori en el caso de que la reincorporación fuera acompañada de la transformación de contrato temporal en indefinido, procedía siempre que la reincorporación de la mujer se hubiera producido dentro de los dos años siguientes a la fecha del parto y éste fuera posterior al 27 de abril de 2003. El supuesto, como ya hemos dicho, no ha sido acogido por la Ley 43/2006, ya que el art. 2.c de ésta se refiere a un caso distinto: el de reincorporación al trabajo de mujeres cuyo contrato no se haya suspendido sino extinguido, y esto no por razones de maternidad sino por cualesquiera motivos.

- Finalmente, había en la Ley 30/2005 dos grupos o colectivos que desaparecen de la Ley 43/2006: el de las mujeres desempleadas de 16 a 45 años y el de las mujeres desempleadas que sean contratadas en servicios u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. La Ley ha optado por simplificar esta excesiva casuística, reconduciendo estos específicos supuestos y las peculiares bonificaciones a que daban lugar al gran cajón de sastre integrado por las mujeres desempleadas en general.

Este grupo existía en la Ley 30/2005 y se mantiene en idénticas condiciones en la Ley Page 37 43/2006 (art. 2.1.f), que sigue exigiendo la inscripción ininterrumpida en la Oficina de Empleo durante un período mínimo de seis meses.

Los tradicionales grupos formados por los jóvenes y por los trabajadores de edad madura y avanzada son acogidos en la Ley 43/2006, que introduce algunos cambios respecto su antecedente de 2005; a saber:

- Por lo que se refiere a los jóvenes (de los que curiosamente no se ocupaba la Ley 30/2005), la Ley 43/2006 bonifica la contratación de aquéllos cuya edad esté comprendida entre los 16 -obvia edad laboral mínima- y los 30 años.

- Por lo que se refiere a los trabajadores de edad madura, la Ley 43/2006 bonifica la contratación de todo trabajador mayor de 45 años, superando la dualidad contenida en la regulación de la Ley 30/2005, que distinguía dos segmentos de edad: uno desde los 45 a los 55 años, y otro, bonificado en mayor cuantía, desde los 55 a los 65 años. La nueva Ley opta, pues, por dar el mismo tratamiento a la contratación de todo trabajador mayor de 45 años, sin privilegiar al tramo de edad más avanzada.

La inclusión de estas personas entre los grupos de trabajadores cuya contratación es bonificada por el Programa de Fomento del Empleo constituye una novedad importante de la nueva Ley. En efecto, la tradición venía dejando fuera de los programas a esta categoría de personas, por entender que ya se beneficiaban de un régimen especial de apoyo a su empleo que hacía superflua su incorporación a las ayudas de los citados programas.

En concreto, y a diferencia de lo que hacía la Ley 30/2005, que omitía cualquier referencia a dicho importante colectivo, la Ley 43/2006 (art. 2.2, que innova profundamente el texto del RDL 5/2006, distinguiendo entre grados de minusvalía y otras circunstancias personales a efectos de cuantificar las bonificaciones) lo incorpora a sus medidas bonificadoras, derivadas tanto de la contratación inicial indefinida como de la transformación de contratos formativos o temporales de fomento de empleo celebrados con centros especiales de empleo (de los que se trata en breve) en indefinidos, mediante una regulación de cierto detalle¹³. Beneficiarios de las bonificaciones son los empresarios, incluidos los Centros Especiales de Empleo; y personas discapacitadas cuya contratación da lugar a bonificación son quienes tienen un grado de minusvalía del 33% o superior, o estén afectadas a la minusvalía establecida en el caso de enclaves laborales, o sean pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas por jubilación o retiro.

Por otra parte, la nueva Ley regula (Disp. adic. 1ª) un «contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad», esto es, las personas arriba indicadas. Dicho contrato es el último baluarte de la contratación temporal acausal generalizada en los años 80, cuya celebración, y también su transformación en contrato indefinido, es objeto de bonificación. En realidad, este precepto es continuador del sucesivamente prorrogado art. 44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que fue expresamente derogado por el RDL 5/2006 (Disp. derog.1.b) y cuya derogación confirma la Ley Page 38 43/2006. La regulación de este contrato temporal acausal, contenida en la citada Disp. adic. 1ª de dicha Ley, se somete por ésta (Disp. adic.1ª.8) a las modificaciones que pueda disponer el Gobierno, lo que reitera la deslegalización que en la materia produjo el vigente art. 17.3 ET.

También respecto de este grupo (o grupos) se ha producido un cambio en la Ley 43/2006 respecto de la Ley 30/2005. Mientras que ésta bonificaba la contratación indefinida o temporal de quienes acreditasen su condición administrativa de «víctimas de violencia de género por parte de algún miembro de la unidad familiar de convivencia», la nueva Ley, prescindiendo de esta rebuscada fórmula, se refiere sencillamente a quienes «tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género» (regulada en la LO 1/2004, de 28 de diciembre), a la que añade la de víctimas de la violencia doméstica (regulada en la Ley 27/2003, de 31 de julio, a la que, por cierto, no se refería el Acuerdo de 9 de mayo de 2006). Recuérdese que mientras que la violencia de género tiene por víctima necesaria a la mujer, la violencia doméstica puede ser padecida también por hombres¹⁴. Una segunda ampliación operada por la Ley 43/2006 deriva de que ésta no exige que la víctima de tales violencias, de género o doméstica, se encuentre en situación legal de desempleo.

La contratación laboral, tanto indefinida como temporal, de los componentes de este colectivo, de reciente incorporación al ámbito protector del Derecho social, se bonificaba en la Ley 30/2005 y se sigue bonificando en la Ley 43/2006. Hay alguna diferencia terminológica entre una y otra en cuanto a la forma de designar a los empresarios bonificables por realizar tales contrataciones: mientras que la Ley 30/2005 aludía a «las empresas y las entidades sin ánimo de lucro», la Ley 34/2006 se refiere con más precisión a «los empleadores» (o empresarios laborales), concepto que, como es sabido, incluye tanto a los que tienen ánimo de lucro como a quienes carecen de él. Por otra parte, la Ley 30/2005 bonificaba expresamente la contratación de fijos discontinuos, cosa que no hace la nueva Ley, sin duda por entenderlos incluidos en la contratación indefinida. La condición de excluido social ha de acreditarse mediante la aportación de la correspondiente declaración oficial, a cargo de los servicios sociales -en lo que coinciden la nueva Ley y su antecedente de 2005- «u órganos competentes», como añade vagamente la nueva Ley. En cuanto a los concretos grupos o colectivos que se incluyen dentro de la categoría de las personas socialmente excluidas, la Ley 43/2006 reproduce literalmente en su Disp. adic. 2ª (idéntica a la misma disposición del RDL 5/2006) la lista de la Ley 30/2005, basada a su vez en relaciones de normas anteriores: perceptores de renta mínima de inserción y personas que, sin poder percibir tales rentas por no reunir los requisitos exigidos, pertenecen a alguno de estos grupos: jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, drogadictos y alcohólicos en rehabilitación, internos penitenciarios legitimados para acceder a un empleo, liberados condicionales y ex reclusos, y menores internos con responsabilidad penal legitimados para acceder a un empleo, así como en situación de libertad vigilada y ex internos.

Como ya hemos indicado, se bonifica no sólo la contratación inicial (en general la Page 39 indefinida; a veces también la temporal) sino también la transformación de contratos temporales o de duración determinada en indefinidos. Estas transformaciones, cuya viabilidad ha caducado, querían fomentar la actuación empresarial en pro de la mayor estabilidad en el empleo, por más que en algunos casos pudiera pensarse que el contrato transformado en indefinido no era sino un falso contrato temporal¹⁵. La preferencia de la Ley 43/2006 por el fomento de la contratación indefinida ha tenido dos consecuencias básicas en esta materia: la primera es la de que la conversión de contratos temporales, cualquiera que fuera su modalidad, en contratos indefinidos se bonificaba sólo respecto de los contratos celebrados antes del 1 de julio de 2006 y durante un período transitorio que concluyó el 31 de diciembre de 2006¹⁶, medida con la que se pretendía «desincentivar el recurso inicial a los contratos temporales»¹⁷; la segunda consecuencia es la de que sólo se sigue permitiendo de modo general y sine die conversiones en indefinidos de contratos temporales de determinadas modalidades.

En conjunto, y de acuerdo con los criterios expuestos, la Ley prevé varios tipos de transformaciones de contratos bonificadas:

- Transformación, sin límite de tiempo, en indefinidos de los contratos formativos o contratos temporales de fomento de empleo de personas discapacitadas (art. 2.2.1).

- Transformación en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación; igual que en el caso anterior, «cualquiera que sea la fecha de su celebración» (fórmula que la nueva Ley toma del RDL 5/2006, y éste de la Ley 30/2005), y cualquiera que sea la fecha de «su transformación en indefinido», como añaden oportunamente el RDL y la nueva Ley (art. 2.6).

- Transformación, también exenta de plazo, en indefinidos de contratos temporales de fomento de empleo o de contratos formativos suscritos entre trabajadores con discapacidad y centros especiales de empleo (art. 2.3 de la Ley).

- Además de estas concretas previsiones de incentivo a la transformación de los indicados contratos temporales en indefinidos, el RDL 5/2006 introdujo un «plan extraordinario para la conversión del empleo temporal en fijo» al que la Ley 43/2006 se sigue refiriendo (art. 3 de ambas normas), aplicable a todo tipo de contratos temporales o de duración determinada celebrados antes de 1 de julio de 2006. La posibilidad de acogerse a dicho plan caducó, como ya hemos dicho, el 31 de diciembre de 2006.

La Ley, contando, entre otros, con el precedente de la Ley 30/2006 (Disp. adic. 50ª.Uno.3 y 4), bonifica, ahora no la contratación inicial ni la conversión de un contrato temporal en indefinido, sino el mantenimiento o continuidad del contrato ya celebrado y vigente (art. 4). Lo que se quiere incentivar es la permanencia de relaciones laborales cuyos sujetos están en circunstancias que podrían incitar a su extinción: de trabajadores de sesenta o más años y mujeres con contrato suspendido por maternidad o cuidado de hijo. Page 40

En concreto, la Ley 43/2006 bonifica la continuidad de los contratos indefinidos referidos a dichas personas exigiendo determinadas condiciones con las que sin duda se quieren conjurar contrataciones fraudulentas. En el caso de los contratos de trabajadores de edad avanzada, se exige que éstos tengan una antigüedad mínima en la misma empresa de cinco años; con la salvedad de que si el trabajador no hubiera alcanzado dicha antigüedad al cumplir los sesenta años, la aplicación de la bonificación se demorará hasta tanto se complete tal antigüedad¹⁸. En el caso de los contratos de mujeres, la Ley exige que la reincorporación de la mujer a su relación laboral indefinida, suspendida a causa de su maternidad o excedencia por cuidado de hijo, habrá de tener lugar dentro de los dos años siguientes al inicio de la suspensión, siendo bonificables sólo las reincorporaciones producidas a partir del día 1 de julio de 2006 (la Ley 30/2006 fijaba el plazo a partir de 27 de abril de 2003). Si la relación suspendida fuera temporal, sólo se devengará la bonificación cuando el contrato de la mujer se transforme en indefinido.

Comenzando por los supuestos de nueva creación por el RDL 5/2006, seguido por la Ley 43/2006, la contratación de «mujeres en general» da lugar a una bonificación de la cuota de 70,83 euros al mes (850 al año) durante un período máximo de cuatro años. Las bonificaciones por contratación de mujeres que, tras cinco años de inactividad laboral, se reincorporan al trabajo (art. 2.1.c de la Ley) son más elevadas, consistiendo en 100 euros al mes (1.200 al año) también durante un período máximo de cuatro años.

En cuanto a las mujeres que, habiendo cesado en el trabajo a causa de su maternidad, son contratadas dentro de los 24 meses siguientes al parto (o a la adopción o acogimiento), la cuota se bonifica también en 100 euros al mes (1.200 al año), igualmente durante cuatro años como máximo. Este supuesto, que sí contemplaba la Ley 30/2005, con alguna variante de la que ya se trató más arriba, daba lugar en esta Ley a una bonificación consistente en el 100 por 100 de la cuota durante los doce meses siguientes al inicio de la vigencia del contrato.

Este grupo, contemplado con las mismas condiciones en la Ley 30/2005 y en la Ley Page 42 43/2006, da lugar en ésta a una bonificación de 50 euros al mes (600 al año) durante un período de hasta cuatro años; en la Ley 30/2005 la bonificación de la cuota era del 20 por l00 durante veinticuatro meses.

La bonificación por contratación de jóvenes -ausente de la Ley 30/2005- consiste en 66.67 euros al mes (800 al año) durante cuatro años.

En cuanto a los trabajadores de edad madura, la Ley 43/2006 bonifica la contratación de todo trabajador mayor de 45 años con 100 euros al mes (1.200 al año) durante toda la vigencia del contrato, superando, como ya dijimos, la dualidad contenida en la regulación de la Ley 30/2005, que distinguía dos segmentos de edad: uno desde los 45 a los 55 años, bonificado con el 50 por 100 durante el primer año y con el 45 durante la restante duración del contrato, y otro desde los 55 a los 65 años, bonificado con el 55 por 100 durante el primer año y con el 50 por 100 durante el resto de la vigencia del contrato.

La bonificación de la contratación de discapacitados -cuyo fomento quedaba fuera del programa aprobado por la Ley 30/2005- es una de las pocas materias en las que la Ley 43/2006 se separa de la regulación contenida en su antecedente, el RDL 5/2006, mejorando sensiblemente los beneficios que éste reconocía. Recuérdese, en efecto, que en la regulación llevada a cabo por este RDL, la contratación indefinida de personas con discapacidad daba derecho a los empleadores a una bonificación mensual de 250 euros al mes (3.000 al año) durante toda la vigencia del contrato, y que la transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo y de los contratos formativos de dichas personas daba lugar a la misma bonificación. La Ley 43/2006 eleva dichas bonificaciones a 375 euros al mes (4.500 al año).

El RDL 5/2006 establecía una bonificación específica devengada por la empresa colaboradora en la contratación indefinida de discapacitados con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral, procedentes de enclaves laborales²²; su importe era de 266,67 euros al mes (3.200 al año) durante toda la vigencia del contrato. La Ley 43/2006 ha procedido a graduar las situaciones de discapacidad, al tiempo que ha elevado sensiblemente las bonificaciones a la contratación de personas afectadas por ellas. En tal sentido, la contratación indefinida y la transformación en indefinidos de contratos temporales de fomento del empleo y contratos formativos se bonifica con 425 euros al mes (5.100 al año) cuando el trabajador padece parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual generadoras de minusvalía de al menos el 33 por 100, o discapacidad física o sensorial con minusvalía de al menos el 65 por 100. La bonificación se incrementa en 100 euros al mes (1.200 al año) si el discapacitado contratado tiene cuarenta y cinco o más años, y en 70,83 al mes (850 al año) si es mujer; incrementos no acumulables.

El régimen de incentivos previstos en el RDL 5/2006 para la contratación temporal de fomento del empleo de personas discapacitadas era peculiar: por una parte, el art. 2.2 de dicha norma disponía que la contratación temporal de fomento del empleo de un discapacitado daba derecho a una subvención que ascendía a 183,33 euros al mes (2.200 al año) durante toda la vigencia del contrato, y por otra, la Disp. adic.1ª. 5 declaraba aplicable la Page 43 subvención establecida en el art. 12 del RD 1451/1983, de 11 de mayo. Asimismo, la transformación de estos contratos temporales (y de los contratos formativos) en indefinidos se bonificaba en el art. 2.2. del RDL con 250 euros al mes (3.000 al año)²³ durante toda la vigencia del contrato, mientras que la Disp. adic. 1ª. 6 volvía a remitirse, respecto de los contratos temporales de fomento del empleo de discapacitados, a las subvenciones del art. 12 del RD 1451/1983. La Ley 43/2006 (art. 2.2.1) eleva la bonificación de tales transformaciones hasta 375 euros al mes (4.500 al año) durante toda la vida del contrato. Parece claro que la acumulación de ambas ayudas responde a su distinta naturaleza, y a la propia concepción del citado RD, que regula unas específicas subvenciones con cargo al INEM (hoy Servicio Público de Empleo Estatal) destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal, subvenciones que el propio RD declara compatibles con los otros beneficios en él regulados.

La Ley 43/2006 acoge este doble y peculiar sistema de incentivos para la celebración de contratos temporales de fomento del empleo para personas con discapacidad (regulados sustantivamente en la Disp. adic. 1ª de la Ley 43/2006), mejorando la cuantía de la bonificación, que pasa a ser de 291 euros al mes (3.500 al año) durante toda la vigencia del contrato (art. 2.2.4 de la Ley). Tal cuantía se eleva a 341,66 euros al mes (4.100 al año) cuando el trabajador padece parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual generadoras de minusvalía de al menos el 33 por 100; o discapacidad física o sensorial con minusvalía de al menos el 65 por 100. La bonificación se incrementa en 50 euros al mes (600 al año) si el discapacitado contratado tiene cuarenta y cinco o más años o si es mujer; incrementos no acumulables. Como se ve, estos incrementos, establecidos en el art. 2.2.4 de la Ley 43/2006, son menores que los que proceden cuando se trata de incentivar la contratación indefinida de personas discapacitadas y la transformación en indefinidos de contratos temporales de fomento del empleo y contratos formativos suscritos por dichas personas.

Tales beneficios son compatibles con las subvenciones establecidas en el RD 1451/1983, de 11 de mayo (Disp. adic. 1ª. 5 y 6ª del RDL 5/2006 y de la Ley 43/2006), al que ya nos hemos referido.

La Ley 43/2006 dota de una regulación especial a los supuestos de contratación, tanto indefinida como temporal, por un centro especial de empleo²⁴ de trabajadores discapacitados, y de transformación de tales contratos -así como de los formativos que tuvieran suscritos tales trabajadores- en indefinidos (art. 2.3). En efecto, y excepcionalmente, la bonificación que devengan los citados centros de empleo no se fija en cuantías determinadas sino en un porcentaje de la cuota empresarial íntegra (el 100 por 100).

La bonificación por su contratación indefinida consiste, en la Ley 43/2006, en una bonificación de 70,83 euros al mes (850 al año) durante cuatro años; la contratación temporal se incentiva con 50 euros al mes (600 al año) durante toda la vigencia del contrato. En la Ley 30/2005, la bonificación era del 65 por 100 de la cuota, durante un máximo de 24 meses. Page 44

La bonificación señalada por la nueva Ley es de 50 euros al mes (600 al año) durante cuatro años, en caso de contratos indefinidos; si éstos fueran temporales la bonificación se reducirá a 41,67 euros al mes (500 al año) durante toda la vigencia del contrato. En la Ley 30/2005, la bonificación consistía en la reducción de la cuota en un 65 por 100 durante un máximo de veinticuatro meses.

Tal transformación puede dar lugar a distintos supuestos de bonificación:

- Bonificación por conversión de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación en indefinidos, cualquiera que fuera su fecha de celebración, consistente en 41,67 euros al mes o 500 al año durante cuatro años (art. 2.6 de la Ley).

- Bonificación que incentiva la transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo o formativos suscritos por personas con discapacidad, consistente en 375 euros al mes (4500 al año) (art.

Como ya apuntamos, el mantenimiento de los contratos de trabajadores de sesenta o más años con cinco de antigüedad en la empresa da lugar, en la Ley 43/2006, a una bonificación que, excepcionalmente e inspirándose en la Ley 30/2005, sigue consistiendo en un porcentaje (50 por 100) de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, deducción hecha de la fracción que corresponde a la incapacidad temporal²⁵. El beneficio, que parece durar Page 45 tanto como la vida del contrato, se incrementa en un 10 por 100 anual hasta alcanzar el 100 por 100 de la referida cuota (art. 4.1 de la Ley). Excepcionalmente, esta bonificación es compatible con las de carácter general, con el límite global del 100 por 100 de la cuota (art. 7.1 de la Ley).

Por lo que se refiere a las mujeres reincorporadas al trabajo a partir del 1 de julio de 2006 y dentro de los dos años siguientes a la suspensión de su relación laboral idefinida a causa de su maternidad o excedencia por cuidado de hijo, la reanudación del contrato es bonificable con 100 euros al mes (1.200 al año) durante los cuatro años siguientes a la reincorporación al trabajo. La Ley 30/2005 establecía una bonificación del 100 por 100 de la cuota durante doce meses. Como ya dijimos, en el caso de que el contrato suspendido fuera temporal y al reincorporarse la trabajadora se transformara en indefinido, regirá la misma bonificación (art. 4 de la Ley 43/2006).